ESTADO Y GOBIERNO
PROPONEN GARANTIZAR ACCESO DE PERROS DE ASISTENCIA A ESPACIOS PÚBLICOS EN TLAXCALA
LUIS ROMERO
Garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder, transitar y permanecer en espacios públicos y establecimientos abiertos al público acompañadas de sus perros de asistencia es el objetivo de una iniciativa presentada ante el Pleno del Congreso del Estado.
La propuesta, impulsada por la diputada Sandra Guadalupe Aguilar Vega, plantea reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para Personas con Discapacidad del Estado de Tlaxcala, con el propósito de fortalecer las condiciones de accesibilidad, autonomía y seguridad de este sector de la población.
¿QUÉ BUSCA CAMBIAR LA INICIATIVA?
La propuesta pretende establecer en la legislación estatal una definición específica de los perros de asistencia, reconociendo que se trata de animales adiestrados para desarrollar funciones relacionadas directamente con las necesidades de una persona con discapacidad.
Entre sus tareas pueden encontrarse:
- Apoyo en la movilidad.
- Orientación y desplazamiento.
- Alertas ante determinadas situaciones.
- Auxilio.
- Apoyo en actividades de la vida cotidiana.
A partir de este reconocimiento, la iniciativa busca impedir que establecimientos, instituciones o prestadores de servicios establezcan restricciones injustificadas o cobros adicionales por el ingreso o permanencia de estos animales cuando su utilización esté vinculada con la discapacidad de la persona usuaria.
ACCESIBILIDAD TAMBIÉN ES AUTONOMÍA
Durante la presentación de la propuesta, Sandra Guadalupe Aguilar señaló que la accesibilidad no debe entenderse únicamente como la eliminación de obstáculos físicos.
También, sostuvo, implica generar condiciones para que las personas con discapacidad puedan desenvolverse con autonomía, seguridad y dignidad.
Bajo esta perspectiva, el perro de asistencia no sería considerado simplemente un animal que acompaña a una persona, sino una herramienta especializada que puede resultar indispensable para que ésta pueda realizar actividades cotidianas.
DIFERENCIARLOS DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA
Otro de los aspectos contemplados en la iniciativa es generar mayor certeza sobre la identificación y acreditación de los perros de asistencia.
La propuesta busca establecer una diferencia clara entre estos animales y los animales de compañía o de apoyo emocional que no cuentan con adiestramiento para desarrollar funciones específicas relacionadas con una discapacidad.
Esta distinción permitiría establecer con mayor claridad quiénes tendrían derecho a las medidas de acceso y protección contempladas por la legislación.
LA INICIATIVA PASA A COMISIONES
La propuesta fue turnada para su análisis a las comisiones unidas de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes, así como a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.
Serán estas instancias las encargadas de estudiar la iniciativa y elaborar, en su caso, el dictamen correspondiente.
Por ahora, se trata de una propuesta legislativa en proceso de análisis, por lo que las modificaciones planteadas todavía no forman parte de la legislación vigente.
ESTADO Y GOBIERNO
MIENTRAS TLAXCALA ENFRENTA CRISIS DE BASURA, LORENA CUÉLLAR SE SUMA A LA DEFENSA POLÍTICA DE SHEINBAUM
LUIS ROMERO
Mientras los municipios de Tlaxcala enfrentan dificultades para resolver el destino de sus residuos y las comunidades mantienen su preocupación por los proyectos de disposición de basura, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros decidió sumarse al debate político nacional sobre el escándalo de presunta corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE), para respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
A través de sus redes sociales, la mandataria estatal apoyó los señalamientos de la Presidenta sobre una supuesta “mafia electoral”, relacionada con contratos millonarios otorgados a empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.
El pronunciamiento se produjo después de que Sheinbaum presentara una investigación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con la que el Gobierno federal sostiene que las presuntas irregularidades en las contrataciones de material electoral tienen antecedentes de varias décadas y supuestamente se fortalecieron durante la presidencia de Lorenzo Córdova al frente del INE.
CUÉLLAR RESPALDA LOS SEÑALAMIENTOS CONTRA LORENZO CÓRDOVA
En su posicionamiento, la gobernadora destacó que durante la gestión de Córdova empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas obtuvieron contratos millonarios con organismos electorales locales.
También hizo referencia a los vínculos políticos actuales del expresidente del INE con el partido SOMOS y a su coincidencia con Juan Carlos Padilla Aguilar, exfuncionario federal que, según la investigación presentada por el Gobierno de México, tuvo relación laboral con los empresarios señalados.
Cuéllar exigió que las investigaciones alcancen a todas las personas que pudieran estar involucradas, independientemente de los cargos que hayan ocupado o de sus relaciones políticas.
“Que se investigue a todas las personas involucradas. Sin simulaciones, privilegios, ni impunidad”, expresó.
Finalmente, reiteró su respaldo a Claudia Sheinbaum y sostuvo que “la democracia le pertenece al pueblo de México”.
