ESTADO Y GOBIERNO
SCJN PONE LÍMITES A REQUISITOS PARA INGRESAR A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD EN TLAXCALA
LUIS ROMERO
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana del Estado de Tlaxcala que establecían requisitos para acceder a cargos dentro de las instituciones de seguridad pública, al considerar que algunas de esas condiciones resultaban desproporcionadas, mientras que otras se sustentaban en conceptos vagos y subjetivos.
El Pleno también invalidó diversas disposiciones relacionadas con la creación y operación de una base estatal de información criminal, al considerar que la regulación del Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública corresponde al Congreso de la Unión y que su operación es competencia federal.
La resolución establece, sin embargo, una diferencia importante: la Corte sí reconoció como constitucionalmente válidos determinados requisitos de permanencia para quienes ya forman parte de las instituciones de seguridad pública.
NO HABER SIDO CONDENADO: UN REQUISITO DEMASIADO AMPLIO
Entre las disposiciones invalidadas se encuentran porciones de los artículos 17, 118 y 120 de la legislación estatal.
La Corte consideró inconstitucionales los requisitos que impedían el acceso a determinados cargos por el solo hecho de:
- Haber sido condenado por un delito doloso.
- Estar sujeto a un proceso penal.
- Estar sujeto a un procedimiento de responsabilidad administrativa.
El problema, de acuerdo con el criterio del Alto Tribunal, no es que el Estado pueda establecer condiciones para garantizar la idoneidad de quienes desempeñan funciones de seguridad.
El problema está en establecer prohibiciones generales que impidan valorar las circunstancias particulares de cada caso.
Entre los elementos que podrían resultar relevantes están la naturaleza y gravedad de la conducta, el tiempo transcurrido, el cumplimiento de la sanción y la relación que pudiera existir entre el antecedente y las funciones del cargo.
En otras palabras, la Corte consideró que un antecedente no puede operar automáticamente como una barrera absoluta para acceder a un cargo público sin tomar en cuenta el contexto específico.
“MODO HONESTO DE VIVIR”: RECHAZO A CONCEPTOS SUBJETIVOS
Otro de los puntos centrales de la resolución fue la invalidez de disposiciones que exigían “tener modo honesto de vivir” y “ser de notoria buena conducta”.
La SCJN consideró que estas expresiones carecen de parámetros suficientemente objetivos para determinar cuándo una persona cumple o no con ellas.
El problema constitucional radica en que su aplicación puede quedar sujeta a la valoración personal de quien evalúa al aspirante.
La Corte ya ha sostenido en otros asuntos que la expresión “modo honesto de vivir” presenta problemas de ambigüedad y subjetividad cuando se utiliza como requisito legal para acceder a un cargo público.
En el caso de Tlaxcala, el Pleno aplicó esa lógica a los cargos dentro de instituciones de seguridad pública.
Por ello, fueron invalidadas las disposiciones correspondientes de los artículos 17, fracción II; 151, fracciones II y VII, y, por extensión, el artículo 118, fracción I, letra b.
VALIDAN CONTROLES PARA QUIENES YA SON POLICÍAS
La resolución no significa que desaparezcan los controles de probidad, confianza o idoneidad dentro de las instituciones de seguridad pública.
Por el contrario, la SCJN reconoció la validez de los artículos 20 y 120, fracción II, letra a, relativos a requisitos de permanencia.
La diferencia está en que una persona que ya pertenece a una institución de seguridad pública se encuentra en una situación distinta a quien pretende ingresar a ella.
Para quienes ya desempeñan estas funciones, la Corte consideró constitucionalmente válido exigir condiciones relacionadas con la probidad, confianza e idoneidad necesarias para continuar en un puesto vinculado con la seguridad pública.
Así, el criterio establece una distinción entre:
ACCESO: no pueden imponerse barreras desproporcionadas o sustentadas en conceptos subjetivos.
PERMANENCIA: sí pueden establecerse condiciones relacionadas con la confianza y la idoneidad para continuar desempeñando funciones de seguridad.
TAMBIÉN CAE LA BASE ESTATAL DE INFORMACIÓN CRIMINAL
Otro de los puntos relevantes de la sentencia fue la invalidez del artículo 221 de la ley estatal y, por extensión, de los artículos 222, 222 Bis y 223.
Estas disposiciones contemplaban la creación y regulación de una base estatal de datos sobre personas imputadas, acusadas o sentenciadas.
