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EXPRESIONES Y OPINIONES

PALENQUE CARLOS RIVERA: CULTO A LA PERSONALIDAD Y CUENTAS PENDIENTES

LOURDES ROMERO

La inauguración del Palenque Carlos Rivera no solo representa la apertura de un nuevo espacio para espectáculos en Tlaxcala. También exhibe una relación entre el Gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros y el cantante huamantleco que merece explicaciones públicas.

Mientras la mandataria lo presenta como el mejor embajador de la entidad, no se han expuesto indicadores suficientes para demostrar cuánto ha contribuido su imagen a atraer turistas, generar derrama económica o fortalecer la promoción del estado.

Durante el acto inaugural, Cuéllar expresó su agradecimiento a Rivera por aceptar que el inmueble llevara su nombre y lo calificó como “el mejor embajador que tiene Tlaxcala”.

La distinción, sin embargo, corresponde a una valoración de la gobernadora, no a una conclusión sustentada en resultados públicos comparables.

El problema no es reconocer la trayectoria de un artista que ha llevado el nombre de su tierra a escenarios internacionales. La cuestión es que el reconocimiento institucional, el uso de recursos públicos y la promoción turística deben acompañarse de información verificable sobre sus beneficios para la ciudadanía.

Cuando una figura pública recibe homenajes de esta magnitud desde el poder, la línea entre el reconocimiento cultural y la exaltación personal puede volverse difusa, sobre todo si no se explican con claridad los criterios utilizados para justificar la distinción.

El nuevo recinto tiene capacidad para 5 mil 800 espectadores y forma parte de la modernización del Recinto Ferial, una obra que el Gobierno del Estado reportó con una inversión superior a 500 millones de pesos.

Pero en agosto de 2026, la propia administración había presentado la renovación con un monto de 400 millones de pesos. La diferencia de al menos 100 millones no fue aclarada en la información difundida durante la inauguración.

Además, la afirmación de que el recinto llevaba seis décadas sin una remodelación integral requiere contexto, pues durante el gobierno de Mariano González Zarur también se realizaron intervenciones, incluido el salón Joaquín Cisneros.

La magnitud de la obra obliga a transparentar los costos definitivos, los contratos, las empresas participantes y las modificaciones al proyecto.

Y hagamos memoria.

En el gobierno de Marco Mena, la carretera Tlaxcala-Apizaco costó cerca de 785 millones de pesos; en el de Mariano González Zarur, el Centro de las Artes de Tlaxcala implicó una inversión de 513.3 millones de pesos; y en el de Héctor Ortiz Ortiz, la Plaza Bicentenario, reportó una asignación de más de 450 millones de pesos, aunque la obra quedó inconclusa.

Sí, el nombre del cantante puede atraer atención mediática, pero no sustituye la rendición de cuentas sobre el dinero invertido en promoción turística.

En febrero de 2023, durante una comparecencia ante el Congreso local, la entonces titular de la Secretaría de Turismo informó que el gobierno estatal erogó 4 millones 106 mil 400 pesos para utilizar libremente la imagen del cantante en el contexto del video Te soñé Tlaxcala.

La cifra se conoció después de que ciudadanos presentaran solicitudes de información a diversas dependencias para averiguar cuánto había costado la producción y qué pagos se habían realizado por la participación del artista.

Para demostrar la efectividad de la promoción turística con la imagen de Rivera, el Gobierno tendría que presentar datos que permitan evaluar, entre otros aspectos, cuántos visitantes llegaron a Tlaxcala como resultado atribuible a la campaña, qué derrama económica adicional se generó y cómo se calculó, qué alcance tuvo la promoción en los mercados turísticos a los que estaba dirigida, cuál fue el retorno de la inversión pública y con qué metodología se estimó, y qué resultados justifican mantener o ampliar la colaboración institucional con el artista.

Sin esa información, calificarlo como el mejor embajador de Tlaxcala sigue siendo una apreciación política, no una conclusión demostrada mediante indicadores públicos.

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EXPRESIONES Y OPINIONES

TLAXCALA CAPITAL: POR SOLUCIONES EN MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

Luis Antonio Herrera

La conversación pública tiene que servir para señalar lo que está mal, exigir respuestas y, sobre todo, encontrar soluciones a los problemas que afectan todos los días a las familias.

Al recorrer distintas comunidades de Tlaxcala capital y platicar con sus habitantes, hay una preocupación que se repite: las calles están deterioradas, los traslados son cada vez más complicados y la seguridad de peatones y automovilistas no puede seguir esperando.

