DATOS Y OTROS DATOS
COMUNIDADES DE PUEBLA Y TLAXCALA ACUSAN A GOBIERNOS DE PROFUNDIZAR LA CRISIS AMBIENTAL Y CRIMINALIZAR LA PROTESTA
LUIS ROMERO
Comunidades y organizaciones sociales de Puebla y Tlaxcala advirtieron que la crisis socioambiental de la región del Alto Atoyac se ha profundizado ante la falta de acciones efectivas para contener la contaminación y el impulso de nuevos proyectos que, desde su perspectiva, amenazan territorios, recursos naturales y formas de vida comunitarias.
Durante un encuentro realizado en Guadalupe Ixcotla, municipio de Chiautempan, habitantes de distintas comunidades denunciaron que ambos estados se han convertido en una “zona de sacrificio” como consecuencia de décadas de industrialización, contaminación y falta de regulación ambiental.
Las organizaciones señalaron que el problema no se limita a la contaminación de los ríos Atoyac y Zahuapan, sino que comprende también la pérdida de tierras agrícolas, deterioro de ecosistemas, presión sobre los recursos hídricos, expansión urbana, proyectos de infraestructura y afectaciones a espacios considerados parte del patrimonio biocultural de las comunidades.
ALTO ATOYAC: UNA CRISIS QUE, ASEGURAN, NO HA SIDO RESUELTA
De acuerdo con el Pronunciamiento en el marco del «Encuentro de Luchas contra la Devastación y por la Justicia Socioambiental en la Región Puebla – Tlaxcala» difundido por las organizaciones, la instalación de Pemex y Volkswagen entre las décadas de 1960 y 1970 marcó el inicio de una transformación industrial que posteriormente se intensificó con la integración de nuevas empresas a las cadenas productivas.
Las agrupaciones sostienen que actualmente existen miles de establecimientos manufactureros en la Cuenca del Alto Atoyac (CAA) y que investigaciones académicas han identificado más de un centenar de contaminantes en los ríos Atoyac y Zahuapan, mientras las normas ambientales regulan un número considerablemente menor de sustancias y parámetros.
También citaron datos del INEGI analizados por el maestro Samuel Rosado Zaidi, según los cuales entre 2015 y 2019 se registraron 17 mil 589 defunciones relacionadas con diversos tipos de cáncer y otras enfermedades consideradas por los investigadores dentro de la problemática sanitaria de la cuenca.
Las organizaciones sostienen que estos datos deben ser considerados dentro de una política integral de saneamiento y salud pública, y cuestionaron que los gobiernos continúen anunciando acciones de rescate de los ríos sin atender de fondo la contaminación industrial.
PODECIBI, OBRAS PÚBLICAS Y EXPANSIÓN URBANA, ENTRE LOS PROYECTOS CUESTIONADOS
Uno de los principales reclamos se refiere al Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI) proyectado en San Pedro Ecatepec, Atlangatepec, Tlaxcala, y al proyecto similar señalado por las organizaciones en San José Chiapa, Puebla.
Los colectivos exigieron cancelar ambos proyectos al considerar que representan una nueva presión sobre territorios que ya enfrentan problemas ambientales.
En el caso de Tlaxcala, las comunidades de San Pedro Ecatepec han expresado públicamente su rechazo al PODECIBI y han demandado información sobre sus alcances, impactos y operación.
El conflicto se ha intensificado durante las últimas semanas, particularmente después de que autoridades estatales y federales comenzaron a realizar actividades técnicas en el predio considerado para el proyecto.
Las organizaciones también cuestionaron otras obras públicas y proyectos de infraestructura.
Entre ellos mencionaron la Ciudad Administrativa y la Ciudad del Entretenimiento, así como el proyecto denominado Ciudad de la Juventud, en Tlaxcala; la infraestructura que se pretende construir en espacios deportivos de Guadalupe Ixcotla y Santa Cruz Guadalupe; el Libramiento Calpulalpan y diversos proyectos turísticos y de infraestructura en la región de la Matlalcuéyetl.
