LUIS ROMERO

Con indicios de promoción personalizada y posible utilización de recursos públicos para posicionamiento político, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó en la Plaza de Toros Rodolfo Rodríguez “El Pana”, en Apizaco, la celebración por el quinto aniversario de su triunfo electoral, donde expuso los resultados de su administración y proyectó su imagen política.

El acto utilizó el formato de una celebración política para difundir logros gubernamentales, lo que, junto con la entrega de gorras alusivas al evento y la convocatoria de asistentes, mostró que la celebración no se limitó a una presentación de datos institucionales, sino que incorporó elementos que fortalecen una narrativa centrada en el “músculo político” de la mandataria estatal.

Y aunque la realización del evento no acredita por sí misma una infracción electoral, la combinación de su formato, los materiales alusivos, la centralidad de la figura de Cuéllar Cisneros y su proyección hacia el escenario político de 2027 constituye un conjunto de indicios que obliga a revisar el origen de los recursos, la organización, la difusión y el contenido integral de la celebración.

UN FESTEJO TARDÍO CON SELLO PERSONAL

La gobernadora realizó la celebración con cuatro meses de demora respecto de la fecha de su triunfo electoral. En el acto presentó un balance de cinco años de gobierno y sostuvo que su administración atendió rezagos históricos y amplió las oportunidades de desarrollo para las familias tlaxcaltecas.

Cuéllar Cisneros afirmó que cumplió los 300 compromisos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 y concretó más de 7 mil obras y millones de acciones en los 60 municipios.

En salud, destacó la construcción del nuevo Hospital General, la apertura de 15 espacios de atención médica y el próximo inicio del Hospital Regional de Especialidades. También mencionó el Centro de Rehabilitación, Inclusión y Autismo de Tlaxcala (CRIAT).

En educación, reportó la incorporación de 30 bachilleratos y 10 universidades. En materia de bienestar, señaló que se han realizado más de 58 mil acciones de vivienda, servicios básicos y apoyos sociales, además de impulsar la construcción de 12 ciudades para promover la actividad económica.

La mandataria sostuvo que estos resultados se alcanzaron sin contratar deuda y atribuyó a su administración el primer lugar nacional en programas y acciones de bienestar y el segundo en reducción de la pobreza.

Sin embargo, las cifras y afirmaciones expuestas durante el acto corresponden al balance presentado por la titular del Ejecutivo estatal y requieren contrastarse con los indicadores, presupuestos y resultados específicos de cada programa para dimensionar su alcance.

Y aunque las obras y los programas forman parte de las responsabilidades del gobierno, el cuestionamiento en torno a esta celebración está en la forma en que se utilizaron para construir un mensaje político alrededor de la figura de la gobernadora, especialmente tras la definición de la Coordinación Estatal de Morena, que no quedó en manos de su grupo político.

LA AUSENCIA DE CUÉLLAR EN LA CITA NACIONAL DE MORENA

Y mientras la gobernadora encabezaba el festejo en Apizaco, Morena celebraba en la Ciudad de México su VIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional, con la participación de gobernadores, legisladores, consejeros nacionales y militantes del movimiento.

En esa reunión rindieron protesta los 17 coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, figuras que participarán en la organización política del movimiento rumbo a las elecciones de 2027. Y Cuéllar Cisneros no estuvo en esa cita nacional.

Su ausencia adquiere relevancia política porque se suma a la registrada durante la celebración del 15 aniversario de Morena, dos acontecimientos partidistas en los que la gobernadora de Tlaxcala no participó, pese a que en otros momentos su presencia era notoria y cercana a los dirigentes nacionales de movimiento.

Así, en lugar de acompañar a la dirigencia y a las estructuras del partido en la sesión donde se formalizaron las coordinaciones estatales, la mandataria decidió encabezar una celebración propia.

Y aunque la coincidencia de ambos actos no demuestra por sí sola una ruptura con Morena, sí deja un contraste político entre la agenda institucional del partido y la actividad que Cuéllar decidió encabezar en Tlaxcala, derivada de la designación de Ana Lilia Rivera Rivera como coordinadora estatal.

Ese desenlace no correspondió a la expectativa de quienes impulsaban al alcalde capitalino con licencia, Alfonso Sánchez García, la apuesta política de la gobernadora, de cara a la sucesión de 2027.

DOS AGENDAS QUE PLANTEAN DUDAS

En su discurso en Apizaco, Cuéllar aseguró que el último tramo de su administración no será para esperar el final, sino para consolidar los proyectos pendientes. También afirmó que la transformación de Tlaxcala puede apreciarse en las obras, los servicios y los programas ejecutados durante su gestión.

La celebración en Apizaco coincidió con la VIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena, y la coincidencia ha dado pie a interpretaciones sobre la relación de la gobernadora con la dirigencia y los acuerdos internos del partido.

La secuencia plantea dudas sobre la relación entre el ejercicio del gobierno y la dinámica interna de Morena, pues mientras la mandataria defiende los resultados de su administración, el partido avanza en la organización de su estructura para 2027.

