LUIS ROMERO

Un grupo de académicos, ex consejeros electorales, juristas y especialistas en materia constitucional advirtió que la omisión de las autoridades electorales frente a los actos anticipados de campaña pone en riesgo la equidad de la elección de 2027 y favorece a quienes ya despliegan estrategias de posicionamiento político antes del inicio formal del proceso.

En un posicionamiento suscrito por Jorge Alcocer V., Elba Arjona, Mariana Calderón, Morelos Canseco, José Ramón Cossío, Fernán González de Castilla, Margarita Luna Ramos, Jesús Orozco Henríquez, Natalia Reyes Heroles, Diego Valadés y Alma Zamora, integrantes del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo, S.C., se advierte que diversos actores políticos, aspirantes, partidos y grupos de apoyo ya realizan actividades públicas de promoción personal que, por su alcance y sistematicidad, deben considerarse actos anticipados de campaña.

Los firmantes sostienen que estas acciones no pueden interpretarse como simples ejercicios de participación ciudadana, pues involucran estructuras territoriales, eventos masivos, propaganda, publicidad digital y recursos cuyo origen y monto no son transparentes.

ALERTAN SOBRE VENTAJAS INDEBIDAS ANTES DEL PROCESO ELECTORAL

El documento señala que la anticipación de las campañas rompe las condiciones de equidad previstas en la Constitución, al permitir que quienes cuentan con mayores recursos económicos, partidistas o gubernamentales obtengan una ventaja antes de que entren en vigor las reglas de fiscalización y control electoral.

Recordaron que la legislación mexicana establece periodos específicos para la competencia política: 40 días de precampaña y 60 días de campaña, cuyo inicio está previsto para la primera semana de enero de 2027.

Pese a ello, consideran preocupante que el Instituto Nacional Electoral (INE) permanezca pasivo frente al despliegue anticipado de propaganda y promoción política.

«La máxima autoridad no puede limitarse a observar pasivamente el despliegue anticipado de propaganda, estructuras territoriales, eventos masivos, producción de materiales, contratación de servicios, publicidad en plataformas digitales y uso de recursos cuyo origen y monto son desconocidos», señalaron.

PIDEN INTERVENCIÓN INMEDIATA DEL INE Y DEL TRIBUNAL ELECTORAL

Los especialistas sostienen que el INE tiene facultades para prevenir, investigar, fiscalizar y sancionar conductas que vulneren la equidad de la competencia, incluso antes del inicio formal del proceso electoral.

Por ello, exigieron que el organismo electoral emita de inmediato lineamientos, requerimientos y medidas que impidan la consolidación de actos anticipados de campaña rumbo a los comicios de 2027.

Asimismo, solicitaron a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolver con estricto apego a la Constitución los asuntos relacionados con propaganda anticipada y procesos internos partidistas, recordando que los partidos políticos, al ser entidades de interés público, están obligados a respetar las limitaciones legales en materia electoral.

EL CONTEXTO ALCANZA A TLAXCALA

El posicionamiento adquiere especial relevancia en Tlaxcala, donde desde hace varios meses distintos actores políticos han intensificado recorridos, eventos masivos, promoción en redes sociales, difusión de imagen y actividades territoriales, pese a que el proceso electoral de 2027 aún no inicia formalmente.

La advertencia de los especialistas coincide con un escenario en el que organizaciones civiles, actores políticos y diversos sectores han cuestionado la falta de intervención oportuna de las autoridades electorales frente a estrategias de posicionamiento que podrían generar condiciones de inequidad antes del arranque legal de la contienda.

LUIS ROMERO

El director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, informó que la primera etapa de intervención del río Atoyac registra un avance del 85 por ciento.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Morales López detalló que esta primera etapa comprende 63 kilómetros del afluente que atraviesa Tlaxcala y Puebla, donde habitan alrededor de 3.7 millones de personas, y forma parte de la estrategia nacional para recuperar de manera integral los tres ríos más contaminados del país.

El funcionario explicó que las obras contemplan la construcción de 12 kilómetros de líneas de reúso de agua, cuatro plantas de tratamiento, 40 kilómetros de colectores sanitarios, así como el desazolve de 20 kilómetros de cauces para mejorar el flujo del agua.

Además, se llevan a cabo trabajos de reforestación en mil 154 hectáreas, el ordenamiento de 371 descargas contaminantes, la eliminación de 110 tiraderos clandestinos de basura, la creación de espacios públicos y la instalación de un Centro de Vigilancia y Protección de Aguas Nacionales, que permitirá realizar un monitoreo permanente de las condiciones del río.

AVANCES EN LOS OTROS RÍOS PRIORITARIOS

Morales López informó que el río Lerma-Santiago, cuya extensión alcanza mil 360 kilómetros y atraviesa el Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Nayarit, registra un avance del 90 por ciento en su primera etapa de intervención, que comprende 65 kilómetros.

En ese tramo se realizan labores de desazolve en 16 kilómetros, construcción y rehabilitación de seis plantas de tratamiento de aguas residuales, instalación de paneles solares en siete plantas, construcción de 26 kilómetros de colectores, instalación de tres estaciones de monitoreo de calidad del agua, reforestación de 2 mil 822 hectáreas, eliminación de 71 tiraderos clandestinos y la instalación de un Centro de Vigilancia y Protección de Aguas Nacionales.

