LUIS ROMERO

Con el objetivo de fortalecer la atención a la ciudadanía y mejorar las condiciones para la impartición de justicia, el Poder Judicial de Tlaxcala inauguró la nueva sede de los Juzgados de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, espacio que permitirá ampliar la capacidad operativa en materia penal y atender una creciente demanda de servicios judiciales.

La ceremonia fue encabezada por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, Fanny Margarita Amador Montes, acompañada por el presidente del Órgano de Administración Judicial, Sergio Pérez George, y la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Violeta Fernández Vázquez, quienes realizaron el corte de listón inaugural de las nuevas instalaciones.

BUSCAN RESPONDER A LA CRECIENTE DEMANDA DE JUSTICIA PENAL

Durante el evento, Fanny Margarita Amador Montes señaló que la apertura de esta nueva sede representa una respuesta a las necesidades operativas y de infraestructura que enfrenta actualmente el sistema de justicia penal en Tlaxcala.

La magistrada destacó que el inmueble permitirá albergar a cuatro jueces especializados en materia penal, fortaleciendo la capacidad institucional para atender audiencias, procesos judiciales y requerimientos relacionados con el sistema acusatorio.

«Estas instalaciones representan un paso fundamental para fortalecer el Poder Judicial y brindar mejores condiciones tanto a quienes laboran en la institución como a las personas que acuden en busca de justicia», expresó.

NUEVOS JUECES SE INCORPORAN AL SISTEMA

Como parte del fortalecimiento institucional, la presidenta del TSJE informó que recientemente fueron designados la jueza Nancy Moreno Vázquez y el juez Aurelio Piantzi Tlilayatzi, quienes se integrarán a las labores jurisdiccionales en esta nueva sede.

La incorporación de más personal judicial busca contribuir a una atención más ágil y eficiente para la ciudadanía, especialmente en procedimientos penales donde los tiempos de resolución suelen ser determinantes para las partes involucradas.

APUESTAN POR UNA JUSTICIA MÁS CERCANA Y EFICIENTE

Por su parte, Sergio Pérez George afirmó que la inauguración simboliza el compromiso institucional de fortalecer el Estado de derecho y acercar los servicios judiciales a la población.

El presidente del OAJ destacó que la nueva infraestructura permitirá optimizar procesos jurisdiccionales y ofrecer espacios más accesibles, seguros y funcionales para usuarios, abogados, víctimas, imputados y servidores públicos.

«Cada avance en infraestructura representa un paso firme para mejorar el acceso a la justicia y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones», sostuvo.

INFRAESTRUCTURA JUDICIAL, UNO DE LOS RETOS DEL SISTEMA

La apertura de nuevos espacios judiciales ocurre en un contexto en el que diversos sectores han señalado la necesidad de fortalecer la capacidad operativa de los tribunales para atender el crecimiento de los asuntos penales y garantizar procesos más ágiles.

Además de mejorar las condiciones de trabajo para jueces y personal administrativo, este tipo de inversiones buscan reducir rezagos y ofrecer una atención más digna a las personas que participan en procedimientos judiciales.

ASISTEN AUTORIDADES DEL SISTEMA DE JUSTICIA

A la inauguración acudieron representantes de diversas instituciones relacionadas con la procuración e impartición de justicia, entre ellos la vicefiscal general de Justicia del Estado, Liz Aurora Sánchez Fuentes; el presidente de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes, Ricardo Rodolfo Trejo Ortiz; la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos de Tlaxcala, Mónica Yazmín Jiménez Gutiérrez; así como autoridades de la Defensoría Pública, magistrados, jueces y funcionarios del Poder Judicial.

La nueva sede comenzará operaciones con el objetivo de fortalecer la atención en materia penal y contribuir a una justicia más eficiente para las y los tlaxcaltecas.

LUIS ROMERO

El Gobierno del Estado enfrenta uno de los conflictos socioambientales más delicados de los últimos meses en Atlangatepec, luego de que habitantes de la comunidad de San Pedro Ecatepec acusaran que el proyecto del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI) avanzó en su gestión, autorización y respaldo institucional antes de que existiera un proceso efectivo de información y participación ciudadana.

La inconformidad se hizo evidente durante la primera mesa de diálogo convocada por autoridades estatales y federales, donde pobladores rechazaron abiertamente el proyecto y cuestionaron la forma en que se ha conducido el proceso.

RECHAZO ABIERTO DURANTE LA PRIMERA MESA DE DIÁLOGO

Entre consignas de “¡No los queremos!”, habitantes de San Pedro Ecatepec recibieron a funcionarios estatales que acudieron a explicar los alcances del proyecto.

