LUIS ROMERO

Durante 2026, 18 donaciones permitieron procurar 43 órganos y tejidos en Tlaxcala, informó el director del Centro Estatal de Trasplantes, Alejandro Juárez Conde.

De ese total, se obtuvieron 31 córneas, ocho riñones y cuatro hígados, lo que representa oportunidades de tratamiento para personas que requieren un trasplante.

Sin embargo, la demanda continúa.

Actualmente, nueve personas esperan un riñón y cinco una córnea, de acuerdo con el funcionario.

Durante este año se han realizado cuatro trasplantes renales. Los pacientes tenían una edad promedio de 34.2 años y habían esperado, en promedio, 3.4 años para recibir un órgano.

Dos de los procedimientos utilizaron riñones provenientes de donantes vivos y los otros dos de personas fallecidas.

DONAR PUEDE SIGNIFICAR VARIAS OPORTUNIDADES DE VIDA

De las 18 donaciones registradas durante el año, cinco correspondieron a personas con muerte encefálica, lo que permitió realizar procuraciones multiorgánicas.

Las otras 13 fueron donaciones de tejidos después del fallecimiento por paro cardiaco.

El proceso comienza con la identificación y evaluación médica de un potencial donante y la verificación del consentimiento familiar conforme a la legislación vigente.

Posteriormente, equipos especializados realizan la procuración y los órganos y tejidos son asignados a receptores bajo criterios médicos y legales, para finalmente ser trasplantados en hospitales autorizados.

En Tlaxcala existen nueve hospitales autorizados para realizar procedimientos relacionados con trasplantes, cuya operación es supervisada por el Centro Estatal de Trasplantes.

LA ENFERMEDAD RENAL PUEDE AVANZAR SIN SÍNTOMAS

Más allá de las cifras de donación, el Centro Estatal de Trasplantes advierte sobre un problema que puede crecer antes de que el paciente llegue a necesitar un órgano.

La enfermedad renal crónica suele avanzar durante sus primeras etapas sin síntomas evidentes, por lo que algunas personas descubren el deterioro de su función renal cuando ya existen complicaciones.

El problema está estrechamente relacionado con enfermedades como la diabetes y la hipertensión arterial, dos de los principales factores asociados con el daño renal.

Juárez Conde estimó que la enfermedad renal crónica afecta aproximadamente al 9 por ciento de la población mundial, mientras que en México la prevalencia podría alcanzar hasta 15 por ciento.

Por ello, la prevención puede ser tan importante como la disponibilidad de órganos para trasplante.

Detectar oportunamente alteraciones en la función renal y mantener bajo control la glucosa y la presión arterial puede ayudar a retrasar la progresión de la enfermedad y reducir el riesgo de llegar a tratamientos de reemplazo renal, como diálisis, hemodiálisis o trasplante.

TLAXCALA CUBRE EL TRASPLANTE Y LA INMUNOSUPRESIÓN

Otro aspecto destacado por el funcionario es que Tlaxcala se encuentra entre las entidades que ofrecen cobertura integral de los gastos asociados al trasplante para los pacientes atendidos bajo este esquema.

El Gobierno del Estado y IMSS-Bienestar asumen tanto los costos del procedimiento como el tratamiento de inmunosupresión necesario para evitar el rechazo del órgano.

El dato es relevante porque recibir un órgano no representa el final del tratamiento. La supervivencia del injerto requiere seguimiento médico permanente y medicamentos inmunosupresores.

EL MENSAJE ES DONAR, PERO TAMBIÉN PREVENIR

El balance del Centro Estatal de Trasplantes deja dos mensajes distintos.

El primero es que 18 donaciones pueden convertirse en decenas de oportunidades de tratamiento, como ocurrió con los 43 órganos y tejidos procurados durante el año.

El segundo es que la prevención sigue siendo fundamental.

Las personas con diabetes, hipertensión u otros factores de riesgo deben realizar periódicamente estudios de glucosa, orina y función renal, además de vigilar su presión arterial y mantener seguimiento médico, pues mientras la donación puede darle una segunda oportunidad a quien ya necesita un órgano, la detección temprana puede evitar que otros pacientes lleguen a necesitarlo.

LUIS ROMERO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana del Estado de Tlaxcala que establecían requisitos para acceder a cargos dentro de las instituciones de seguridad pública, al considerar que algunas de esas condiciones resultaban desproporcionadas, mientras que otras se sustentaban en conceptos vagos y subjetivos.

