Ana Lilia Rivera Rivera

México ha cambiado profundamente durante los últimos años. No solo cambiaron las prioridades del gobierno, también cambió la relación entre el poder público y la ciudadanía. Hoy vivimos en un país donde la protesta social no se enfrenta con la fuerza del Estado, sino con el diálogo; y donde las demandas de los distintos sectores son escuchadas, aunque no siempre puedan resolverse en los términos planteados.

En ese contexto deben analizarse las recientes movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), una organización que históricamente ha representado causas legítimas del magisterio y que ha desempeñado un papel importante en la defensa de los derechos laborales de miles de maestras y maestros del país.

Sería un error simplificar este momento o reducirlo a una confrontación entre el gobierno y los docentes. Quienes provenimos de las luchas democráticas sabemos que detrás de muchas demandas existen historias de esfuerzo, inconformidades acumuladas y aspiraciones genuinas de justicia laboral. Escucharlas es una obligación democrática.

Sin embargo, también es necesario reconocer que gobernar implica actuar con responsabilidad. No todas las demandas, por legítimas que parezcan, pueden materializarse de manera inmediata o en los términos exactos en que son formuladas. Existen límites presupuestales, compromisos institucionales y responsabilidades financieras que ningún gobierno puede ignorar sin poner en riesgo la estabilidad económica del país y, con ella, los programas sociales, las inversiones públicas y los derechos que benefician a millones de personas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido clara: el diálogo permanece abierto. Las puertas del gobierno no se han cerrado. Lo que no puede ocurrir es que la negociación se sustituya por la presión permanente o por acciones que afecten a terceros y generen mayores niveles de confrontación social.

La diferencia fundamental entre el México de ayer y el México de hoy radica precisamente en la forma de atender los conflictos. Durante décadas, la respuesta de los gobiernos fue la descalificación, el autoritarismo o, en casos extremos, la represión. La historia nacional guarda episodios dolorosos que nunca deben repetirse.

Por ello, resulta fundamental que todas las partes actúen con prudencia. Quienes participan en las movilizaciones tienen derecho a expresar sus demandas, pero también la responsabilidad de hacerlo dentro de los cauces pacíficos que fortalecen la vida democrática. De la misma manera, el gobierno debe mantener la disposición al diálogo sin renunciar a su obligación de preservar la gobernabilidad y el bienestar general.

En momentos de tensión suelen aparecer voces interesadas en profundizar las divisiones, exacerbar los ánimos o generar escenarios de confrontación política. Frente a ello, la serenidad es indispensable.

Además, nuestro país se encuentra ante una oportunidad histórica. En los próximos días comenzará una etapa que colocará nuevamente a México ante los ojos del mundo con la celebración de la Copa Mundial de Futbol, un acontecimiento que compartiremos con nuestros socios de América del Norte y que permitirá mostrar nuestra capacidad organizativa, nuestra riqueza cultural y la fortaleza de nuestras instituciones.

No se trata de ocultar los problemas ni de silenciar las diferencias. Las democracias maduras se distinguen precisamente porque son capaces de debatir, disentir y construir acuerdos en medio de la pluralidad. Pero también porque saben distinguir entre la defensa legítima de una causa y aquellas acciones que terminan afectando la convivencia social y la imagen de un país que trabaja todos los días por consolidar su desarrollo.

La Cuarta Transformación nació de una convicción profunda: los conflictos sociales no se resuelven con la fuerza, sino con la política. Esa convicción permanece intacta.

Hoy más que nunca debemos apostar por la conciliación, el diálogo y la responsabilidad compartida. México necesita unidad en la diversidad, firmeza sin autoritarismo y diálogo sin renunciar a la legalidad. La historia nos ha demostrado que cuando el pueblo mexicano actúa con serenidad y altura de miras, siempre encuentra el camino para avanzar.

Senadora de la República por el Estado de Tlaxcala.

Las opiniones, juicios y valoraciones expresadas en este espacio son responsabilidad exclusiva de su autor, por lo que no representan ni comprometen, de manera directa o indirecta, la postura, criterio o línea editorial del portal de noticias otrosdatos.com.mx

GABY FLORES

El fin de semana, cientos de militantes y simpatizantes de Morena se dieron cita en el Centro Histórico de Tlaxcala para celebrar el segundo informe de rendición de cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ahí estuvieron presentes la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, diputadas, diputados, funcionarios, liderazgos territoriales y ciudadanos que respaldan el proyecto encabezado por la mandataria federal.

Pero si alguien terminó robándose los reflectores fue Alfonso Sánchez García, quien, entre fotografías, muestras de apoyo y porras espontáneas, demostró que su presencia ya no pasa desapercibida.

¡Alfonso la rompió en el evento! Resaltó entre la multitud y demostró que tiene con qué.

La militancia guinda cerró filas en el corazón político de Tlaxcala. Sin embargo, por otra parte, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera decidió realizar una celebración por separado en Zacatelco, una decisión que refleja que ya no camina al mismo ritmo que Morena en Tlaxcala.

