AVALA CONGRESO LOCAL PROPUESTA DE GOBERNADORA PARA CASTIGAR CON MULTAS Y CÁRCEL A PRESTAMISTAS

LUIS ROMERO  

En sesión ordinaria, el Congreso del Estado aprobó la iniciativa presentada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, a fin de tipificar conductas delictivas conocidas como “cobro indebido”, “gota a gota” y “cobro de piso”, estableciendo sanciones para cada una de estas prácticas, a fin de responder a una de las actuales demandas de la ciudadanía en diferentes municipios.

Por unanimidad de votos, las y los diputados locales reconocieron la importancia de la propuesta de la titular del Poder Ejecutivo, en respuesta al aumento de prácticas delictivas que afectan la economía y seguridad ciudadana, en particular el sistema de cobro “Gota a Gota”.

Este esquema se caracteriza por préstamos informales con tasas de interés exorbitantes y el uso de intimidación, y es un problema detectado en municipios como Apizaco, Tzompantepec, San Pablo del Monte y Calpulalpan.

Con el aval del Pleno, se establece una sanción clara y específica para el delito de “cobro indebido” y sus modalidades en el Estado de Tlaxcala.

Así, quien obligue a otra persona, mediante amenazas o violencia física o moral, a realizar una acción u omisión relacionada con una obligación civil o mercantil para obtener un pago o beneficio, enfrentará una pena de 10 a 15 años de prisión y una multa de 2,000 a 3,000 UMAs.

 Esta pena se incrementará hasta en una mitad si el delito es cometido por servidores públicos, miembros de empresas de seguridad privada, a través de medios electrónicos, con armas o instrumentos de amenaza, contra menores de 18 años o adultos mayores de 60, desde centros penitenciarios o causando daños, entre otros supuestos.

 Asimismo, se sancionará con 1 a 7 años de prisión y multa de 5,000 a 8,000 UMAs a quien, sin autorización de las autoridades financieras, otorgue préstamos o créditos aprovechándose de la necesidad económica o el desconocimiento de las personas, imponiendo garantías o ventajas desproporcionadas.

Esta pena se incrementará hasta en una mitad si se emplean medios coactivos, intimidación o amenazas.

También se castigará con 1 a 4 años de prisión y multa de 2,000 a 3,000 UMAs el uso de medios ilícitos o actos de hostigamiento para cobrar deudas civiles o mercantiles. Además, se aplicarán sanciones adicionales si se emplean documentos falsos o se usurpan funciones públicas o profesionales.

Tras la aprobación de estas adiciones al Código Penal del Estado, el Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.