La principal exigencia de la comunidad es contar con información completa sobre los alcances ambientales, sociales y económicos del PODECIBI, así como mecanismos reales de participación antes de que continúe cualquier procedimiento relacionado con su instalación.

Sin embargo, reprocharon que las autoridades intenten socializar un proyecto que, desde su perspectiva, ya fue decidido en los hechos.

Al término del encuentro, videos difundidos por asistentes muestran la salida de representantes de la Dirección de Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) y el Fideicomiso de la Ciudad Industrial Xicohténcatl (FIDECIX), mientras los pobladores manifestaban su rechazo.

EL GOBIERNO DICE QUE NO HAY PROYECTO DEFINIDO

Durante la reunión, el secretario de Medio Ambiente, Pedro Aquino Alvarado, sostuvo que actualmente no existe un proyecto ejecutivo concluido y que aún deben desarrollarse estudios técnicos y ambientales que permitan determinar la viabilidad de cualquier infraestructura.

Según la postura oficial, una vez concluidas esas evaluaciones podrían definirse las características del proyecto y establecerse procesos de participación pública.

No obstante, las explicaciones no modificaron la postura de los habitantes, quienes reiteraron su rechazo y cuestionaron por qué el gobierno comenzó a promover el PODECIBI sin haber construido previamente consensos con la población directamente involucrada.

La reunión concluyó sin acuerdos concretos y dejó en evidencia la desconfianza de la comunidad en las autoridades.

SEGOB: EL PROYECTO VA PORQUE YA TIENE RESPALDO FEDERAL

Lejos de enviar una señal de apertura respecto a las preocupaciones ciudadanas, el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, aseguró el pasado fin de semana que el Polo de Economía Circular seguirá adelante porque cuenta con respaldo y autorizaciones federales.

El funcionario sostuvo que el proyecto forma parte de la estrategia para sustituir gradualmente los tiraderos a cielo abierto y construir un nuevo esquema de gestión de residuos sólidos en la entidad.

También rechazó tener vínculos con empresas interesadas en participar en la futura licitación para la construcción y operación del complejo.

Empero, sus declaraciones dejaron una interrogante: si el proyecto ya cuenta con avales institucionales y respaldo gubernamental, ¿qué margen real existe para que las opiniones de la comunidad modifiquen o frenen la iniciativa, como supuestamente se pretende en las mesa de diálogo convocadas por las propias autoridades?

LAS CONTRADICCIONES OFICIALES

A la controversia se sumó una nueva inconsistencia en el discurso gubernamental.

Mientras el coordinador de Comunicación Social, Antonio Martínez Velázquez, afirmó que el proyecto se encuentra en una fase de estudios ambientales y que no existe ninguna obra en proceso, la declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) presenta un escenario distinto.

El acuerdo, firmado por la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, y vigente desde el 9 de julio de 2026, establece que la evaluación realizada por la Subsecretaría de Desarrollo Sostenible y Economía Circular determinó que el predio de más de 20 hectáreas ubicado en la ex Hacienda de San Pedro Ecatepec no presenta restricciones ecológicas que impidan el desarrollo del proyecto, por lo que fue considerado ambientalmente viable.

La diferencia entre afirmar que aún se realizan estudios y contar con una declaratoria federal de viabilidad ambiental nutre las dudas entre los habitantes y organizaciones que cuestionan la transparencia del proceso.

CONSULTA INDÍGENA: OTRO PUNTO DE FRICCIÓN

Otro de los elementos que ha generado inconformidad es la determinación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) de que no existen comunidades indígenas susceptibles de afectación directa por el proyecto, por lo que no resultaba procedente una consulta previa, libre e informada.

Aunque jurídicamente la resolución despejó un requisito administrativo, socialmente fortaleció la percepción de que el proyecto avanza sin mecanismos amplios de consulta ciudadana.

Para los habitantes de Ecatepec, el problema ya no se limita al contenido del PODECIBI, sino a la forma en que las autoridades han conducido el proceso, al amparo de la determinación del INPI, que sirvió de justificación para no consultar el proyecto en la localidad.

UN CONFLICTO SIN SOLUCIÓN INMEDIATA

El Gobierno del Estado ha presentado el PODECIBI como una pieza estratégica para modernizar el manejo de residuos y avanzar hacia un modelo de economía circular, pero la resistencia comunitaria evidencia que la viabilidad técnica o jurídica no garantiza su aceptación social.

Pese a que el proyecto tiene autorizaciones federales y respaldo institucional, crece la percepción entre los habitantes de San Pedro Ecatepec de que las decisiones se tomaron antes de que fueran escuchados, propiciando un ambiente de resistencia social.

