LUIS ROMERO

En el marco de su sexto aniversario, el Consejo de Medios de Comunicación y Periodistas de Tlaxcala (COMECOT) realizó el foro “Retos del periodismo en el contexto electoral de Tlaxcala 2027”, un espacio de análisis que reunió a especialistas en libertad de expresión, periodistas y representantes de medios de comunicación para reflexionar sobre los desafíos que enfrentará el ejercicio periodístico de cara al próximo proceso electoral.

Durante el encuentro se destacó que proteger la libertad de expresión no representa una demanda exclusiva del gremio periodístico, sino una condición indispensable para fortalecer la democracia, al garantizar que la ciudadanía reciba información libre, plural y veraz.

«LA CALIDAD DE UNA DEMOCRACIA TAMBIÉN SE MIDE POR LA LIBERTAD DE SUS PERIODISTAS»

Al inaugurar el foro, el presidente del COMECOT, Edgardo Cabrera Morales, afirmó que “la calidad de una democracia no se mide únicamente por la limpieza de sus elecciones, sino también por la libertad con la que pueden trabajar sus periodistas”.

Subrayó que el organismo no busca privilegios ni impunidad para los medios de comunicación, sino reglas claras, instituciones sólidas y garantías que permitan ejercer el periodismo con independencia, responsabilidad y seguridad.

PRESENTAN AGENDA POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INTEGRIDAD ELECTORAL 2027

Como parte de los trabajos, el Consejo presentó la Agenda por la Libertad de Expresión y la Integridad Electoral 2027, integrada por cinco propuestas estratégicas:

• Reformar la legislación electoral para evitar que las medidas cautelares limiten indebidamente el trabajo periodístico.
• Respaldar la incorporación del artículo 149 Quater al Código Penal Federal para sancionar actos de intimidación u obstaculización contra periodistas, especialmente cuando provengan de servidores públicos.
• Crear un Protocolo Electoral para la Protección del Periodismo.
• Establecer un Observatorio Electoral de Libertad de Expresión.
• Instalar una mesa permanente de coordinación entre organizaciones de periodistas, autoridades electorales, instituciones académicas, organismos especializados y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

ADVIERTEN LIMITACIONES EN LA PROTECCIÓN A PERIODISTAS

Durante el foro, Pedro Cárdenas Casillas, especialista en libertad de expresión y colaborador de Artículo 19, señaló que quienes encabezan el Poder Ejecutivo tienen la obligación, conforme a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de mantener un discurso que no estigmatice a la prensa.

Asimismo, advirtió que la Oficina Local para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Tlaxcala enfrenta limitaciones operativas, presupuestales y de autonomía, lo que reduce su capacidad preventiva y la convierte principalmente en un mecanismo de reacción ante agresiones.

PIDEN POLÍTICAS PREVENTIVAS PARA EL PROCESO ELECTORAL

Entre las conclusiones del encuentro destacó la necesidad de fortalecer las políticas públicas de protección al periodismo mediante un enfoque preventivo, con protocolos específicos para el proceso electoral de 2027, mayor coordinación institucional, recursos suficientes y la participación activa de las autoridades responsables de garantizar la libertad de expresión, la procuración de justicia y los derechos humanos.

El COMECOT hizo un llamado a los poderes públicos, autoridades electorales, partidos políticos, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil para construir desde ahora un entorno que garantice el libre ejercicio del periodismo durante el próximo proceso electoral.

SEIS AÑOS DEFENDIENDO EL DERECHO A INFORMAR

Al conmemorar su sexto aniversario, el Consejo reafirmó los principios que dieron origen a la organización: promover un periodismo ético, profesional e independiente; defender la libertad de expresión y el derecho de réplica; proteger las fuentes de información; impulsar la capacitación permanente del gremio y contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas.

El organismo concluyó que proteger a las y los periodistas no implica otorgar privilegios, sino garantizar el derecho de la sociedad a estar informada.

«Sin periodismo libre no hay ciudadanía plenamente informada y, sin ciudadanía informada, no puede existir una democracia auténtica», enfatizó el Consejo.