Y en este punto, aunque Cuéllar Cisneros subrayó que, en las postrimerías de su gestión, va por “consolidar” los proyectos pendientes, el reto institucional, además de concluir las obras anunciadas, será garantizar que la comunicación de sus resultados se mantenga dentro de las reglas que separan la función pública de la promoción política.

LUIS ROMERO

Durante 2026, 18 donaciones permitieron procurar 43 órganos y tejidos en Tlaxcala, informó el director del Centro Estatal de Trasplantes, Alejandro Juárez Conde.

De ese total, se obtuvieron 31 córneas, ocho riñones y cuatro hígados, lo que representa oportunidades de tratamiento para personas que requieren un trasplante.

Sin embargo, la demanda continúa.

Actualmente, nueve personas esperan un riñón y cinco una córnea, de acuerdo con el funcionario.

Durante este año se han realizado cuatro trasplantes renales. Los pacientes tenían una edad promedio de 34.2 años y habían esperado, en promedio, 3.4 años para recibir un órgano.

Dos de los procedimientos utilizaron riñones provenientes de donantes vivos y los otros dos de personas fallecidas.

DONAR PUEDE SIGNIFICAR VARIAS OPORTUNIDADES DE VIDA

De las 18 donaciones registradas durante el año, cinco correspondieron a personas con muerte encefálica, lo que permitió realizar procuraciones multiorgánicas.

Las otras 13 fueron donaciones de tejidos después del fallecimiento por paro cardiaco.

El proceso comienza con la identificación y evaluación médica de un potencial donante y la verificación del consentimiento familiar conforme a la legislación vigente.

Posteriormente, equipos especializados realizan la procuración y los órganos y tejidos son asignados a receptores bajo criterios médicos y legales, para finalmente ser trasplantados en hospitales autorizados.

En Tlaxcala existen nueve hospitales autorizados para realizar procedimientos relacionados con trasplantes, cuya operación es supervisada por el Centro Estatal de Trasplantes.

LA ENFERMEDAD RENAL PUEDE AVANZAR SIN SÍNTOMAS

Más allá de las cifras de donación, el Centro Estatal de Trasplantes advierte sobre un problema que puede crecer antes de que el paciente llegue a necesitar un órgano.

La enfermedad renal crónica suele avanzar durante sus primeras etapas sin síntomas evidentes, por lo que algunas personas descubren el deterioro de su función renal cuando ya existen complicaciones.

El problema está estrechamente relacionado con enfermedades como la diabetes y la hipertensión arterial, dos de los principales factores asociados con el daño renal.

Juárez Conde estimó que la enfermedad renal crónica afecta aproximadamente al 9 por ciento de la población mundial, mientras que en México la prevalencia podría alcanzar hasta 15 por ciento.

Por ello, la prevención puede ser tan importante como la disponibilidad de órganos para trasplante.

Detectar oportunamente alteraciones en la función renal y mantener bajo control la glucosa y la presión arterial puede ayudar a retrasar la progresión de la enfermedad y reducir el riesgo de llegar a tratamientos de reemplazo renal, como diálisis, hemodiálisis o trasplante.

TLAXCALA CUBRE EL TRASPLANTE Y LA INMUNOSUPRESIÓN

Otro aspecto destacado por el funcionario es que Tlaxcala se encuentra entre las entidades que ofrecen cobertura integral de los gastos asociados al trasplante para los pacientes atendidos bajo este esquema.

El Gobierno del Estado y IMSS-Bienestar asumen tanto los costos del procedimiento como el tratamiento de inmunosupresión necesario para evitar el rechazo del órgano.

El dato es relevante porque recibir un órgano no representa el final del tratamiento. La supervivencia del injerto requiere seguimiento médico permanente y medicamentos inmunosupresores.

EL MENSAJE ES DONAR, PERO TAMBIÉN PREVENIR

El balance del Centro Estatal de Trasplantes deja dos mensajes distintos.

El primero es que 18 donaciones pueden convertirse en decenas de oportunidades de tratamiento, como ocurrió con los 43 órganos y tejidos procurados durante el año.

El segundo es que la prevención sigue siendo fundamental.

Las personas con diabetes, hipertensión u otros factores de riesgo deben realizar periódicamente estudios de glucosa, orina y función renal, además de vigilar su presión arterial y mantener seguimiento médico, pues mientras la donación puede darle una segunda oportunidad a quien ya necesita un órgano, la detección temprana puede evitar que otros pacientes lleguen a necesitarlo.

LUIS ROMERO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana del Estado de Tlaxcala que establecían requisitos para acceder a cargos dentro de las instituciones de seguridad pública, al considerar que algunas de esas condiciones resultaban desproporcionadas, mientras que otras se sustentaban en conceptos vagos y subjetivos.

El Pleno también invalidó diversas disposiciones relacionadas con la creación y operación de una base estatal de información criminal, al considerar que la regulación del Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública corresponde al Congreso de la Unión y que su operación es competencia federal.