La propia legislación establecía que la base contendría información individual y estadística sobre investigaciones, detenciones, órdenes de aprehensión, sentencias, ejecución de penas y reincidencia.
La SCJN determinó que esta materia se encuentra vinculada con el Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública, cuya regulación corresponde al Congreso de la Unión.
Por ello, el Congreso de Tlaxcala no podía establecer por sí mismo un sistema estatal con las características previstas en esas disposiciones.
¿QUÉ CAMBIA CON LA RESOLUCIÓN?
La sentencia establece límites para que el Congreso estatal diseñe requisitos de ingreso a las instituciones de seguridad pública.
A partir del criterio de la Corte, no basta con establecer una prohibición general basada en antecedentes penales, procesos en curso o procedimientos administrativos.
Tampoco resulta constitucionalmente suficiente utilizar conceptos como “modo honesto de vivir” o “notoria buena conducta” sin parámetros objetivos que permitan determinar su cumplimiento.
Al mismo tiempo, la sentencia no elimina la posibilidad de establecer controles de confianza, requisitos de idoneidad o condiciones para la permanencia de quienes ya forman parte de las instituciones de seguridad pública.
Y respecto de la información criminal, la resolución delimita las competencias entre el ámbito estatal y el federal.
ESTADO Y GOBIERNO
MIENTRAS TLAXCALA ENFRENTA CRISIS DE BASURA, LORENA CUÉLLAR SE SUMA A LA DEFENSA POLÍTICA DE SHEINBAUM
LUIS ROMERO
Mientras los municipios de Tlaxcala enfrentan dificultades para resolver el destino de sus residuos y las comunidades mantienen su preocupación por los proyectos de disposición de basura, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros decidió sumarse al debate político nacional sobre el escándalo de presunta corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE), para respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
A través de sus redes sociales, la mandataria estatal apoyó los señalamientos de la Presidenta sobre una supuesta “mafia electoral”, relacionada con contratos millonarios otorgados a empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.
El pronunciamiento se produjo después de que Sheinbaum presentara una investigación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con la que el Gobierno federal sostiene que las presuntas irregularidades en las contrataciones de material electoral tienen antecedentes de varias décadas y supuestamente se fortalecieron durante la presidencia de Lorenzo Córdova al frente del INE.
CUÉLLAR RESPALDA LOS SEÑALAMIENTOS CONTRA LORENZO CÓRDOVA
En su posicionamiento, la gobernadora destacó que durante la gestión de Córdova empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas obtuvieron contratos millonarios con organismos electorales locales.
También hizo referencia a los vínculos políticos actuales del expresidente del INE con el partido SOMOS y a su coincidencia con Juan Carlos Padilla Aguilar, exfuncionario federal que, según la investigación presentada por el Gobierno de México, tuvo relación laboral con los empresarios señalados.
Cuéllar exigió que las investigaciones alcancen a todas las personas que pudieran estar involucradas, independientemente de los cargos que hayan ocupado o de sus relaciones políticas.
“Que se investigue a todas las personas involucradas. Sin simulaciones, privilegios, ni impunidad”, expresó.
Finalmente, reiteró su respaldo a Claudia Sheinbaum y sostuvo que “la democracia le pertenece al pueblo de México”.
CASA DE GOBIERNO: LA INVESTIGACIÓN QUE SIGUE SIN RESULTADOS CONCLUYENTES
Sin embargo, la exigencia de investigar sin privilegios vuelve a colocar en la mira un asunto pendiente en la propia administración estatal: el presunto uso de Casa de Gobierno para almacenar, organizar y preparar propaganda política en favor del alcalde capitalino Alfonso Sánchez García, durante el proceso interno de Morena para definir a su Coordinación Estatal.
En agosto pasado se difundieron imágenes y videos que presuntamente mostraban material propagandístico del entonces aspirante al interior del inmueble oficial. Tras la polémica, el Gobierno estatal anunció que investigaría quién permitió el ingreso de las brigadas y quiénes participaron en esas actividades.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado para que se investigara el posible uso de instalaciones, personal y recursos públicos con fines políticos. Entre las diligencias solicitadas estuvo la revisión de las grabaciones del sistema de videovigilancia del inmueble.
El caso tuvo versiones distintas desde el propio Gobierno estatal. Mientras inicialmente se anunció la separación de tres personas de sus funciones por estos hechos, posteriormente el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, negó que Casa de Gobierno hubiera sido utilizada como centro de operaciones políticas y afirmó que el Ejecutivo colaboraría con las autoridades.
