DATOS Y OTROS DATOS
LA INTERNA DE MORENA BAJO LA LUPA: RECURSOS PÚBLICOS, SERVIDORES Y CASA DE GOBIERNO, EN EL CENTRO DE LAS DENUNCIAS
LUIS ROMERO
La disputa interna de Morena por la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación comienza a entrar en una etapa delicada en Tlaxcala.
A la competencia entre Ana Lilia Rivera, Alfonso Sánchez , Raymundo Vázquez , Carlos Augusto Pérez , Salvador Santos y el resto de los aspirantes se han sumado denuncias y señalamientos sobre el supuesto uso de estructuras gubernamentales para favorecer a uno de los contendientes.
Audios, fotografías y testimonios difundidos en redes sociales colocaron bajo la lupa tres situaciones distintas: la presunta presión a Servidores de la Nación para participar en actividades políticas; el supuesto uso de Casa de Gobierno para almacenar o distribuir utilitarios de un aspirante, y las acusaciones de trabajadores estatales que aseguran haber sido obligados a acudir a actos políticos.
Por ahora, ninguno de estos señalamientos puede considerarse un delito acreditado. Pero tampoco son jurídicamente irrelevantes.
La razón es sencilla: las obligaciones de los servidores públicos respecto al uso de recursos gubernamentales no comienzan cuando arranca una campaña electoral.
SERVIDORES DE LA NACIÓN, EL PRIMER FOCO ROJO
Uno de los casos que mayor atención ha generado es el audio en el que presuntamente trabajadores federales de los programas de Bienestar denuncian presiones para participar en actividades políticas en favor de uno de los aspirantes de Morena.
En el encuentro al que hacen referencia los denunciantes habrían participado funcionarios y operadores políticos vinculados con el ámbito federal y estatal. De confirmarse que servidores públicos fueron presionados por sus superiores para participar en actividades partidistas, el primer problema podría ser administrativo.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas sanciona, entre otras conductas, el uso indebido de recursos públicos y el abuso de funciones. Esto incluye recursos humanos, materiales y financieros.
En términos simples: un trabajador del Gobierno federal no puede ser convertido, por instrucciones de su superior, en operador político utilizando para ello el tiempo y los recursos que le proporciona el Estado.
Esto no significa automáticamente que se cometió un delito electoral.
La Ley General en Materia de Delitos Electorales establece delitos específicos para servidores públicos que coaccionen o amenacen a subordinados para participar en actos de precampaña o campaña. Como actualmente Morena se encuentra en un proceso interno y no en la campaña constitucional de 2027, habría que acreditar que la conducta encuadra exactamente en el tipo penal.
Pero que no necesariamente exista un delito electoral no elimina otras posibles responsabilidades, y esa distinción será importante en los próximos meses.
CASA DE GOBIERNO: ¿QUIÉN AUTORIZÓ EL INGRESO?
El segundo episodio tiene una característica distinta: existe un inmueble público en el centro de la controversia.
Fotografías difundidas en redes sociales muestran presuntamente cajas con utilitarios políticos en el helipuerto de Casa de Gobierno, lo que generó cuestionamientos sobre la posible utilización de instalaciones del Poder Ejecutivo para favorecer a uno de los aspirantes de Morena.
La pregunta que surgió casi de inmediato fue: ¿Quién autorizó que ese material ingresara a un inmueble gubernamental?
La Coordinación de Comunicación del Gobierno del Estado reconoció que las imágenes eran preocupantes y señaló que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros había instruido realizar investigaciones y, en su caso, aplicar sanciones.
Ahora falta conocer los resultados para determinar quién ingresó el material, quién permitió el acceso, quién lo almacenó, quién participó y cuál era su destino.
El artículo 134 de la Constitución establece que los servidores públicos deben aplicar con imparcialidad los recursos públicos bajo su responsabilidad y señala que esa obligación opera “en todo tiempo”. Por eso, el argumento de que todavía no inicia el proceso electoral no resolvería por sí mismo el problema.
Si se demuestra que un inmueble, personal, vehículos o cualquier otro recurso público fue utilizado para favorecer políticamente a un aspirante, podrían existir responsabilidades administrativas y electorales. Y dependiendo de las circunstancias y de las pruebas, también habría que analizar la posible configuración de un delito.
LA PRESIÓN SOBRE TRABAJADORES ABRE OTRO FRENTE
El tercer caso involucra directamente a trabajadores de las dependencias del Poder Ejecutivo.
En redes sociales han aparecido denuncias de empleados que aseguran haber sido obligados a participar en recorridos, reuniones o actividades de promoción política a favor de uno de los aspirantes, incluso durante horarios laborales, días de descanso y periodos vacacionales.