El Pleno también invalidó diversas disposiciones relacionadas con la creación y operación de una base estatal de información criminal, al considerar que la regulación del Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública corresponde al Congreso de la Unión y que su operación es competencia federal.

La resolución establece, sin embargo, una diferencia importante: la Corte sí reconoció como constitucionalmente válidos determinados requisitos de permanencia para quienes ya forman parte de las instituciones de seguridad pública.

NO HABER SIDO CONDENADO: UN REQUISITO DEMASIADO AMPLIO

Entre las disposiciones invalidadas se encuentran porciones de los artículos 17, 118 y 120 de la legislación estatal.

La Corte consideró inconstitucionales los requisitos que impedían el acceso a determinados cargos por el solo hecho de:

• Haber sido condenado por un delito doloso.
• Estar sujeto a un proceso penal.
• Estar sujeto a un procedimiento de responsabilidad administrativa.

El problema, de acuerdo con el criterio del Alto Tribunal, no es que el Estado pueda establecer condiciones para garantizar la idoneidad de quienes desempeñan funciones de seguridad.

El problema está en establecer prohibiciones generales que impidan valorar las circunstancias particulares de cada caso.

Entre los elementos que podrían resultar relevantes están la naturaleza y gravedad de la conducta, el tiempo transcurrido, el cumplimiento de la sanción y la relación que pudiera existir entre el antecedente y las funciones del cargo.

En otras palabras, la Corte consideró que un antecedente no puede operar automáticamente como una barrera absoluta para acceder a un cargo público sin tomar en cuenta el contexto específico.

“MODO HONESTO DE VIVIR”: RECHAZO A CONCEPTOS SUBJETIVOS

Otro de los puntos centrales de la resolución fue la invalidez de disposiciones que exigían “tener modo honesto de vivir” y “ser de notoria buena conducta”.

La SCJN consideró que estas expresiones carecen de parámetros suficientemente objetivos para determinar cuándo una persona cumple o no con ellas.

El problema constitucional radica en que su aplicación puede quedar sujeta a la valoración personal de quien evalúa al aspirante.

La Corte ya ha sostenido en otros asuntos que la expresión “modo honesto de vivir” presenta problemas de ambigüedad y subjetividad cuando se utiliza como requisito legal para acceder a un cargo público.

En el caso de Tlaxcala, el Pleno aplicó esa lógica a los cargos dentro de instituciones de seguridad pública.

Por ello, fueron invalidadas las disposiciones correspondientes de los artículos 17, fracción II; 151, fracciones II y VII, y, por extensión, el artículo 118, fracción I, letra b.

VALIDAN CONTROLES PARA QUIENES YA SON POLICÍAS

La resolución no significa que desaparezcan los controles de probidad, confianza o idoneidad dentro de las instituciones de seguridad pública.

Por el contrario, la SCJN reconoció la validez de los artículos 20 y 120, fracción II, letra a, relativos a requisitos de permanencia.

La diferencia está en que una persona que ya pertenece a una institución de seguridad pública se encuentra en una situación distinta a quien pretende ingresar a ella.

Para quienes ya desempeñan estas funciones, la Corte consideró constitucionalmente válido exigir condiciones relacionadas con la probidad, confianza e idoneidad necesarias para continuar en un puesto vinculado con la seguridad pública.

Así, el criterio establece una distinción entre:

ACCESO: no pueden imponerse barreras desproporcionadas o sustentadas en conceptos subjetivos.

PERMANENCIA: sí pueden establecerse condiciones relacionadas con la confianza y la idoneidad para continuar desempeñando funciones de seguridad.

TAMBIÉN CAE LA BASE ESTATAL DE INFORMACIÓN CRIMINAL

Otro de los puntos relevantes de la sentencia fue la invalidez del artículo 221 de la ley estatal y, por extensión, de los artículos 222, 222 Bis y 223.

Estas disposiciones contemplaban la creación y regulación de una base estatal de datos sobre personas imputadas, acusadas o sentenciadas.

La propia legislación establecía que la base contendría información individual y estadística sobre investigaciones, detenciones, órdenes de aprehensión, sentencias, ejecución de penas y reincidencia.

La SCJN determinó que esta materia se encuentra vinculada con el Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública, cuya regulación corresponde al Congreso de la Unión.

