LUIS ROMERO

Tlaxcala registró un repunte en la generación de empleo formal durante septiembre de 2026, con 990 puestos de trabajo nuevos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

No obstante, el avance mensual no alcanza para revertir el saldo negativo acumulado durante los primeros nueve meses del año.

Al cierre de septiembre, la entidad contabilizó 116 mil 886 trabajadores afiliados al IMSS, pero desde diciembre de 2025 ha perdido 8 mil 686 puestos formales, una disminución de 6.91%.

El balance anual también muestra un retroceso.

En comparación con septiembre de 2025, Tlaxcala registró 211 empleos menos, equivalente a una caída de 0.18%, por lo que se ubicó entre las 12 entidades del país con variación anual negativa.

SEPTIEMBRE DA UN RESPIRO AL EMPLEO FORMAL

A nivel nacional, septiembre cerró con 128 mil 803 puestos de trabajo nuevos, un incremento mensual de 0.6%.

Con este resultado, la creación de empleo formal en los primeros nueve meses de 2026 llegó a 410 mil 200 plazas.

Al 30 de septiembre, el IMSS contabilizó 22 millones 927 mil 276 puestos de trabajo en el país, la cifra más alta desde que se tiene registro. Del total, 87.1% correspondió a empleos permanentes y 12.9% a eventuales.

En los últimos 12 meses, México sumó 355 mil 594 puestos, un crecimiento anual de 1.6%.

TLAXCALA, LEJOS DE LAS ENTIDADES CON MAYOR CRECIMIENTO

El desempeño estatal contrasta con el de entidades que reportaron avances anuales importantes.

Baja California encabezó la lista, con un crecimiento de 8.2%, seguida de Quintana Roo, con 6.7%; Oaxaca, con 6.6%; Tabasco, con 5.1%, y Durango, con 4%.

En el extremo contrario, Campeche registró la mayor caída anual, con 6.3%, seguido de Sinaloa, con 3.8%; Morelos, con 2%; Tamaulipas, con 1.1%, y Michoacán, con 0.7%.

Aunque el resultado de septiembre ofrece una señal favorable para Tlaxcala, la recuperación de un solo mes no modifica todavía el balance negativo del año.

El reto para la administración encabezada por Lorena Cuéllar Cisneros será sostener la generación de plazas y recuperar los empleos perdidos.

LUIS ROMERO

Después de casi cuatro meses de conflicto, movilizaciones y cuestionamientos de habitantes de San Pedro Ecatepec, el Gobierno de Tlaxcala finalmente descartó la instalación del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI) en Atlangatepec.

La Secretaría de Medio Ambiente (SMA) informó este jueves que nueva información obtenida durante los estudios técnicos llevó a determinar que el terreno no reúne las condiciones necesarias para desarrollar el proyecto.

La dependencia, encabezada por Pedro Aquino Alvarado, aseguró que la decisión responde exclusivamente a los resultados de la evaluación técnica y anunció que en los próximos días hará públicos los estudios que sustentan la determinación.

Pero el anuncio llega después de meses de resistencia de los habitantes de San Pedro Ecatepec, quienes, en los últimos meses, cuestionaron el proyecto, exigieron información y reclamaron una participación efectiva en las decisiones sobre el territorio.

Y ahí está uno de los puntos que ahora deberá aclarar el Gobierno estatal.

DE LA VIABILIDAD FEDERAL A LA INVIABILIDAD TÉCNICA

El desenlace adquiere especial relevancia porque el proyecto no llegó a Atlangatepec como una simple propuesta en estudio.

El 8 de junio de 2026, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria del PODECIBI Tlaxcala sobre una superficie de 20 hectáreas en la ex hacienda de San Pedro Ecatepec.

El acuerdo federal señalaba que el inmueble cumplía con los criterios de selección establecidos para estos polos y establecía que el 2 de junio la Subsecretaría de Desarrollo Sostenible y de Economía Circular había emitido un dictamen que determinaba la viabilidad del inmueble.

Es decir, en junio el sitio fue formalmente considerado viable para albergar el proyecto.

Cuatro meses después, la conclusión es distinta.

La SMA sostiene ahora que nueva información técnica demuestra que Atlangatepec no es viable para el PODECIBI.

La diferencia entre ambos momentos obliga a conocer los estudios completos y, sobre todo, explicar qué nueva información modificó la valoración inicial del terreno.

Ahora, la respuesta no puede limitarse a decir que “los estudios determinaron que no era viable”. La ciudadanía tiene derecho a conocer cuáles fueron los hallazgos, qué metodología se utilizó y por qué esos elementos no fueron considerados —o no estaban disponibles— cuando se emitió el dictamen federal de viabilidad.