Aquí la diferencia entre participación política y coacción es fundamental: Un servidor público puede tener preferencias políticas y participar en actividades partidistas en los términos permitidos por la ley. Lo que no puede hacer un superior jerárquico es utilizar el empleo como mecanismo de presión para obligar a un subordinado a participar políticamente.
Si las denuncias se acreditaran, podrían existir responsabilidades administrativas por abuso de funciones y utilización indebida de recursos humanos. El problema sería todavía mayor si los trabajadores realizaran esas actividades durante su jornada laboral y con cargo al salario público.
En ese escenario, el tiempo de los trabajadores también podría considerarse un recurso público utilizado para una finalidad distinta a la función gubernamental.
EL PROCESO INTERNO NO ES UNA ZONA SIN REGLAS
Los tres casos tienen un elemento común: todos ocurren antes del inicio formal del proceso electoral de 2027. Pero eso no significa que exista una especie de vacío legal.
La Constitución obliga a los servidores públicos a actuar con imparcialidad en el manejo de los recursos públicos en todo momento. Además, la legislación electoral de Tlaxcala contempla infracciones relacionadas con la utilización de recursos públicos y la vulneración de los principios de imparcialidad y equidad.
Lo que cambia es la posibilidad de acreditar determinados delitos electorales, porque éstos requieren que la conducta encuadre exactamente en los supuestos establecidos por la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Por eso, en estos momentos sería incorrecto afirmar que ya se cometieron delitos. Lo que sí puede decirse es que existen hechos denunciados que ameritan ser investigados.
LA PROPIA CONVOCATORIA DE MORENA FIJA LOS LÍMITES
Y hay un elemento que vuelve más relevante los señalamientos: las reglas no sólo están en la ley; también están en la propia convocatoria de Morena.
La Base Octava establece restricciones expresas para gobernadores, integrantes de los gabinetes estatales, presidentes municipales, dirigentes partidistas y coordinadores legislativos, quienes deben abstenerse de manifestar preferencias, realizar actividades de apoyo o propaganda, hacer pactos con grupos afines a alguna candidatura o intervenir de cualquier manera que comprometa la imparcialidad del proceso.
La convocatoria prohíbe utilizar recursos públicos para favorecer o perjudicar a cualquiera de los aspirantes, así como emplear programas sociales con fines de promoción política, condicionar apoyos o permitir la intervención de servidores públicos en favor de algún aspirante, y no permite campañas dispendiosas, espectaculares ni gastos excesivos o injustificados.
Es decir, Morena no sólo pide piso parejo: lo convirtió en una obligación dentro de su propio proceso interno.
Incluso advierte que el incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en la cancelación del registro del aspirante y en la intervención de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que habilitó el correo electrónico reportesconvocatoria2026@morena.si para que cualquier persona pueda presentar pruebas sobre presuntas irregularidades.
Por eso, frente a las denuncias sobre Servidores de la Nación, Casa de Gobierno y trabajadores estatales, la pregunta ya no es solamente qué dice la ley, sino: ¿se están cumpliendo las reglas que Morena se impuso a sí mismo para elegir a quien encabezará su proyecto rumbo a 2027?
DATOS Y OTROS DATOS
FACTOMÉTRICA COLOCA A ALFONSO SÁNCHEZ AL FRENTE DE MORENA RUMBO A 2027
LUIS ROMERO
De cara a la definición de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027, una nueva medición abona al panorama estatal de la competencia interna de Morena.
De acuerdo con el estudio “Prospectiva política Tlaxcala 2027”, publicado este 11 de septiembre de 2026 por FactoMétrica, el alcalde de Tlaxcala capital con licencia, Alfonso Sánchez García, encabeza las preferencias entre los perfiles morenistas con 40.6%, seguido por la senadora con licencia Ana Lilia Rivera Rivera, con 27.8%.
La diferencia entre ambos es de 12.8 puntos, y se da a conocer cuatro días después de que las redes sociales se llenaran de mensajes de felicitación para Sánchez García, a quien simpatizantes comenzaron a dar como “inminente” Coordinador Estatal en Defensa de la Transformación en la entidad.
Más atrás aparecen el alcalde de Huamantla, Juan Salvador Santos Cedillo, con 4.9%; así como los diputados federales José Alejandro Aguilar López, con 3.1%; e Irma Yordana Garay Loredo, con 3.0%.
El resultado también ocurre a unas horas de que Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, anticipara que las 12 Coordinaciones Estatales que permanecen pendientes de definición podrían quedar resueltas a más tardar en una semana, posiblemente, tras las fiestas patrias.
MORENA CONSERVA AMPLIA VENTAJA ELECTORAL
El estudio también muestra que la fortaleza de Morena no se limita a la competencia entre sus aspirantes.