En Puebla, señalaron el Ecoparque Tlalli Malinche y el proyecto del Cablebús, además de otras intervenciones que, según los colectivos, podrían modificar territorios comunitarios.
ACUITLAPILCO Y LA MALINCHE, OTROS FRENTES DE CONFLICTO
En su pronunciamiento, las organizaciones también denunciaron el deterioro de la Laguna de Acuitlapilco y sus afluentes, particularmente por descargas de aguas residuales, cambios de uso de suelo, invasión de zonas federales, remoción de vegetación y otras intervenciones que consideran incompatibles con la conservación del ecosistema.
Ante esta situación, insistieron en su propuesta de convertir la laguna y sus afluentes en un Área Natural Protegida federal bajo la categoría de Santuario, con un programa de manejo construido con participación de las comunidades.
En la Matlalcuéyetl, denunciaron además tala clandestina, extracción de materiales pétreos y expansión de proyectos inmobiliarios.
A ello agregaron su rechazo al Ecoparque Tlalli Malinche, al considerar que podría afectar la biodiversidad y la relación cultural que mantienen las comunidades con la montaña.
RESIDUOS: CUESTIONAN EL MODELO DE DISPOSICIÓN FINAL
Otro de los problemas señalados es la crisis en el manejo de residuos sólidos.
Las comunidades cuestionaron la concentración de desechos en los sitios de disposición final de Nanacamilpa y Atlangatepec, luego del cierre de otros espacios que habían llegado al final de su vida útil.
Para los colectivos, las interrupciones registradas en el servicio de recolección de basura en distintos municipios evidencian que el modelo basado en recolectar, trasladar y depositar residuos en rellenos sanitarios “ha alcanzado su límite”.
Por ello, plantearon que los municipios asuman plenamente sus responsabilidades en materia de residuos y desarrollen programas de prevención, separación, aprovechamiento y gestión integral con participación ciudadana.
“NOS ESTÁN CONVIRTIENDO EN ZONAS DE SACRIFICIO”
Uno de los principales señalamientos del encuentro fue dirigido contra la forma en que, según las organizaciones, los gobiernos toman decisiones sobre los territorios.
Acusaron que diversos proyectos avanzan mediante falta de transparencia, división comunitaria, manipulación de asambleas, campañas de descalificación, presencia policial y criminalización de quienes se oponen.
También responsabilizaron por acción u omisión a autoridades federales, estatales y municipales, así como a instituciones como la Semarnat, Conagua, Profepa, Conanp, INPI y el IMSS.
Las organizaciones reclamaron que el desarrollo económico no puede justificarse a costa de territorios contaminados o de comunidades que consideran que sus decisiones están siendo ignoradas.
EXIGEN DETENER PROYECTOS Y CAMBIAR LA POLÍTICA AMBIENTAL
Como parte de sus resolutivos, los participantes exigieron a los gobiernos de Puebla y Tlaxcala dejar de simular el saneamiento de las cuencas y obligar a las industrias a tratar sus aguas residuales antes de descargarlas.
También demandaron activar las plantas municipales de tratamiento, impulsar sistemas de captación de lluvia y tratamiento doméstico de aguas, crear programas municipales de gestión integral de residuos y evitar su privatización.
Asimismo, pidieron cancelar los proyectos PODECIBI de San Pedro Ecatepec y San José Chiapa, respetar las decisiones de las comunidades nahuas sobre sus espacios deportivos, detener la tala y extracción de materiales en la montaña, cancelar el Libramiento Calpulalpan y la Ciudad de la Juventud, además de frenar los proyectos que consideran una amenaza para la Matlalcuéyetl.
También exigieron procesos de consulta ciudadana reales para los programas de ordenamiento territorial y urbano.