En octubre pasado, el funcionario aseguró que la investigación continuaba y que el Gobierno estatal había entregado información solicitada por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE). No obstante, hasta ahora no se ha dado a conocer públicamente un resultado concluyente que esclarezca quién autorizó las actividades, qué recursos se utilizaron y si existieron responsabilidades administrativas o legales.
LA EMERGENCIA AMBIENTAL TAMBIÉN EXIGE RESPUESTAS
A este pendiente se suma la crisis de residuos que enfrenta Tlaxcala. El cierre de sitios de disposición final obligó a los ayuntamientos a buscar alternativas para trasladar y depositar la basura, con consecuencias económicas y operativas para los gobiernos municipales.
La cancelación del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI) en San Pedro Ecatepec hizo evidente que el estado sigue necesitando una política pública que reduzca la generación de residuos, fortalezca el reciclaje y garantice una disposición ambientalmente adecuada, a falta de alternativas para resolver el problema estructural.
Organizaciones socioambientales han exigido implementar un modelo de Basura Cero, elaborar planes municipales de manejo de residuos, garantizar la participación ciudadana y remediar las zonas afectadas por los antiguos tiraderos.
Y si bien la transparencia y el combate a la corrupción son exigencias legítimas ante la crisis reputacional que enfrenta el INE, lo es además que las autoridades respondan por los problemas que ocurren en sus propios territorios y administraciones.
La gobernadora Lorena Cuéllar pide que en el ámbito electoral nacional no haya simulaciones, privilegios ni impunidad. En Tlaxcala, esa misma exigencia pasa por esclarecer el caso de Casa de Gobierno y ofrecer soluciones verificables a una crisis de basura que sigue afectando a la población.
ESTADO Y GOBIERNO
SSC REPORTA 173 PUESTAS A DISPOSICIÓN EN OCTUBRE, PERO NO DETALLA CUÁNTAS DERIVARON EN PROCESOS PENALES
LUIS ROMERO
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó 173 puestas a disposición ante autoridades competentes durante octubre, como resultado de los operativos de prevención, vigilancia, investigación e inteligencia desplegados en Tlaxcala.
El balance también incluye la detención de 47 personas por su probable participación en delitos del fuero común o federal, el aseguramiento de seis armas y la recuperación de 99 vehículos con reporte de robo o alteraciones en sus medios de identificación.
Sin embargo, las cifras presentadas por el titular de la dependencia, Alberto Martín Perea Marrufo, durante el Diálogo Circular de la Coordinación de Comunicación, describen principalmente la actividad policial, pero no permiten conocer cuántos casos avanzaron a procesos penales ni cuál fue su impacto en la incidencia delictiva.

173 PUESTAS A DISPOSICIÓN Y 47 DETENIDOS
De acuerdo con el funcionario, las 173 puestas a disposición registradas del 1 al 31 de octubre se distribuyeron de la siguiente manera:
- 136 realizadas por elementos de la Dirección de Seguridad Pública y de la Secretaría de Marina.
- 26 por personal de Caminos y Vialidad.
- 8 por la Dirección de Inteligencia.
- 2 por la Dirección de Investigación.
- 1 por la Policía de Género.
El secretario también informó que durante estas acciones fueron aseguradas seis armas.
Aunque el balance permite dimensionar la participación de las distintas áreas de seguridad, no precisa cuántas de las personas detenidas fueron vinculadas a proceso, cuáles permanecen bajo investigación o cuántos casos concluyeron con una resolución judicial.
Esta distinción es relevante porque una puesta a disposición representa el inicio de una intervención de las autoridades competentes, no una sentencia ni una acreditación definitiva de responsabilidad penal.
NARCOMENUDEO: SEIS CASOS Y 38 DOSIS ASEGURADAS
En el combate al narcomenudeo, la SSC reportó seis puestas a disposición relacionadas con posesión de drogas.
Como resultado, fueron aseguradas 34 dosis de cristal y cuatro de marihuana, con un valor estimado de 17 mil pesos.
El dato ofrece una referencia sobre las intervenciones realizadas, aunque la dependencia no detalló si los casos corresponden a consumidores, presuntos distribuidores o personas vinculadas con estructuras de venta de drogas.
Tampoco se informó sobre posibles investigaciones para identificar redes de distribución o proveedores.
RECUPERACIÓN DE VEHÍCULOS Y PREVENCIÓN DE FRAUDES
Otro de los resultados destacados fue la recuperación de 99 vehículos con reporte de robo o alteraciones en sus medios de identificación.