LUIS ROMERO

Tras la polémica generada por la campaña de paternidad responsable #CuidarNosUne, impulsada por la Secretaría de las Mujeres del Estado de Tlaxcala (SMET), que utilizó el mensaje «¿Eres de los que te fuiste por cigarros? Regresa con 2 kilos de huevos», la antropóloga social Ixchel Yglesias González Báez advirtió que la respuesta institucional frente a las críticas ciudadanas evidenció un problema más profundo que el contenido de la propia campaña: el comportamiento de servidoras públicas que, dijo, olvidaron las obligaciones inherentes a su cargo.

La especialista sostuvo que la secretaria Nydia Cano Rodríguez ha defendido públicamente que el objetivo de la campaña era «abrir conversación», generar reflexión y visibilizar la importancia de las paternidades responsables. Sin embargo, señaló que, una vez que esa conversación se produjo y diversas mujeres cuestionaron el mensaje difundido con recursos públicos, algunas funcionarias optaron por responder a las críticas desacreditando a quienes las formularon, en lugar de explicar o sustentar la política pública.

«Ahí hay un problema grave», afirmó.

Yglesias recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando una persona servidora pública utiliza sus redes sociales para difundir actividades, campañas o información relacionada con el ejercicio de su cargo, ese espacio queda sujeto al escrutinio público.

En consecuencia, explicó, quienes promueven una campaña institucional deben aceptar que ésta puede ser analizada, cuestionada y criticada por la ciudadanía.

«Eso se llama rendición de cuentas», enfatizó.

La antropóloga identificó tres aspectos que considera especialmente preocupantes en la respuesta de algunas funcionarias de la SMET.

En primer lugar, señaló el uso de argumentos ad hominem, es decir, ataques dirigidos a la persona que emite una crítica en lugar de responder al fondo del cuestionamiento.

«La discusión pública dejó de centrarse en si la campaña tiene fundamento, evidencia o reproduce estereotipos de género, para trasladarse a cuestionar quién critica, cuál es su historia o desde dónde habla. La vida privada de una ciudadana no responde una pregunta de política pública», sostuvo.

En segundo término, advirtió sobre el riesgo de utilizar una posición institucional para colocarse en una situación de superioridad moral frente a la ciudadanía.

Explicó que las servidoras públicas mantienen una relación de poder respecto de la población, por lo que tienen obligaciones específicas de actuar con respeto, profesionalismo, imparcialidad y responsabilidad.

«Responder desde la burla, la condescendencia o la descalificación no fortalece el diálogo democrático; lo debilita», afirmó.

Como tercer punto, cuestionó que la discusión se haya desviado del verdadero debate.

A su juicio, el centro del análisis no son las personas que criticaron la campaña, sino la política pública diseñada con recursos públicos.

En ese sentido, planteó que la pregunta de fondo permanece sin respuesta:

«¿Qué evidencia tiene la Secretaría de las Mujeres de que reproducir mandatos de masculinidad como ‘tener huevos’ contribuye a transformar las paternidades y disminuir la violencia?»

Consideró que esa interrogante debe responderse mediante diagnósticos, evidencia científica, indicadores y evaluaciones, y no mediante confrontaciones personales.

Asimismo, recordó que las personas servidoras públicas están sujetas a responsabilidades éticas y administrativas, por lo que utilizar una posición institucional para exhibir, intimidar o descalificar a quienes ejercen una crítica legítima puede derivar en responsabilidades administrativas e incluso en posibles afectaciones a derechos.

La antropóloga dirigió también un mensaje a las propias funcionarias de la dependencia, al señalar que defender una institución no implica renunciar a las obligaciones que conlleva representar al Estado.

«Si conocen los criterios sobre el uso de redes sociales y el deber de respetar la crítica ciudadana, resulta preocupante que decidan ignorarlos. Y si no los conocen, también es preocupante, porque forma parte de sus responsabilidades profesionales», expresó.