El partido registra 54.1% de la intención de voto para 2027, muy por encima de sus principales adversarios.
- Morena: 54.1%
- PRI: 7.6%
- PAN: 7.5%
- Movimiento Ciudadano: 6.6%
- PVEM: 3.4%
- PT: 2.0%
- Ninguno: 18.8%
La diferencia entre Morena y el PRI, segundo partido en esta medición, es de 46.5 puntos porcentuales.
El dato confirma que, independientemente de quién termine encabezando la candidatura, Morena parte actualmente de una posición electoral ampliamente favorable en Tlaxcala.
ANABELL ÁVALOS ENCABEZA AL PRI
En la competencia interna del PRI, la senadora Anabell Ávalos Zempoalteca aparece en primer lugar con 38.2%, frente a Enrique Padilla Sánchez, dirigente estatal del partido, quien registra 25.1%.
La diferencia entre ambos perfiles es de 13.1 puntos.
El resultado coloca a Ávalos como el perfil priista mejor posicionado dentro del ejercicio y como una de las figuras de oposición con mayor reconocimiento en la medición.
ADRIANA DÁVILA LIDERA EN EL PAN
En el PAN, aunque recientemente anunció su decisión de cerrar un ciclo en la Comisión Permanente del Consejo Nacional del blanquiazul, la exlegisladora Adriana Dávila Fernández encabeza las preferencias con 30.8%.
Le siguen la diputada local Miriam Martínez Sánchez, con 19.6%, y el dirigente estatal Ángelo Gutiérrez Hernández, con 17.0%.
La diferencia entre Dávila y su más cercana contendiente es de 11.2 puntos.
MC, LA CONTIENDA MÁS CERRADA
La competencia más equilibrada entre los partidos evaluados aparece en Movimiento Ciudadano.
El ex dirigente Refugio Rivas Corona registra 29.2% de las preferencias, mientras la actual representante del partido en el estado, Danae Figueroa Martínez, alcanza 26.6%.
La diferencia es de apenas 2.6 puntos, lo que plantea un escenario mucho más cerrado que el observado en Morena, PRI y PAN.
METODOLOGÍA
De acuerdo con la información difundida por FactoMétrica, el levantamiento se realizó los días 7 y 8 de septiembre de 2026, mediante 1,000 entrevistas.
El estudio reporta un nivel de confianza de 95% y un margen de error de ±3.4%.
El resultado de la medición adquiere especial relevancia porque se incorpora a un escenario en el que distintas encuestas han ofrecido fotografías diferentes de la competencia interna de Morena, cuya decisión final corresponderá a los mecanismos internos previstos en la convocatoria.
Sin embargo, con este ejercicio, Sánchez García suma un nuevo argumento para sostener su competitividad rumbo a la definición de Morena.
DATOS Y OTROS DATOS
RIVA PALACIO COLOCA A TLAXCALA ENTRE LOS “DOLORES DE CABEZA” DE MORENA RUMBO A 2027
LUIS ROMERO
La definición de la Coordinación en Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en Tlaxcala se ha convertido, según el periodista Raymundo Riva Palacio, en uno de los principales problemas que enfrenta Morena para concretar sus candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.
En su columna Estrictamente Personal, publicada hoy en El Financiero con el título “Tramposos hasta la médula”, el periodista indica que son cuatro entidades: Baja California Sur, Nayarit, Tlaxcala y Zacatecas, donde los resultados de las mediciones demoscópicas no estarían favoreciendo a los perfiles que busca impulsar la presidenta Claudia Sheinbaum.
Riva Palacio sostiene que, en Tlaxcala, el aspirante respaldado desde el ámbito presidencial sería Alfonso Sánchez García, alcalde capitalino con licencia e hijo del exgobernador Alfonso Sánchez Anaya.
De acuerdo con el columnista, Sánchez García cuenta con operadores políticos cercanos a la Presidencia de la República, pero no ha logrado superar en las encuestas a la senadora con licencia Ana Lilia Rivera Rivera.
EL “MADRUGUETE” EN REDES SOCIALES
Uno de los señalamientos más relevantes de la columna es el episodio ocurrido esta semana, cuando perfiles vinculados con Sánchez García difundieron múltiples felicitaciones en redes sociales que lo presentaban prácticamente como coordinador estatal de Morena.
Riva Palacio interpreta esta acción como un intento por forzar y anticipar su nominación, antes de que la dirigencia nacional hiciera oficial la definición.
El episodio cobró relevancia porque la difusión de esos mensajes fue posteriormente contenida por la dirigencia nacional de Morena, de acuerdo con la versión expuesta por el columnista.
EL FACTOR ANA LILIA RIVERA
Para Riva Palacio, Ana Lilia Rivera continúa apareciendo competitiva y, en diversos ejercicios, por encima de Sánchez García, lo que representa un obstáculo para la estrategia orientada a favorecerlo.