Pero uno de los reclamos más contundentes fue detener la criminalización de quienes defienden sus territorios.
“Los pueblos y comunidades no estamos dispuestos a seguir siendo zonas de sacrificio”, señalaron.
Las organizaciones sostuvieron que la justicia socioambiental no puede reducirse a campañas de limpieza, programas turísticos o anuncios gubernamentales, sino que implica eliminar las fuentes de contaminación, garantizar agua y territorio saludables y respetar las decisiones de las comunidades.
“Defender nuestros derechos, nuestros territorios y la vida, es un acto de dignidad”, concluyeron.
DATOS Y OTROS DATOS
FACTOMÉTRICA COLOCA A ALFONSO SÁNCHEZ AL FRENTE DE MORENA RUMBO A 2027
LUIS ROMERO
De cara a la definición de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027, una nueva medición abona al panorama estatal de la competencia interna de Morena.
De acuerdo con el estudio “Prospectiva política Tlaxcala 2027”, publicado este 11 de septiembre de 2026 por FactoMétrica, el alcalde de Tlaxcala capital con licencia, Alfonso Sánchez García, encabeza las preferencias entre los perfiles morenistas con 40.6%, seguido por la senadora con licencia Ana Lilia Rivera Rivera, con 27.8%.
La diferencia entre ambos es de 12.8 puntos, y se da a conocer cuatro días después de que las redes sociales se llenaran de mensajes de felicitación para Sánchez García, a quien simpatizantes comenzaron a dar como “inminente” Coordinador Estatal en Defensa de la Transformación en la entidad.
Más atrás aparecen el alcalde de Huamantla, Juan Salvador Santos Cedillo, con 4.9%; así como los diputados federales José Alejandro Aguilar López, con 3.1%; e Irma Yordana Garay Loredo, con 3.0%.
El resultado también ocurre a unas horas de que Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, anticipara que las 12 Coordinaciones Estatales que permanecen pendientes de definición podrían quedar resueltas a más tardar en una semana, posiblemente, tras las fiestas patrias.
MORENA CONSERVA AMPLIA VENTAJA ELECTORAL
El estudio también muestra que la fortaleza de Morena no se limita a la competencia entre sus aspirantes.
El partido registra 54.1% de la intención de voto para 2027, muy por encima de sus principales adversarios.
- Morena: 54.1%
- PRI: 7.6%
- PAN: 7.5%
- Movimiento Ciudadano: 6.6%
- PVEM: 3.4%
- PT: 2.0%
- Ninguno: 18.8%
La diferencia entre Morena y el PRI, segundo partido en esta medición, es de 46.5 puntos porcentuales.
El dato confirma que, independientemente de quién termine encabezando la candidatura, Morena parte actualmente de una posición electoral ampliamente favorable en Tlaxcala.

ANABELL ÁVALOS ENCABEZA AL PRI
En la competencia interna del PRI, la senadora Anabell Ávalos Zempoalteca aparece en primer lugar con 38.2%, frente a Enrique Padilla Sánchez, dirigente estatal del partido, quien registra 25.1%.
La diferencia entre ambos perfiles es de 13.1 puntos.
El resultado coloca a Ávalos como el perfil priista mejor posicionado dentro del ejercicio y como una de las figuras de oposición con mayor reconocimiento en la medición.
ADRIANA DÁVILA LIDERA EN EL PAN
En el PAN, aunque recientemente anunció su decisión de cerrar un ciclo en la Comisión Permanente del Consejo Nacional del blanquiazul, la exlegisladora Adriana Dávila Fernández encabeza las preferencias con 30.8%.
Le siguen la diputada local Miriam Martínez Sánchez, con 19.6%, y el dirigente estatal Ángelo Gutiérrez Hernández, con 17.0%.
La diferencia entre Dávila y su más cercana contendiente es de 11.2 puntos.
MC, LA CONTIENDA MÁS CERRADA
La competencia más equilibrada entre los partidos evaluados aparece en Movimiento Ciudadano.