UNA RESISTENCIA QUE NO DESAPARECIÓ

La decisión también ocurre después de una larga oposición comunitaria. Especialmente desde junio, habitantes de San Pedro Ecatepec manifestaron su rechazo al proyecto y cuestionaron la falta de información y consulta. Las mesas de diálogo entre autoridades y pobladores terminaron sin acuerdos por la falta de confianza en la información oficial.

El conflicto escaló el 24 de junio, cuando se registró un enfrentamiento durante las actividades para intentar la realización de estudios técnicos en el predio. El Gobierno estatal sostuvo entonces que los trabajos buscaban generar información científica, técnica y ambiental para evaluar la viabilidad del proyecto.

Los pobladores, por su parte, denunciaron el uso de la fuerza pública y mantuvieron su oposición.

A mediados de agosto llevaron su protesta hasta Palacio Nacional, junto con habitantes de San José Chiapa, Puebla, para solicitar la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y exigir una consulta directa en las comunidades.

Lo hicieron de nuevo el 17 de septiembre, en la Ciudad de la Cultura, en Amaxac, para manifestarse de manera pacífica durante la vista de la jefa del Ejecutivo federal.

Y apenas el 6 de octubre, dos días antes del anuncio de la SMA, habitantes de San Pedro Ecatepec acudieron al Congreso local para reiterar su rechazo y exigir que se frenara el proyecto.

Por eso, aunque la autoridad sostiene que la decisión es técnica y no política, resulta inevitable observar la secuencia: rechazo comunitario, movilizaciones, cuestionamientos a los estudios y, finalmente, descarte del predio.

Eso no demuestra que la presión social haya provocado la decisión, pero sí advierte que el conflicto social acompañó todo el proceso.

AHORA FALTA ABRIR LOS ESTUDIOS

El siguiente paso será conocer la información técnica, especialmente, porque los propios pobladores habían cuestionado el proceso de evaluación.

A inicio de septiembre, el titular de la SMA había señalado que los estudios fueron realizados por la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (PROPAET) y que los resultados serían entregados posteriormente a la Secretaría. También explicó que los trabajos tuvieron que realizarse de manera distinta debido a la oposición de los habitantes al ingreso de maquinaria.

La comunidad, sin embargo, sostuvo que no había observado el ingreso de personal al predio para realizar los trabajos y pidió transparencia sobre cuándo, cómo y quién había efectuado los estudios.

Ahora que el Gobierno anuncia que esos estudios fueron determinantes para descartar el sitio, su publicación será fundamental para cerrar esa controversia.

EL PROBLEMA DE LA BASURA SIGUE PENDIENTE

Descartar San Pedro Ecatepec tampoco resuelve el problema que originalmente dio sustento al PODECIBI: qué hará Tlaxcala con sus residuos.

El proyecto federal buscaba sustituir el modelo tradicional de disposición final por un esquema de economía circular orientado al aprovechamiento, separación, reciclaje y transformación de residuos.

Por ello, la cancelación de esta sede deja dos asuntos abiertos.

El primero es determinar dónde y bajo qué condiciones podría desarrollarse eventualmente el PODECIBI, pues el propio Gobierno estatal ya había señalado que existían otras alternativas de ubicación.

Y el segundo es atender la emergencia en materia de disposición de residuos que enfrenta el estado. Información difundida esta semana señala que el convenio para depositar residuos en el relleno sanitario de Tetla vence el 31 de octubre, mientras otros sitios de disposición han enfrentado cierres o procesos de clausura.

Así, San Pedro Ecatepec puede quedar fuera del proyecto, pero el problema de los residuos permanece sobre la mesa.

Asimismo, queda una lección institucional: un proyecto puede tener declaratoria federal, criterios de selección y un dictamen inicial de viabilidad, pero si genera una fuerte oposición territorial y posteriormente nuevos estudios determinan que el sitio no es técnicamente adecuado, la planeación debe revisarse.

Ahora corresponde al gobierno encabezado por Lorena Cuéllar Cisneros explicar con documentos qué cambió entre junio y octubre, por qué el terreno que fue declarado viable dejó de serlo y cuál será la alternativa para resolver el problema de los residuos sin repetir el conflicto.

Para San Pedro Ecatepec, la noticia representa el resultado de su lucha, pero, para el Gobierno del Estado, implica algo más: la obligación de transparentar por qué un terreno considerado viable hace cuatro meses terminó descartado y cómo se garantizará que las decisiones futuras se construyan con información técnica, transparencia y participación comunitaria.

LUIS ROMERO

A cinco años del triunfo electoral de Morena y Lorena Cuéllar Cisneros en Tlaxcala, el Gobierno del Estado comenzó a difundir una nueva campaña de promoción de sus resultados, con una identidad gráfica que deja atrás el predominio del guinda para incorporar una combinación de tonos multicolores, principalmente morado, verde y anaranjado.