Por más que Ana Lilia Rivera se autoproclame como una de las voces más fieles de la Cuarta Transformación (4T), la realidad es que cada vez son menos quienes la acompañan dentro de la estructura política estatal y más evidentes las señales de distanciamiento con la militancia. Hoy parece estar más fuera que dentro del círculo de decisiones de la 4T tlaxcalteca.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador solía decir que «amor con amor se paga». El problema es que la política también cobra las facturas de la soberbia y la arrogancia, y lo que hoy vive Ana Lilia Rivera podría interpretarse como la cosecha de años sembrando distancia con distintos sectores de su propio movimiento.

Las opiniones, juicios y valoraciones expresadas en este espacio son responsabilidad exclusiva de su autor, por lo que no representan ni comprometen, de manera directa o indirecta, la postura, criterio o línea editorial del portal de noticias otrosdatos.com.mx

ANA LILIA RIVERA RIVERA*

La democracia no se limita al acto de votar. También exige instituciones capaces de proteger la voluntad popular frente a cualquier amenaza que pretenda distorsionarla. En un contexto internacional cada vez más complejo, México tiene la responsabilidad de fortalecer sus mecanismos de defensa democrática y garantizar que las decisiones nacionales respondan únicamente a la voluntad de las y los mexicanos.

Por ello, las reformas aprobadas recientemente por el Senado de la República representan un paso importante para fortalecer nuestra vida democrática. Se trata de dos decisiones legislativas que comparten un mismo propósito: proteger la soberanía nacional y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones electorales.

La primera incorpora a la Constitución una nueva causal de nulidad electoral cuando exista intervención o injerencia extranjera que influya de manera determinante en los resultados de una elección. Con ello, el Estado mexicano reconoce una realidad que hoy enfrentan numerosas democracias en el mundo: la existencia de mecanismos externos que buscan influir en la opinión pública, alterar procesos políticos o condicionar decisiones soberanas.

Esta reforma no limita libertades ni vulnera derechos. Por el contrario, fortalece una premisa fundamental de cualquier democracia auténtica: el destino de una nación debe ser definido exclusivamente por su pueblo. Las decisiones políticas de México deben tomarse en México, sin presiones externas y sin intereses ajenos a nuestra voluntad colectiva.

La experiencia internacional demuestra que ninguna democracia está exenta de estas amenazas. En distintos países de América Latina, Europa y otras regiones del mundo se han documentado intentos de influir en procesos políticos mediante campañas de desinformación, financiamiento opaco, presión diplomática o acciones coordinadas desde el exterior.

Estos episodios han generado polarización, desconfianza institucional y cuestionamientos sobre la legitimidad de decisiones que únicamente corresponden a los pueblos soberanos. México aprende de esas experiencias y, por ello, actúa de manera preventiva para evitar que circunstancias similares comprometan la libre determinación de nuestra nación.

La segunda reforma avanza en un tema que durante años ha preocupado a la ciudadanía: la necesidad de evitar que intereses ilícitos encuentren espacios de influencia dentro de las instituciones públicas. La creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas permitirá generar mecanismos preventivos para identificar riesgos y brindar mayores elementos a los partidos políticos al momento de postular a quienes aspiran a representar a la sociedad.

Se trata de una medida que fortalece la transparencia y contribuye a proteger la legitimidad de la representación popular. La confianza ciudadana requiere instituciones que generen certeza y respondan a las exigencias de integridad que demanda la sociedad.

Ambas reformas responden a desafíos distintos, pero convergen en un mismo objetivo: preservar la fortaleza de nuestra democracia. Una protege la soberanía de las decisiones nacionales frente a influencias externas indebidas, y la otra contribuye a cerrar espacios a quienes pretendan utilizar la política para fines contrarios al interés público.

La historia democrática de México ha sido resultado de la participación ciudadana, de la construcción institucional y de la defensa permanente de nuestras libertades. Esa tarea no está concluida. Cada generación enfrenta nuevos retos y tiene la responsabilidad de fortalecer los mecanismos que garantizan elecciones libres, auténticas y confiables.

Esta convicción adquiere una relevancia especial en el contexto actual. Nuestro país enfrenta desafíos externos, presiones políticas y económicas, así como intentos recurrentes de influir en decisiones que competen exclusivamente al pueblo mexicano y a sus instituciones. Frente a ello, la mejor respuesta es fortalecer nuestra democracia, nuestras leyes y nuestra capacidad para preservar la soberanía nacional, sin renunciar al diálogo ni a la cooperación internacional, pero dejando claro que el rumbo de México solo puede ser decidido por las y los mexicanos.

Las reformas aprobadas por el Senado responden a esa responsabilidad. Defender la soberanía nacional y fortalecer la integridad de nuestras instituciones no es una tarea partidista, sino una obligación republicana. Protegiendo la voluntad popular, fortalecemos la democracia. Y cuando fortalecemos la democracia, fortalecemos a México.

Senadora de la República por el estado de Tlaxcala*

Las opiniones, juicios y valoraciones expresadas en este espacio son responsabilidad exclusiva de su autor, por lo que no representan ni comprometen, de manera directa o indirecta, la postura, criterio o línea editorial del portal de noticias otrosdatos.com.mx