El ex dirigente Refugio Rivas Corona registra 29.2% de las preferencias, mientras la actual representante del partido en el estado, Danae Figueroa Martínez, alcanza 26.6%.
La diferencia es de apenas 2.6 puntos, lo que plantea un escenario mucho más cerrado que el observado en Morena, PRI y PAN.
METODOLOGÍA
De acuerdo con la información difundida por FactoMétrica, el levantamiento se realizó los días 7 y 8 de septiembre de 2026, mediante 1,000 entrevistas.
El estudio reporta un nivel de confianza de 95% y un margen de error de ±3.4%.
El resultado de la medición adquiere especial relevancia porque se incorpora a un escenario en el que distintas encuestas han ofrecido fotografías diferentes de la competencia interna de Morena, cuya decisión final corresponderá a los mecanismos internos previstos en la convocatoria.
Sin embargo, con este ejercicio, Sánchez García suma un nuevo argumento para sostener su competitividad rumbo a la definición de Morena.
DATOS Y OTROS DATOS
RIVA PALACIO COLOCA A TLAXCALA ENTRE LOS “DOLORES DE CABEZA” DE MORENA RUMBO A 2027
LUIS ROMERO
La definición de la Coordinación en Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en Tlaxcala se ha convertido, según el periodista Raymundo Riva Palacio, en uno de los principales problemas que enfrenta Morena para concretar sus candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.
En su columna Estrictamente Personal, publicada hoy en El Financiero con el título “Tramposos hasta la médula”, el periodista indica que son cuatro entidades: Baja California Sur, Nayarit, Tlaxcala y Zacatecas, donde los resultados de las mediciones demoscópicas no estarían favoreciendo a los perfiles que busca impulsar la presidenta Claudia Sheinbaum.
Riva Palacio sostiene que, en Tlaxcala, el aspirante respaldado desde el ámbito presidencial sería Alfonso Sánchez García, alcalde capitalino con licencia e hijo del exgobernador Alfonso Sánchez Anaya.
De acuerdo con el columnista, Sánchez García cuenta con operadores políticos cercanos a la Presidencia de la República, pero no ha logrado superar en las encuestas a la senadora con licencia Ana Lilia Rivera Rivera.
EL “MADRUGUETE” EN REDES SOCIALES
Uno de los señalamientos más relevantes de la columna es el episodio ocurrido esta semana, cuando perfiles vinculados con Sánchez García difundieron múltiples felicitaciones en redes sociales que lo presentaban prácticamente como coordinador estatal de Morena.
Riva Palacio interpreta esta acción como un intento por forzar y anticipar su nominación, antes de que la dirigencia nacional hiciera oficial la definición.
El episodio cobró relevancia porque la difusión de esos mensajes fue posteriormente contenida por la dirigencia nacional de Morena, de acuerdo con la versión expuesta por el columnista.
EL FACTOR ANA LILIA RIVERA
Para Riva Palacio, Ana Lilia Rivera continúa apareciendo competitiva y, en diversos ejercicios, por encima de Sánchez García, lo que representa un obstáculo para la estrategia orientada a favorecerlo.
El periodista destaca además la presencia política que Rivera mostró durante su informe de actividades legislativas, donde estuvo acompañada por figuras identificadas con sectores relevantes de Morena, entre ellas Jesús Ramírez Cuevas, Laura Itzel Castillo, Virgilio Martínez Miranda, Dolores Padierna y Gerardo Fernández Noroña.
EL DEBATE SOBRE LAS ENCUESTAS
Finalmente, el planteamiento más severo de Riva Palacio se refiere al método mediante el cual podrían estar siendo realizadas algunas mediciones internas de Morena.
El columnista acusa a Iván Silva, a quien identifica como estratega cercano a la presidenta, de intervenir en la selección de las secciones electorales donde se levantarían algunas encuestas, con el argumento de que esto permitiría favorecer el reconocimiento de determinados aspirantes.