El periodista destaca además la presencia política que Rivera mostró durante su informe de actividades legislativas, donde estuvo acompañada por figuras identificadas con sectores relevantes de Morena, entre ellas Jesús Ramírez Cuevas, Laura Itzel Castillo, Virgilio Martínez Miranda, Dolores Padierna y Gerardo Fernández Noroña.
EL DEBATE SOBRE LAS ENCUESTAS
Finalmente, el planteamiento más severo de Riva Palacio se refiere al método mediante el cual podrían estar siendo realizadas algunas mediciones internas de Morena.
El columnista acusa a Iván Silva, a quien identifica como estratega cercano a la presidenta, de intervenir en la selección de las secciones electorales donde se levantarían algunas encuestas, con el argumento de que esto permitiría favorecer el reconocimiento de determinados aspirantes.
Refiere que el estratega estaría prolongando el proceso interno en los estados pendientes de definición «para que los números se acomoden» a los resultados que necesitan en Palacio Nacional.
De esta manera, el análisis de Riva Palacio coloca la sucesión tlaxcalteca dentro de una disputa más amplia: la tensión entre los resultados de las encuestas, los acuerdos políticos y la intención de los grupos que buscarían influir en la selección de las candidaturas.
DATOS Y OTROS DATOS
JOSÉ UREÑA CUESTIONA “MEDIO SIGLO DE CACICAZGO” EN TLAXCALA Y LO VINCULA AHORA CON MORENA
LUIS ROMERO
La disputa interna de Morena rumbo a la gubernatura de Tlaxcala fue colocada bajo una nueva perspectiva por el periodista José Ureña, quien sostiene que el estado arrastra más de medio siglo de dominio de grupos y familias políticas que han sobrevivido al cambio de partidos.
En su columna Teléfono Rojo, publicada en 24 Horas bajo el título “Medio siglo de cacicazgo en Tlaxcala con PRI, PRD, PAN y Morena”, Ureña plantea que las distintas alternancias partidistas no necesariamente han representado una renovación de la clase política estatal.
Su tesis es que las élites políticas tlaxcaltecas han logrado adaptarse a las transformaciones partidistas y conservar influencia en la definición de candidaturas y gobiernos.
DE LAS SIGLAS A MORENA
Como antecedente, el columnista recuerda la trayectoria de Beatriz Paredes Rangel, a quien ubica como una de las figuras que contribuyeron a consolidar una estructura política con influencia durante varias décadas.
Ureña sostiene que esa lógica trascendió al PRI y posteriormente alcanzó a otras fuerzas políticas, bajo la premisa de que “cambian siglas, no gobiernos”.
En su interpretación, incluso gobernadores que llegaron por vías distintas terminaron siendo incorporados a los equilibrios de poder de los grupos dominantes.
La conclusión del periodista es que el verdadero debate para Tlaxcala no sería solamente qué partido gobierna, sino si existe una renovación real de la clase política estatal.
ALFONSO SÁNCHEZ, EN EL CENTRO DEL ANÁLISIS
Ureña lleva esta interpretación hasta el actual proceso interno de Morena y coloca a Alfonso Sánchez García en el centro de su planteamiento.
El periodista señala que el alcalde capitalino con licencia es hijo del exgobernador Alfonso Sánchez Anaya, quien llegó al gobierno estatal en 1998 bajo las siglas del PRD.
A partir de esa relación familiar y política, Ureña considera a Sánchez García como parte de una continuidad de grupos de poder que, desde su perspectiva, han transitado entre diferentes partidos.
El columnista hace una valoración política y califica al alcalde capitalino con licencia como “el candidato oficial del grupo de poder dominante”.
LAS ACUSACIONES CONTRA EL GOBIERNO ESTATAL
Otro de los puntos centrales del texto son los señalamientos de simpatizantes de Ana Lilia Rivera Rivera, quienes acusan a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros de favorecer a Sánchez García dentro de la contienda interna.
Según Ureña, los simpatizantes de Rivera han difundido videos e imágenes que, de acuerdo con su interpretación, mostrarían a operadores saliendo de la Casa de Gobierno para realizar actividades de promoción relacionadas con Sánchez García.
También refiere actos públicos en los que se atribuirían al aspirante gestiones relacionadas con programas u obras.
Estos señalamientos corresponden a acusaciones de actores políticos que, hasta el momento, no han sido corroboradas por las autoridades competentes, aunque tratan de presentarse como hechos acreditados.
Así, para el periodista, la definición de cara al 2027 representa para Tlaxcala una disyuntiva entre continuidad y renovación de los grupos políticos que han tenido influencia en la entidad en las últimas décadas.
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