En Santa María Acuitlapilco, madres y padres de familia enfrentan diariamente un riesgo que no debería existir: cruzar la carretera federal Puebla-Tlaxcala con sus hijas e hijos para llegar al kínder, la primaria o el CENDI. No estamos hablando de una molestia menor, sino de la seguridad de niñas y niños.

Los vecinos han planteado alternativas concretas: presencia permanente de un agente de tránsito, semáforos, reductores de velocidad y un puente peatonal. Las autoridades deben escuchar estas propuestas, realizar los estudios necesarios y actuar antes de que ocurra una tragedia. La seguridad de la niñez no puede quedar para después.

En la calle Ignacio Zaragoza, una vialidad importante para quienes se trasladan desde Acuitlapilco y Atlahapa, así como para otros automovilistas, el deterioro provoca retrasos, daños a los vehículos y condiciones de circulación inseguras. Los habitantes necesitan una intervención integral: rehabilitación del pavimento, alumbrado, banquetas seguras y una mejor organización del tránsito. Mientras llega una solución de fondo, los baches deben atenderse.

Otro punto que requiere atención es la vialidad que conecta Atlahapa con Galerías y las unidades habitacionales de Volcanes, utilizada también por habitantes de Xiloxoxtla y Acuitlapilco. Su mal estado afecta la movilidad y complica la conexión entre comunidades que necesitan desplazarse diariamente por trabajo, escuela y servicios.

Son tres problemas distintos, pero tienen algo en común: la gente necesita calles seguras, transitables y dignas.

Y hay algo más importante: los vecinos no solamente señalan deficiencias; también proponen soluciones. Lo que esperan es que las autoridades dejen de postergar los problemas, establezcan prioridades y expliquen con claridad qué van a hacer, cuándo lo harán y con qué presupuesto.

Creo en una forma de participar que comienza escuchando, pero que también exige cuentas. Los recursos públicos deben traducirse en obras útiles, decisiones responsables y beneficios que lleguen a todas las comunidades, no solamente a las zonas más visibles.

Gobernar significa responder. No basta con recorrer las comunidades, tomarse fotografías o escuchar peticiones si después todo sigue igual.

La seguridad vial, el mantenimiento de las calles y la movilidad no son favores que se conceden a la ciudadanía. Son responsabilidades públicas que deben atenderse con planeación, presupuesto y resultados.

Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.


Las opiniones, juicios y valoraciones expresadas en este espacio son responsabilidad exclusiva de su autor, por lo que no representan ni comprometen, de manera directa o indirecta, la postura, criterio o línea editorial del portal de noticias otrosdatos.com.mx.

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EXPRESIONES Y OPINIONES

NINGÚN BEBÉ DEBE MORIR POR LAS CARENCIAS DE UN HOSPITAL

Anabell Ávalos Zempoalteca*

La muerte de un bebé es una tragedia irreparable para cualquier familia. Pero cuando ocurre en un hospital público y existen posibles deficiencias en la atención médica, las autoridades tienen la obligación de investigar, esclarecer los hechos y asumir las responsabilidades que correspondan.

Los casos de fallecimientos de recién nacidos registrados en hospitales de Durango y Jalisco, así como las denuncias de situaciones similares en la Ciudad de México, evidencian la necesidad de revisar las condiciones en que operan nuestras unidades de atención neonatal.

¿Cuántos bebés más tienen que morir para que las autoridades garanticen una atención médica segura?

Ante esta realidad, presenté una iniciativa para reformar la Ley General de Salud, a fin de establecer expresamente que los hospitales cuenten con unidades de cuidados neonatales y Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales debidamente equipadas, con medicamentos e insumos suficientes, personal especializado y capacitación periódica, además de supervisión constante y certificación por terceros independientes.

No podemos seguir esperando a que ocurra una tragedia para que las autoridades revisen sus hospitales. La seguridad de los recién nacidos debe ser una obligación establecida en la ley, no una medida improvisada después de una emergencia.

La iniciativa propone además sustituir la expresión «producto» por «bebé» en las disposiciones correspondientes de atención materno-infantil. Las leyes deben utilizar un lenguaje sensible y respetuoso de las personas. Estamos hablando de recién nacidos, de hijos e hijas y de familias que merecen toda nuestra consideración.

Las denuncias de trabajadores de la salud sobre falta de medicamentos, insumos, equipos y condiciones adecuadas de trabajo tampoco pueden ignorarse. Estas carencias afectan directamente la atención de los pacientes y ponen en evidencia las deficiencias de las instituciones públicas.

También es inaceptable que madres y padres que atraviesan por una situación tan dolorosa encuentren indiferencia, malos tratos o puertas cerradas cuando buscan respuestas. Ninguna autoridad debe anteponer su imagen política al dolor de las familias.