En un intento por reducir la presión mediática, el coordinador de Comunicación, Antonio Martínez, acusó a actores identificados con el dirigente de Movimiento Ciudadano, Delfino Suárez, de difundir información falsa para generar inconformidad entre los habitantes, aunque la propia población lo ha desmentido.

Por ello, el principal desafío para el gobierno que encabeza Lorena Cuéllar Cisneros ya no es demostrar que el proyecto es legal o ambientalmente viable, sino convencer a una comunidad que considera que fue excluida de una decisión que impactará directamente su territorio y bienestar.

LUIS ROMERO

Apenas cinco días después de que el Gobierno de Tlaxcala recibió formalmente los resultados del Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), un indicador institucional fue presentado públicamente como un logro asociado al trabajo de las instituciones encabezadas por las hijas de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

El pasado 10 de junio, la Coordinación General de Planeación e Inversión (CGPI) informó que Tlaxcala destacó a nivel nacional al registrar 108 programas y acciones de desarrollo social, cifra que colocó a la entidad en el primer lugar del país dentro de este rubro.

Sin embargo, la presentación institucional del resultado quedó rápidamente desplazada por una narrativa centrada en el papel del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) y de la Secretaría de Bienestar, organismos vinculados políticamente al círculo más cercano de la mandataria estatal.

DEL RESULTADO INSTITUCIONAL AL PROTAGONISMO FAMILIAR

Este día, la presidenta honorífica del SEDIF, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, afirmó que Tlaxcala ocupa el primer lugar nacional en programas y acciones de desarrollo social y destacó que 49 de los 108 programas contabilizados por el INEGI son operados por la institución que encabeza.

Según explicó, el organismo aporta aproximadamente el 35 por ciento del indicador estatal.

«Más allá de un número, de ser el primer lugar por segundo año consecutivo, esto marca de forma trascendental la vida de muchas familias en Tlaxcala», sostuvo.

En paralelo, la secretaria de Bienestar, María Estela Álvarez Corona, señaló que la dependencia a su cargo beneficia a más de 220 mil personas al año y destacó la amplitud de las estrategias sociales implementadas por la administración estatal.

No obstante, el dato presentado por el INEGI corresponde al conjunto de acciones desarrolladas por 19 dependencias estatales, no únicamente a las instituciones vinculadas con la política social que encabezan integrantes de la familia de la mandataria estatal.

EL CENSO MIDE CANTIDAD, NO IMPACTO

Otro elemento que quedó fuera de la narrativa oficial es que el indicador destacado por las autoridades se refiere al número de programas y acciones registradas por el gobierno estatal dentro del censo.

Es decir, el reconocimiento se relaciona con la cantidad de estrategias reportadas por la administración pública y no necesariamente con una evaluación sobre su eficacia, cobertura, resultados o impacto en la reducción de la pobreza y las desigualdades sociales.

El propio censo contempla diversos apartados relacionados con estructura gubernamental, transparencia, protección civil, asistencia social, derechos sociales y bienestar económico, entre otros indicadores administrativos.

SIN ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE COMUNICACIÓN

La forma en que fue difundida la información también evidenció la ausencia de una estrategia institucional clara para comunicar los resultados del ejercicio estadístico nacional.

Mientras la CGPI presentó originalmente los datos como un resultado global de la administración estatal, días después el énfasis se trasladó hacia organismos encabezados por Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar y hacia el entorno político de Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar, presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social.

La situación abre cuestionamientos sobre el uso político de indicadores institucionales elaborados por organismos autónomos como el INEGI y sobre la tendencia a personalizar resultados que corresponden al funcionamiento de múltiples dependencias públicas financiadas con recursos estatales.

MÁS PROGRAMAS… Y RETOS SOCIALES

Aunque el gobierno estatal presume el liderazgo nacional en número de programas sociales, persisten desafíos estructurales en municipios con altos niveles de pobreza y rezago social.

Paradójicamente, varias de las demarcaciones identificadas por las propias autoridades como prioritarias —entre ellas El Carmen Tequexquitla, Tlaxco, Calpulalpan y Chiautempan— siguen enfrentando carencias en materia de ingresos, servicios públicos y acceso a oportunidades.

En ese contexto, el número de programas sociales existentes en la entidad abre el debate sobre su efectividad para transformar las condiciones de vida de la población, y al mismo tiempo abre cuestionamientos sobre la manera en que los resultados institucionales se convertirse en herramientas de promoción política de funcionarios o familiares de quienes ejercen el poder.