Añadió que no se trata de responsabilizar exclusivamente a las trabajadoras de la dependencia, sino de advertir que mientras algunas servidoras públicas exponen su imagen para defender una decisión institucional ampliamente cuestionada, quienes diseñaron y aprobaron la estrategia permanecen al margen de las consecuencias.

«Ustedes están defendiendo lo indefendible y, en el proceso, agreden a ciudadanas; mientras tanto, la responsabilidad principal sigue estando en la conducción de la Secretaría», señaló.

Finalmente, lamentó que el debate haya terminado enfrentando a mujeres entre sí, mientras el foco deja de estar en quienes ejercen violencia o incumplen sus responsabilidades como padres.

«El patriarcado también gana cuando logra desplazar la discusión hacia la confrontación entre mujeres. Una Secretaría de las Mujeres debería saberlo mejor que nadie», concluyó.

En su reflexión, Ixchel Yglesias González Báez solicitó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala revisar la actuación de las funcionarias involucradas en las respuestas emitidas contra ciudadanas que cuestionaron la campaña, al considerar que el comportamiento institucional también forma parte de la política pública de igualdad y perspectiva de género.

LUIS ROMERO

La polémica en torno a la campaña institucional «Cuidar nos une» sigue escalando. Esta semana, organizaciones de la sociedad civil y feministas presentaron una queja formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y una denuncia administrativa ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, contra la titular de la Secretaría de las Mujeres del Estado de Tlaxcala (SMET), Nidya Cano Rodríguez, y el coordinador de Comunicación del Gobierno del Estado, Antonio Martínez Velázquez.

Ambos recursos también fueron dirigidos contra personal de las áreas de comunicación social, diseño, planeación, administración, contratación y difusión institucional que participó en la elaboración, contratación, colocación y difusión de la campaña, así como contra las personas servidoras públicas responsables de autorizar el ejercicio presupuestal y la permanencia de la estrategia de comunicación institucional.

ACUSAN PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS

La queja ante la CEDH sostiene que la campaña podría vulnerar diversos derechos humanos, entre ellos:

• El derecho a la igualdad y la no discriminación.
• El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
• El derecho a la dignidad humana.

De acuerdo con las organizaciones promoventes, el mensaje difundido en espectaculares y redes sociales —«¿Eres de los que se fueron por cigarros? Regresa con dos kilos de huevos»— reproduce estereotipos de género incompatibles con la función de una institución encargada de promover los derechos de las mujeres.

La CEDH confirmó la admisión de la queja e inició el procedimiento de investigación correspondiente.

PIDEN INVESTIGACIÓN OBJETIVA CONTRA FUNCIONARIOS

Por su parte, la activista Eréndira Jiménez Montiel presentó este jueves una denuncia administrativa ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Tlaxcala.

La denunciante solicitó que la autoridad competente investigue objetivamente la actuación de las personas servidoras públicas involucradas y, en su caso, determine las responsabilidades administrativas correspondientes.

Asimismo, pidió que las políticas públicas en materia de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres se diseñen con base en evidencia, profesionalismo, perspectiva de derechos humanos y respeto a la dignidad de las personas.

«Esta denuncia no busca condenas anticipadas ni descalificaciones personales», precisó la activista al dar a conocer el recurso presentado contra la titular de la SMET y el coordinador de Comunicación, mismo que también incluye a personal de comunicación que participó en las distintas etapas de la campaña.

SE SUMAN MÁS ACCIONES

La presentación de este recurso ocurre después de que investigadoras, académicas, organizaciones feministas y especialistas cuestionaran públicamente la campaña de la Secretaría de las Mujeres.

Incluso, motivó un pronunciamiento de la CEDH, que llamó a analizar este tipo de estrategias desde una perspectiva de derechos humanos y de género.

Entre las críticas se encuentra el señalamiento de que una dependencia creada para prevenir y erradicar la violencia de género no debe utilizar recursos públicos para difundir mensajes que, a juicio de sus detractoras, reproducen estereotipos patriarcales.

Diversos pronunciamientos también han solicitado el retiro de la campaña y la separación del cargo de la titular de la SMET.