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CÁRCELES DE TLAXCALA, CON FOCOS AMARILLOS EN DERECHOS HUMANOS: DNSP 2019

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Semáforo amarillo

En el último año, Tlaxcala mejoró las condiciones de atención a los derechos humanos de la población recluida en sus prisiones.

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2018, a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), indica que subió del octavo al quinto lugar, dentro del ranking nacional, al pasar de una calificación de 6.99 –la más baja desde 2011- a 7.45 –la mejor desde 2013-.

Sin embargo, esta calificación se considera dentro del semáforo amarillo –calificación menor a 8.0 pero mayor a 6.0-, debido a que hay deficiencias reiteradas en sus dos cárceles que requieren ser atendidas.

FORTALEZAS

El Centro de Reinserción Social (Cereso) de Apizaco registró una nota al alza de 7.51. Actualmente, recluye a 277 hombres y 49 mujeres, lo que está muy por debajo de su capacidad –que es de 424 y 82, respectivamente-.

Por su parte, el Cereso de Tlaxcala tuvo una calificación de 7.39, y tampoco muestra problemas de sobrepoblación, pues, aunque su capacidad es de 472 hombres, solo alberga 259.

En ambos se consideraron apropiadas la alimentación y las condiciones materiales e higiene de cocina, comedores, instalaciones del área médica y para la comunicación con el exterior.

También, la integración del expediente técnico-jurídico, la integración y funcionamiento del Comité Técnico, la separación entre procesados y sentenciados, y las actividades educativas, tendientes a garantizar la reinserción social del interno. Inclusive, la atención a personas que viven con VIH/SIDA.

ÁREAS DE OPORTUNIDAD

Durante la supervisión, la CNDH detectó que es importante prestar atención en los aspectos que garantizan la integridad personal del interno, debido a que hay una falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de detección, además de que hay una insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos.

Para garantizar una estancia digna, se deben corregir las deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad; y para fortalecer las condiciones de gobernabilidad y reinserción social del interno, se tiene que atender las insuficiencias de personal de seguridad y custodia, y de actividades laborales y de capacitación, respectivamente.

SITUACIÓN NACIONAL

El DNSP 2018, que busca contribuir a la construcción de políticas públicas tendentes a garantizar el respeto de los derechos humanos de los internos en México, se realizó sobre una muestra total de 199 instituciones penitenciarias de las 308 que se encontraban en funcionamiento hasta diciembre de 2018, con lo cual se abarcó el 65% de los centros de reclusión del país.

Su programación se realizó sobre una muestra de 165 centros penitenciarios dependientes de gobiernos locales (varoniles, mixtos y femeniles), es decir, el 59% de un total de dos mil 803 existentes en el territorio nacional.

Y la población privada de la libertad en dichos reclusorios, al día de la visita de la CNDH, fue de 164 mil 094 personas, lo que corresponde al 91% del total de la población recluida en centros estatales

La calificación nacional de las prisiones en 2018 fue de 6.45, con lo cual se tiene una calificación a nivel general ascendente en los últimos cuatro periodos evaluados.

Prevalecen las deficiencias

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