El cambio de imagen ocurre en la antesala del festejo previsto para el próximo sábado 10 de octubre, a las 8:00 horas, en la Monumental Plaza de Toros Rodolfo Rodríguez “El Pana”, en Apizaco, donde se prevé que la gobernadora emita un mensaje ante miles de asistentes sobre los resultados de su administración.

El encuentro, que en ediciones anteriores ha reunido a simpatizantes y ciudadanos, vuelve a colocar sobre la mesa el debate acerca de los límites entre la comunicación institucional, la promoción de logros gubernamentales y la exposición política de la titular del Ejecutivo.

Además, la nueva campaña aparece después de que Ana Lilia Rivera Rivera fue designada por la dirigencia nacional de Morena como coordinadora estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía, una decisión que dejó fuera de esa posición a Alfonso Sánchez García, quien figuraba entre los perfiles vinculados con la sucesión estatal.

Aunque no hay elementos suficientes para afirmar que el cambio gráfico responde directamente a ese resultado político, la coincidencia temporal añade contexto a una estrategia de comunicación que busca posicionar los avances del gobierno de Cuéllar, cuatro meses después del aniversario que la mandataria está próxima a encabezar.

HUAMANTLA: MÁS DE 6 MIL EMPLEOS EN LA PUBLICIDAD, PERO SIN RESULTADOS DETALLADOS

Uno de los ejemplos más relevantes de la campaña es el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODEBI) de Huamantla, presentado por la gobernadora como uno de los proyectos estratégicos para atraer inversiones y generar oportunidades laborales.

En una publicación, Cuéllar Cisneros afirmó que, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Tlaxcala fue el primer estado en tener listo uno de los polos contemplados en el Plan México.

También difundió una inversión proyectada de 540 millones de dólares y más de 6 mil empleos.

Sin embargo, las imágenes de la campaña presentan esa cifra como si los puestos de trabajo ya estuvieran disponibles. Una de ellas señala: “Aquí están más de 6 mil empleos con el Polo de Desarrollo para el Bienestar”.

El problema es que esa cifra corresponde a una proyección y no constituye, por sí mismos, evidencia de puestos efectivamente creados.

Incluso, las publicaciones institucionales no mantienen una cifra uniforme.

Mientras la campaña difundida por la mandataria refiere más de 6 mil empleos, un gráfico de la Secretaría de Salud, también bajo el lema “Aquí está Tlaxcala”, habla de 5 mil empleos vinculados con el mismo polo industrial.

La diferencia de mil puestos de trabajo abre una pregunta básica para la rendición de cuentas: ¿cuál es la meta oficial y qué avance registra actualmente?

Hasta ahora, las cifras publicitadas no permiten conocer cuántos empleos se han generado efectivamente, cuántas empresas iniciaron operaciones, qué inversiones se han ejercido y cuál es el calendario previsto para alcanzar las metas anunciadas.

La distinción importa porque la comercialización de terrenos, los compromisos de inversión, la construcción de instalaciones y la contratación de trabajadores son etapas diferentes de un proyecto industrial.

Presentarlas como si fueran equivalentes puede generar una imagen de resultados más inmediatos que los que los datos disponibles permiten acreditar.

CONTRASTES

La promoción del polo industrial ocurre también en un contexto laboral adverso para la entidad.

De acuerdo con las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre el cierre de 2025 y septiembre de 2026, Tlaxcala perdió 8 mil 686 empleos formales, una disminución de 6.91 por ciento.

El contraste resulta significativo: mientras la campaña gubernamental destaca miles de empleos proyectados a partir de un proyecto industrial, el balance estatal del empleo formal registra una contracción durante los primeros nueve meses del año.

Ambas cifras miden fenómenos distintos y no permiten concluir, por sí solas, que el PODEBI vaya a compensar las pérdidas registradas. Sí evidencian, en cambio, la necesidad de transparentar los resultados concretos de la estrategia económica.

Para dimensionar el impacto del proyecto de Huamantla, el Gobierno del Estado tendría que informar cuántas plazas se han creado, cuántas son permanentes, qué salarios ofrecen y cuándo se espera que las inversiones anunciadas se traduzcan en contrataciones.

La campaña “Aquí está Tlaxcala” busca presentar los avances de la administración estatal en diversos rubros en vísperas de un nuevo aniversario de su triunfo electoral.

Pero el ejercicio de comunicación plantea preguntas sobre la precisión de los mensajes oficiales, la diferencia entre anunciar metas y acreditar resultados, y la legalidad de una campaña de informe de gobierno que no está sujeta a los términos establecidos en el Artículo 134 Constitucional, en materia de propaganda gubernamental.