CASA DE GOBIERNO: LA INVESTIGACIÓN QUE SIGUE SIN RESULTADOS CONCLUYENTES
Sin embargo, la exigencia de investigar sin privilegios vuelve a colocar en la mira un asunto pendiente en la propia administración estatal: el presunto uso de Casa de Gobierno para almacenar, organizar y preparar propaganda política en favor del alcalde capitalino Alfonso Sánchez García, durante el proceso interno de Morena para definir a su Coordinación Estatal.
En agosto pasado se difundieron imágenes y videos que presuntamente mostraban material propagandístico del entonces aspirante al interior del inmueble oficial. Tras la polémica, el Gobierno estatal anunció que investigaría quién permitió el ingreso de las brigadas y quiénes participaron en esas actividades.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado para que se investigara el posible uso de instalaciones, personal y recursos públicos con fines políticos. Entre las diligencias solicitadas estuvo la revisión de las grabaciones del sistema de videovigilancia del inmueble.
El caso tuvo versiones distintas desde el propio Gobierno estatal. Mientras inicialmente se anunció la separación de tres personas de sus funciones por estos hechos, posteriormente el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, negó que Casa de Gobierno hubiera sido utilizada como centro de operaciones políticas y afirmó que el Ejecutivo colaboraría con las autoridades.
En octubre pasado, el funcionario aseguró que la investigación continuaba y que el Gobierno estatal había entregado información solicitada por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE). No obstante, hasta ahora no se ha dado a conocer públicamente un resultado concluyente que esclarezca quién autorizó las actividades, qué recursos se utilizaron y si existieron responsabilidades administrativas o legales.
LA EMERGENCIA AMBIENTAL TAMBIÉN EXIGE RESPUESTAS
A este pendiente se suma la crisis de residuos que enfrenta Tlaxcala. El cierre de sitios de disposición final obligó a los ayuntamientos a buscar alternativas para trasladar y depositar la basura, con consecuencias económicas y operativas para los gobiernos municipales.
La cancelación del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI) en San Pedro Ecatepec hizo evidente que el estado sigue necesitando una política pública que reduzca la generación de residuos, fortalezca el reciclaje y garantice una disposición ambientalmente adecuada, a falta de alternativas para resolver el problema estructural.
Organizaciones socioambientales han exigido implementar un modelo de Basura Cero, elaborar planes municipales de manejo de residuos, garantizar la participación ciudadana y remediar las zonas afectadas por los antiguos tiraderos.
Y si bien la transparencia y el combate a la corrupción son exigencias legítimas ante la crisis reputacional que enfrenta el INE, lo es además que las autoridades respondan por los problemas que ocurren en sus propios territorios y administraciones.
La gobernadora Lorena Cuéllar pide que en el ámbito electoral nacional no haya simulaciones, privilegios ni impunidad. En Tlaxcala, esa misma exigencia pasa por esclarecer el caso de Casa de Gobierno y ofrecer soluciones verificables a una crisis de basura que sigue afectando a la población.
ESTADO Y GOBIERNO
SSC REPORTA 173 PUESTAS A DISPOSICIÓN EN OCTUBRE, PERO NO DETALLA CUÁNTAS DERIVARON EN PROCESOS PENALES
LUIS ROMERO
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó 173 puestas a disposición ante autoridades competentes durante octubre, como resultado de los operativos de prevención, vigilancia, investigación e inteligencia desplegados en Tlaxcala.
El balance también incluye la detención de 47 personas por su probable participación en delitos del fuero común o federal, el aseguramiento de seis armas y la recuperación de 99 vehículos con reporte de robo o alteraciones en sus medios de identificación.
Sin embargo, las cifras presentadas por el titular de la dependencia, Alberto Martín Perea Marrufo, durante el Diálogo Circular de la Coordinación de Comunicación, describen principalmente la actividad policial, pero no permiten conocer cuántos casos avanzaron a procesos penales ni cuál fue su impacto en la incidencia delictiva.

173 PUESTAS A DISPOSICIÓN Y 47 DETENIDOS
De acuerdo con el funcionario, las 173 puestas a disposición registradas del 1 al 31 de octubre se distribuyeron de la siguiente manera:
- 136 realizadas por elementos de la Dirección de Seguridad Pública y de la Secretaría de Marina.
- 26 por personal de Caminos y Vialidad.
- 8 por la Dirección de Inteligencia.
- 2 por la Dirección de Investigación.
- 1 por la Policía de Género.
El secretario también informó que durante estas acciones fueron aseguradas seis armas.
Aunque el balance permite dimensionar la participación de las distintas áreas de seguridad, no precisa cuántas de las personas detenidas fueron vinculadas a proceso, cuáles permanecen bajo investigación o cuántos casos concluyeron con una resolución judicial.
Esta distinción es relevante porque una puesta a disposición representa el inicio de una intervención de las autoridades competentes, no una sentencia ni una acreditación definitiva de responsabilidad penal.
NARCOMENUDEO: SEIS CASOS Y 38 DOSIS ASEGURADAS
En el combate al narcomenudeo, la SSC reportó seis puestas a disposición relacionadas con posesión de drogas.