Por su parte, el río Tula, que recorre 191 kilómetros entre el Estado de México e Hidalgo y beneficia a 800 mil habitantes, presenta un avance del 62 por ciento en su primera etapa, que comprende 74 kilómetros.

Entre las acciones destacan el desazolve de 5.2 kilómetros, la instalación de cinco estaciones de monitoreo de calidad del agua, la extracción de 110 mil metros cúbicos de lirio acuático de la presa Endhó, la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Comisión Federal de Electricidad, la construcción de seis kilómetros de obras de protección contra inundaciones, 28 kilómetros de colectores, la reforestación de 663 hectáreas, la eliminación de 19 tiraderos clandestinos, el ordenamiento de 140 descargas contaminantes, así como la creación de espacios públicos y un Centro de Vigilancia.

ESTRATEGIA NACIONAL

El titular de Conagua agregó que la estrategia nacional de saneamiento también contempla acciones en otros cuerpos de agua del país. Destacó que en el río Tijuana se desarrollan ocho obras y el próximo año iniciarán cinco proyectos adicionales; en los ríos de Acapulco continúan trabajos de desazolve y obras de protección; en el río Nogales se construyen dos plantas de tratamiento y se reubican colectores; mientras que en el río Sonora las acciones comenzarán este mismo año.

El programa forma parte de la política ambiental del Gobierno de México para recuperar los principales ríos del país mediante infraestructura hidráulica, restauración ecológica y monitoreo permanente, con el objetivo de mejorar la calidad del agua y la salud de millones de habitantes.

LUIS ROMERO

Luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunciara una inversión de 20 mil millones de pesos para el saneamiento y restauración de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, informó que actualmente se desarrollan 93 proyectos con una inversión de 2 mil 46 millones de pesos durante 2025 y 2026.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Sheinbaum, la funcionaria explicó que las acciones beneficiarán a 25 millones de personas que habitan en 61 municipios de 10 entidades federativas, mediante una estrategia integral que contempla infraestructura de saneamiento, restauración ambiental, inspección y vigilancia, ordenamiento territorial y participación comunitaria.

Como parte del diagnóstico territorial, detalló que se han identificado 3 mil 202 descargas domésticas e industriales contaminantes, 479 tiraderos clandestinos de basura y 460 industrias potencialmente contaminantes que serán objeto de acciones prioritarias. Además, se detectó que 22 por ciento del suelo de las cuencas presenta riesgo de deforestación, mientras que ya se interviene en 11 áreas naturales protegidas.

Bárcena Ibarra explicó que la estrategia busca recuperar los ecosistemas, prevenir inundaciones, proteger la biodiversidad, mejorar la salud pública y devolver estos espacios a las comunidades mediante la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Respecto a la cobertura del programa, señaló que el sistema Lerma-Santiago, con una extensión de mil 360 kilómetros, beneficiará a 21.4 millones de habitantes del Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Nayarit; el río Tula, de 191 kilómetros, favorecerá a 800 mil personas de Hidalgo y el Estado de México; mientras que el río Atoyac, con 162 kilómetros, impactará positivamente a 3.7 millones de habitantes de Tlaxcala y Puebla.

La secretaria informó que, hasta el momento, se han recorrido más de 340 kilómetros de las cuencas, realizado muestreos en 322 sitios y sumado la participación de más de seis mil personas en los trabajos de diagnóstico y monitoreo ambiental.

CUATRO METAS PARA RESCATAR LOS RÍOS

La estrategia de restauración contempla cuatro objetivos principales:

1. Mejorar la calidad del agua. Se construirán 10 nuevas plantas de tratamiento, se rehabilitarán, ampliarán u optimizarán 23 plantas existentes, se instalarán 94 kilómetros de colectores, se han efectuado 280 inspecciones por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Conagua, además de colocar ocho estaciones automáticas de monitoreo.

2. Restaurar los ecosistemas. Se han recuperado 24 kilómetros de áreas revegetadas y 14 kilómetros de saneamiento forestal, instalado cuatro trampas flotantes para residuos, reforestado 4 mil 639 hectáreas, destinado voluntariamente mil 700 hectáreas a la conservación y restaurado 8 mil 243 hectáreas en siete áreas naturales protegidas.

3. Prevenir inundaciones. Las acciones incluyen el desazolve de 41 kilómetros de cauces, estabilización de 24.1 kilómetros de taludes, instalación de 28 estaciones de monitoreo, recuperación de 253 kilómetros de zona federal y la optimización de la operación de drenajes y presas.

4. Reconectar a la población con los ríos. El programa contempla la construcción de nueve parques públicos, además de jornadas de limpieza en las que ya han participado más de 40 mil personas, logrando recolectar 4 mil 667 toneladas de residuos sólidos.

La estrategia forma parte del compromiso del Gobierno de México de recuperar de manera permanente los tres ríos más contaminados del país mediante acciones de largo plazo que combinen infraestructura, restauración ambiental y participación social.