La resolución establece, sin embargo, una diferencia importante: la Corte sí reconoció como constitucionalmente válidos determinados requisitos de permanencia para quienes ya forman parte de las instituciones de seguridad pública.

NO HABER SIDO CONDENADO: UN REQUISITO DEMASIADO AMPLIO

Entre las disposiciones invalidadas se encuentran porciones de los artículos 17, 118 y 120 de la legislación estatal.

La Corte consideró inconstitucionales los requisitos que impedían el acceso a determinados cargos por el solo hecho de:

• Haber sido condenado por un delito doloso.
• Estar sujeto a un proceso penal.
• Estar sujeto a un procedimiento de responsabilidad administrativa.

El problema, de acuerdo con el criterio del Alto Tribunal, no es que el Estado pueda establecer condiciones para garantizar la idoneidad de quienes desempeñan funciones de seguridad.

El problema está en establecer prohibiciones generales que impidan valorar las circunstancias particulares de cada caso.

Entre los elementos que podrían resultar relevantes están la naturaleza y gravedad de la conducta, el tiempo transcurrido, el cumplimiento de la sanción y la relación que pudiera existir entre el antecedente y las funciones del cargo.

En otras palabras, la Corte consideró que un antecedente no puede operar automáticamente como una barrera absoluta para acceder a un cargo público sin tomar en cuenta el contexto específico.

“MODO HONESTO DE VIVIR”: RECHAZO A CONCEPTOS SUBJETIVOS

Otro de los puntos centrales de la resolución fue la invalidez de disposiciones que exigían “tener modo honesto de vivir” y “ser de notoria buena conducta”.

La SCJN consideró que estas expresiones carecen de parámetros suficientemente objetivos para determinar cuándo una persona cumple o no con ellas.

El problema constitucional radica en que su aplicación puede quedar sujeta a la valoración personal de quien evalúa al aspirante.

La Corte ya ha sostenido en otros asuntos que la expresión “modo honesto de vivir” presenta problemas de ambigüedad y subjetividad cuando se utiliza como requisito legal para acceder a un cargo público.

En el caso de Tlaxcala, el Pleno aplicó esa lógica a los cargos dentro de instituciones de seguridad pública.

Por ello, fueron invalidadas las disposiciones correspondientes de los artículos 17, fracción II; 151, fracciones II y VII, y, por extensión, el artículo 118, fracción I, letra b.

VALIDAN CONTROLES PARA QUIENES YA SON POLICÍAS

La resolución no significa que desaparezcan los controles de probidad, confianza o idoneidad dentro de las instituciones de seguridad pública.

Por el contrario, la SCJN reconoció la validez de los artículos 20 y 120, fracción II, letra a, relativos a requisitos de permanencia.

La diferencia está en que una persona que ya pertenece a una institución de seguridad pública se encuentra en una situación distinta a quien pretende ingresar a ella.

Para quienes ya desempeñan estas funciones, la Corte consideró constitucionalmente válido exigir condiciones relacionadas con la probidad, confianza e idoneidad necesarias para continuar en un puesto vinculado con la seguridad pública.

Así, el criterio establece una distinción entre:

ACCESO: no pueden imponerse barreras desproporcionadas o sustentadas en conceptos subjetivos.

PERMANENCIA: sí pueden establecerse condiciones relacionadas con la confianza y la idoneidad para continuar desempeñando funciones de seguridad.

TAMBIÉN CAE LA BASE ESTATAL DE INFORMACIÓN CRIMINAL

Otro de los puntos relevantes de la sentencia fue la invalidez del artículo 221 de la ley estatal y, por extensión, de los artículos 222, 222 Bis y 223.

Estas disposiciones contemplaban la creación y regulación de una base estatal de datos sobre personas imputadas, acusadas o sentenciadas.

La propia legislación establecía que la base contendría información individual y estadística sobre investigaciones, detenciones, órdenes de aprehensión, sentencias, ejecución de penas y reincidencia.

La SCJN determinó que esta materia se encuentra vinculada con el Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública, cuya regulación corresponde al Congreso de la Unión.

Por ello, el Congreso de Tlaxcala no podía establecer por sí mismo un sistema estatal con las características previstas en esas disposiciones.

¿QUÉ CAMBIA CON LA RESOLUCIÓN?

La sentencia establece límites para que el Congreso estatal diseñe requisitos de ingreso a las instituciones de seguridad pública.

A partir del criterio de la Corte, no basta con establecer una prohibición general basada en antecedentes penales, procesos en curso o procedimientos administrativos.

Tampoco resulta constitucionalmente suficiente utilizar conceptos como “modo honesto de vivir” o “notoria buena conducta” sin parámetros objetivos que permitan determinar su cumplimiento.

Al mismo tiempo, la sentencia no elimina la posibilidad de establecer controles de confianza, requisitos de idoneidad o condiciones para la permanencia de quienes ya forman parte de las instituciones de seguridad pública.

Y respecto de la información criminal, la resolución delimita las competencias entre el ámbito estatal y el federal.