Como resultado, fueron aseguradas 34 dosis de cristal y cuatro de marihuana, con un valor estimado de 17 mil pesos.
El dato ofrece una referencia sobre las intervenciones realizadas, aunque la dependencia no detalló si los casos corresponden a consumidores, presuntos distribuidores o personas vinculadas con estructuras de venta de drogas.
Tampoco se informó sobre posibles investigaciones para identificar redes de distribución o proveedores.
RECUPERACIÓN DE VEHÍCULOS Y PREVENCIÓN DE FRAUDES
Otro de los resultados destacados fue la recuperación de 99 vehículos con reporte de robo o alteraciones en sus medios de identificación.
La cifra representa uno de los principales indicadores del balance mensual, aunque sería importante conocer cuántas unidades fueron efectivamente restituidas a sus propietarios y cuántas permanecen bajo resguardo mientras se realizan las investigaciones correspondientes.
Por su parte, la Policía Cibernética reportó que sus acciones de prevención y atención de ciberdelitos permitieron evitar un daño patrimonial estimado en un millón 216 mil 731 pesos.
La cifra corresponde a pérdidas que, según la dependencia, pudieron evitarse mediante su intervención, por lo que no debe confundirse con dinero recuperado o asegurado.
ESTADO Y GOBIERNO
TLAXCALA APUESTA POR NUEVOS ESPACIOS CULTURALES, PERO ARRASTRA EL ANTECEDENTE DE OBRAS MILLONARIAS INCONCLUSAS
LUIS ROMERO
La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros supervisó los avances del Centro Cultural y Espacio 500 Años “Yolanda Ramos Galicia”, un nuevo recinto en el Centro Histórico de Tlaxcala que contará con biblioteca, salas de exposición, ludoteca, terraza, cafetería y espacios para actividades culturales y recreativas.
El proyecto busca ampliar la oferta cultural para las familias, pero también se incorpora a una serie de obras públicas de gran escala impulsadas en Tlaxcala, en un contexto marcado por inversiones millonarias y por el antecedente de espacios que no llegaron a cumplir los objetivos anunciados.
De acuerdo con información difundida sobre el proyecto, el Centro Cultural se desarrolla en una superficie de mil 267 metros cuadrados y cuenta con una inversión autorizada de 29.8 millones de pesos. En julio pasado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que el recinto albergará en comodato una colección de piezas donadas por la museógrafa Yolanda Ramos Galicia.

NUEVOS RECINTOS, INVERSIONES MILLONARIAS
El Centro Cultural no es el único proyecto de esta administración orientado a la cultura, el entretenimiento y la convivencia.
En septiembre de 2026, el gobierno estatal inició la construcción del auditorio de la Ciudad de la Cultura y el Entretenimiento, con una inversión anunciada de 369.3 millones de pesos y una capacidad proyectada para tres mil personas.
A ello se suma la modernización del recinto ferial, que incluye el Palenque Carlos Rivera y otras áreas destinadas a espectáculos, comercio y actividades recreativas. El secretario de Infraestructura reportó recientemente un costo de 505 millones de pesos para las obras de modernización del recinto y el estacionamiento anexo, cifra superior a los 400 millones mencionados inicialmente por la gobernadora.
Aunque se trata de proyectos con funciones distintas, su dimensión financiera coloca sobre la mesa la importancia de transparentar las inversiones, los plazos de ejecución y los beneficios públicos que se espera obtener.
LA PLAZA BICENTENARIO, UNA ADVERTENCIA
El antecedente más significativo es la Plaza Bicentenario, construida durante el gobierno de Héctor Ortiz Ortiz.
La obra, concebida como un complejo cultural, representó una inversión cercana a los 500 millones de pesos, pero quedó inconclusa y terminó en condiciones de abandono y deterioro, hasta su entrega al Instituto Politécnico Nacional (IPN), durante la administración del gobernador Marco Mena, para instalar un campus.
El caso demuestra que construir un inmueble y destinarle recursos públicos no garantiza, por sí solo, que se convierta en un espacio funcional, accesible y útil para la población. También importan la conclusión de los trabajos, el equipamiento, la operación, el mantenimiento y la programación de actividades.
EL DESAFÍO: QUE LAS OBRAS FUNCIONEN
Durante su recorrido por el Centro Cultural Yolanda Ramos Galicia, Cuéllar Cisneros destacó que el recinto será un punto de encuentro para personas de distintas edades. La propuesta contempla espacios de lectura, exposiciones, proyecciones audiovisuales, talleres y convivencia.
El reto será convertir esa oferta arquitectónica en servicios culturales permanentes y accesibles, con información pública sobre su funcionamiento, presupuesto operativo, actividades y número de beneficiarios.
También será relevante conocer el cumplimiento de los plazos anunciados y garantizar que las instalaciones cuenten con recursos para conservarse en buenas condiciones después de su apertura.
La discusión no consiste únicamente en cuántos espacios nuevos se construyen, sino en cuánto cuestan, si se terminan y qué utilidad tienen para la ciudadanía.

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