Refiere que el estratega estaría prolongando el proceso interno en los estados pendientes de definición «para que los números se acomoden» a los resultados que necesitan en Palacio Nacional.
De esta manera, el análisis de Riva Palacio coloca la sucesión tlaxcalteca dentro de una disputa más amplia: la tensión entre los resultados de las encuestas, los acuerdos políticos y la intención de los grupos que buscarían influir en la selección de las candidaturas.
DATOS Y OTROS DATOS
JOSÉ UREÑA CUESTIONA “MEDIO SIGLO DE CACICAZGO” EN TLAXCALA Y LO VINCULA AHORA CON MORENA
LUIS ROMERO
La disputa interna de Morena rumbo a la gubernatura de Tlaxcala fue colocada bajo una nueva perspectiva por el periodista José Ureña, quien sostiene que el estado arrastra más de medio siglo de dominio de grupos y familias políticas que han sobrevivido al cambio de partidos.
En su columna Teléfono Rojo, publicada en 24 Horas bajo el título “Medio siglo de cacicazgo en Tlaxcala con PRI, PRD, PAN y Morena”, Ureña plantea que las distintas alternancias partidistas no necesariamente han representado una renovación de la clase política estatal.
Su tesis es que las élites políticas tlaxcaltecas han logrado adaptarse a las transformaciones partidistas y conservar influencia en la definición de candidaturas y gobiernos.
DE LAS SIGLAS A MORENA
Como antecedente, el columnista recuerda la trayectoria de Beatriz Paredes Rangel, a quien ubica como una de las figuras que contribuyeron a consolidar una estructura política con influencia durante varias décadas.
Ureña sostiene que esa lógica trascendió al PRI y posteriormente alcanzó a otras fuerzas políticas, bajo la premisa de que “cambian siglas, no gobiernos”.
En su interpretación, incluso gobernadores que llegaron por vías distintas terminaron siendo incorporados a los equilibrios de poder de los grupos dominantes.
La conclusión del periodista es que el verdadero debate para Tlaxcala no sería solamente qué partido gobierna, sino si existe una renovación real de la clase política estatal.
ALFONSO SÁNCHEZ, EN EL CENTRO DEL ANÁLISIS
Ureña lleva esta interpretación hasta el actual proceso interno de Morena y coloca a Alfonso Sánchez García en el centro de su planteamiento.
El periodista señala que el alcalde capitalino con licencia es hijo del exgobernador Alfonso Sánchez Anaya, quien llegó al gobierno estatal en 1998 bajo las siglas del PRD.
A partir de esa relación familiar y política, Ureña considera a Sánchez García como parte de una continuidad de grupos de poder que, desde su perspectiva, han transitado entre diferentes partidos.
El columnista hace una valoración política y califica al alcalde capitalino con licencia como “el candidato oficial del grupo de poder dominante”.
LAS ACUSACIONES CONTRA EL GOBIERNO ESTATAL
Otro de los puntos centrales del texto son los señalamientos de simpatizantes de Ana Lilia Rivera Rivera, quienes acusan a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros de favorecer a Sánchez García dentro de la contienda interna.
Según Ureña, los simpatizantes de Rivera han difundido videos e imágenes que, de acuerdo con su interpretación, mostrarían a operadores saliendo de la Casa de Gobierno para realizar actividades de promoción relacionadas con Sánchez García.
También refiere actos públicos en los que se atribuirían al aspirante gestiones relacionadas con programas u obras.
Estos señalamientos corresponden a acusaciones de actores políticos que, hasta el momento, no han sido corroboradas por las autoridades competentes, aunque tratan de presentarse como hechos acreditados.
Así, para el periodista, la definición de cara al 2027 representa para Tlaxcala una disyuntiva entre continuidad y renovación de los grupos políticos que han tenido influencia en la entidad en las últimas décadas.
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