Por eso, además de garantizar mejores condiciones hospitalarias, es indispensable investigar cada fallecimiento, esclarecer sus causas y determinar responsabilidades cuando existan negligencias. Sin consecuencias, las deficiencias se repiten y las familias siguen pagando el precio.

Las revisiones y medidas anunciadas por las autoridades después de estas tragedias son necesarias, pero no suficientes. Necesitamos que la supervisión, el equipamiento, la capacitación y la certificación de las unidades neonatales sean obligaciones permanentes previstas en la ley.

Como senadora por Tlaxcala, hago un llamado a mis compañeras y compañeros legisladores de todos los partidos para respaldar esta iniciativa, enriquecerla y darle celeridad en las comisiones.

La salud y la vida de un recién nacido no pueden depender de la suerte ni de las condiciones del hospital al que llegue. Deben estar protegidas por la ley.

Hoy tenemos la oportunidad de hacer algo concreto. Pongámonos del lado de las familias y asumamos nuestra responsabilidad.

Ningún bebé debería morir por una deficiencia que las instituciones de salud tienen la obligación de prevenir.

*Senadora de la República

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PRESUPUESTO Y BIENESTAR

Ana Lilia Rivera Rivera

Dentro de un presupuesto público se expresan las prioridades de un país. En él se refleja a quiénes se destinan los recursos, qué problemas se busca atender y qué lugar ocupan las necesidades de la población en las decisiones del Estado. Por ello, la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 por parte de la Cámara de Diputados es una decisión trascendental, porque mantiene en el centro el bienestar de las familias y la responsabilidad del gobierno de garantizar los derechos establecidos en la Constitución.

La Cámara de Diputados aprobó más de un billón de pesos para los programas prioritarios del Gobierno de México, lo que representa la continuidad de una política pública que reconoce que las condiciones de vida de las personas deben mejorar y que el Estado tiene la obligación de contribuir a ello, particularmente cuando existen desigualdades que durante décadas han limitado las oportunidades de millones de mexicanos.

Los programas sociales no son dádivas ni concesiones de ningún gobierno. Son derechos que deben garantizarse. Por ejemplo, las pensiones para adultos mayores, las becas para estudiantes y los apoyos para personas con discapacidad representan recursos que llegan directamente a los hogares y ayudan a enfrentar necesidades que no pueden resolverse únicamente con el ingreso familiar.

En Tlaxcala, miles de personas reciben algún Programa para el Bienestar. Por ello, mantener y fortalecer estos apoyos tiene una repercusión directa en la economía de los hogares y en las condiciones de vida de nuestras comunidades.

Otro aspecto relevante del presupuesto aprobado es la reasignación de seis mil millones de pesos del Instituto Nacional Electoral (INE) hacia otros rubros de atención pública. Esta decisión permitió ampliar los recursos destinados a educación, medio ambiente, búsqueda de personas desaparecidas, atención integral a las mujeres y otros servicios.

En nuestro estado, estos recursos deben traducirse en mejores condiciones para las escuelas, atención a la primera infancia, protección de nuestro entorno natural y servicios para las mujeres que requieren acompañamiento y atención integral. También deben fortalecer a las instituciones responsables de buscar a las personas desaparecidas y acompañar a sus familias.

La educación merece una atención especial. Invertir en las escuelas no significa únicamente mejorar edificios e instalaciones, sino generar condiciones para que niñas, niños y jóvenes puedan aprender, permanecer en las aulas y desarrollar sus capacidades. También es indispensable que el incremento del presupuesto destinado a las mujeres se refleje en mejores servicios, protección y oportunidades.

Por eso, resulta difícil justificar que, frente a decisiones orientadas a fortalecer el bienestar de las personas, diversas bancadas parlamentarias hayan privilegiado la confrontación partidista por encima de la discusión sobre los beneficios para la población. El interés público debe ser el punto de partida de cualquier discusión presupuestal. No se trata de defender cifras por consigna ni de respaldar decisiones sin examinarlas, sino de reconocer que el Estado tiene la obligación de garantizar derechos, distribuir oportunidades y atender a quienes más necesitan de la acción pública.

El presupuesto es una de las expresiones más claras del proyecto de nación que se construye. Si los recursos se destinan a fortalecer la educación, ampliar los programas sociales, proteger el medio ambiente y atender a las personas en situación de vulnerabilidad, entonces se avanza hacia una concepción del desarrollo que no deja el bienestar exclusivamente sujeto a las posibilidades económicas de cada familia.

Respaldar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 es respaldar esa prioridad: que el dinero público esté al servicio del pueblo y que el bienestar de las familias sea el criterio fundamental de las decisiones del Estado.

*Coordinadora Estatal para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional

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