La cifra representa uno de los principales indicadores del balance mensual, aunque sería importante conocer cuántas unidades fueron efectivamente restituidas a sus propietarios y cuántas permanecen bajo resguardo mientras se realizan las investigaciones correspondientes.
Por su parte, la Policía Cibernética reportó que sus acciones de prevención y atención de ciberdelitos permitieron evitar un daño patrimonial estimado en un millón 216 mil 731 pesos.
La cifra corresponde a pérdidas que, según la dependencia, pudieron evitarse mediante su intervención, por lo que no debe confundirse con dinero recuperado o asegurado.
ESTADO Y GOBIERNO
TLAXCALA APUESTA POR NUEVOS ESPACIOS CULTURALES, PERO ARRASTRA EL ANTECEDENTE DE OBRAS MILLONARIAS INCONCLUSAS
LUIS ROMERO
La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros supervisó los avances del Centro Cultural y Espacio 500 Años “Yolanda Ramos Galicia”, un nuevo recinto en el Centro Histórico de Tlaxcala que contará con biblioteca, salas de exposición, ludoteca, terraza, cafetería y espacios para actividades culturales y recreativas.
El proyecto busca ampliar la oferta cultural para las familias, pero también se incorpora a una serie de obras públicas de gran escala impulsadas en Tlaxcala, en un contexto marcado por inversiones millonarias y por el antecedente de espacios que no llegaron a cumplir los objetivos anunciados.
De acuerdo con información difundida sobre el proyecto, el Centro Cultural se desarrolla en una superficie de mil 267 metros cuadrados y cuenta con una inversión autorizada de 29.8 millones de pesos. En julio pasado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que el recinto albergará en comodato una colección de piezas donadas por la museógrafa Yolanda Ramos Galicia.

NUEVOS RECINTOS, INVERSIONES MILLONARIAS
El Centro Cultural no es el único proyecto de esta administración orientado a la cultura, el entretenimiento y la convivencia.
En septiembre de 2026, el gobierno estatal inició la construcción del auditorio de la Ciudad de la Cultura y el Entretenimiento, con una inversión anunciada de 369.3 millones de pesos y una capacidad proyectada para tres mil personas.
A ello se suma la modernización del recinto ferial, que incluye el Palenque Carlos Rivera y otras áreas destinadas a espectáculos, comercio y actividades recreativas. El secretario de Infraestructura reportó recientemente un costo de 505 millones de pesos para las obras de modernización del recinto y el estacionamiento anexo, cifra superior a los 400 millones mencionados inicialmente por la gobernadora.
Aunque se trata de proyectos con funciones distintas, su dimensión financiera coloca sobre la mesa la importancia de transparentar las inversiones, los plazos de ejecución y los beneficios públicos que se espera obtener.
LA PLAZA BICENTENARIO, UNA ADVERTENCIA
El antecedente más significativo es la Plaza Bicentenario, construida durante el gobierno de Héctor Ortiz Ortiz.
La obra, concebida como un complejo cultural, representó una inversión cercana a los 500 millones de pesos, pero quedó inconclusa y terminó en condiciones de abandono y deterioro, hasta su entrega al Instituto Politécnico Nacional (IPN), durante la administración del gobernador Marco Mena, para instalar un campus.
El caso demuestra que construir un inmueble y destinarle recursos públicos no garantiza, por sí solo, que se convierta en un espacio funcional, accesible y útil para la población. También importan la conclusión de los trabajos, el equipamiento, la operación, el mantenimiento y la programación de actividades.
EL DESAFÍO: QUE LAS OBRAS FUNCIONEN
Durante su recorrido por el Centro Cultural Yolanda Ramos Galicia, Cuéllar Cisneros destacó que el recinto será un punto de encuentro para personas de distintas edades. La propuesta contempla espacios de lectura, exposiciones, proyecciones audiovisuales, talleres y convivencia.
El reto será convertir esa oferta arquitectónica en servicios culturales permanentes y accesibles, con información pública sobre su funcionamiento, presupuesto operativo, actividades y número de beneficiarios.
También será relevante conocer el cumplimiento de los plazos anunciados y garantizar que las instalaciones cuenten con recursos para conservarse en buenas condiciones después de su apertura.
La discusión no consiste únicamente en cuántos espacios nuevos se construyen, sino en cuánto cuestan, si se terminan y qué utilidad tienen para la ciudadanía.

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