Por ello, el Congreso de Tlaxcala no podía establecer por sí mismo un sistema estatal con las características previstas en esas disposiciones.

¿QUÉ CAMBIA CON LA RESOLUCIÓN?

La sentencia establece límites para que el Congreso estatal diseñe requisitos de ingreso a las instituciones de seguridad pública.

A partir del criterio de la Corte, no basta con establecer una prohibición general basada en antecedentes penales, procesos en curso o procedimientos administrativos.

Tampoco resulta constitucionalmente suficiente utilizar conceptos como “modo honesto de vivir” o “notoria buena conducta” sin parámetros objetivos que permitan determinar su cumplimiento.

Al mismo tiempo, la sentencia no elimina la posibilidad de establecer controles de confianza, requisitos de idoneidad o condiciones para la permanencia de quienes ya forman parte de las instituciones de seguridad pública.

Y respecto de la información criminal, la resolución delimita las competencias entre el ámbito estatal y el federal.

LUIS ROMERO

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó mil 227 puestas a disposición entre enero y septiembre de 2026, como parte de los operativos desplegados en Tlaxcala.

El titular de la dependencia, Alberto Martín Perea Marrufo, presentó el balance del tercer trimestre y destacó que 561 personas fueron detenidas por delitos del fuero común o federal, mientras que 664 vehículos con reporte de robo o alteraciones en sus medios de identificación fueron recuperados.

El informe también incluyó resultados en el combate al narcomenudeo y la portación de armas.

De acuerdo con la SSC, en los primeros nueve meses del año fueron aseguradas 67 armas de fuego y se realizaron 85 puestas a disposición relacionadas con posesión de narcóticos, con 93 personas detenidas: 84 hombres y nueve mujeres.

Uno de los datos más relevantes del reporte es el aseguramiento de 25 mil 683 dosis de distintas drogas, con un valor estimado de 7 millones 711 mil 800 pesos.

La mayor parte correspondió a cristal, con 25 mil 468 dosis y un valor calculado de 7 millones 640 mil 400 pesos. También fueron aseguradas 144 dosis de marihuana y 71 de cocaína.

No obstante, el reto para la SSC no es solamente presentar cifras de detenciones y aseguramientos, sino demostrar qué impacto tienen esas acciones sobre la seguridad cotidiana.

LA POLICÍA CIBERNÉTICA TAMBIÉN REPORTA RESULTADOS

Otro de los indicadores presentados corresponde a la Policía Cibernética, que entre enero y septiembre habría evitado afectaciones patrimoniales por 5 millones 468 mil 482 pesos, principalmente mediante acciones preventivas y orientación a posibles víctimas de fraudes y extorsiones.

En septiembre, esta corporación reportó una afectación evitada por 372 mil 868 pesos.

A diferencia de los aseguramientos físicos, estos resultados tienen un componente preventivo importante, pues la dependencia atribuyó buena parte de ellos a la orientación ciudadana para identificar llamadas de extorsión y posibles fraudes.

SEPTIEMBRE CONCENTRÓ 176 PUESTAS A DISPOSICIÓN

Tan solo durante septiembre se contabilizaron 176 puestas a disposición, de las cuales 71 estuvieron relacionadas con delitos del fuero común o federal.

Además, fueron recuperados 99 vehículos, aseguradas 10 armas de fuego y realizadas seis puestas a disposición por posesión de drogas.

En ese mes se aseguraron 56 dosis de narcóticos: siete de cristal, nueve de marihuana y 40 de cocaína, con un valor aproximado de 27 mil 900 pesos.

La SSC señaló que la mayor parte de las puestas a disposición acumuladas en los primeros nueve meses —mil 044, alrededor de 85 por ciento— correspondió a la Dirección de Seguridad Pública y personal de la Secretaría de Marina.

Perea Marrufo llamó finalmente a la población a fortalecer la cultura de la denuncia y recordó que el 911 está disponible para emergencias, el 089 para denuncias anónimas y la Policía Cibernética para atender posibles fraudes, extorsiones y delitos cometidos en entornos digitales.

Aunque el balance oficial deja una fotografía de la actividad desplegada por la SSC, el siguiente paso será conocer si ese despliegue también se refleja en menos delitos, mayor denuncia y mayor seguridad percibida por los tlaxcaltecas.