En el último año, Tlaxcala
mejoró las condiciones de atención a
los derechos humanos de la población recluida en sus prisiones.
El Diagnóstico
Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2018, a cargo de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), indica que subió del octavo al quinto lugar, dentro del ranking nacional, al
pasar de una calificación de 6.99 –la
más baja desde 2011- a 7.45 –la mejor
desde 2013-.
Sin embargo, esta calificación se considera dentro del semáforo amarillo –calificación menor a
8.0 pero mayor a 6.0-, debido a que hay deficiencias
reiteradas en sus dos cárceles que requieren ser atendidas.
FORTALEZAS
El Centro de
Reinserción Social (Cereso) de
Apizaco registró una nota al alza de
7.51. Actualmente, recluye a 277 hombres
y 49 mujeres, lo que está muy por debajo de su capacidad –que es de 424 y 82,
respectivamente-.
Por su parte, el Cereso
de Tlaxcala tuvo una calificación de
7.39, y tampoco muestra problemas de sobrepoblación, pues, aunque su
capacidad es de 472 hombres, solo
alberga 259.
En ambos se consideraron apropiadas la alimentación
y las condiciones materiales e higiene
de cocina, comedores, instalaciones del área médica y para la comunicación con
el exterior.
También, la integración
del expediente técnico-jurídico, la integración y funcionamiento del Comité Técnico, la separación entre procesados y sentenciados, y las actividades educativas, tendientes a garantizar
la reinserción social del interno. Inclusive,
la atención a personas que viven con
VIH/SIDA.
ÁREAS DE OPORTUNIDAD
Durante la supervisión, la CNDH detectó que es importante prestar
atención en los aspectos que garantizan la
integridad personal del interno, debido a que hay una falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de detección, además
de que hay una insuficiencia de
programas para la prevención y atención de incidentes violentos.
Para garantizar una estancia
digna, se deben corregir las deficientes
condiciones materiales e higienede
instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad; y para
fortalecer las condiciones de gobernabilidad
y reinserción social del interno, se tiene que atender las insuficiencias de personal de seguridad y
custodia, y de actividades laborales
y de capacitación, respectivamente.
SITUACIÓN NACIONAL
El DNSP
2018, que busca contribuir a la construcción
de políticas públicas tendentes a garantizar
el respeto de los derechos humanos de los internos en México, se realizó
sobre una muestra total de 199
instituciones penitenciarias de las 308 que se encontraban en
funcionamiento hasta diciembre de 2018, con lo cual se abarcó el 65% de los centros de reclusión del país.
Su programación se realizó sobre una muestra de 165 centros penitenciarios dependientes de gobiernos
locales (varoniles, mixtos y femeniles), es decir, el 59% de un total de dos mil 803 existentes en el territorio nacional.
Y la población
privada de la libertad en dichos reclusorios, al día de la visita de la
CNDH, fue de 164 mil 094 personas,
lo que corresponde al 91% del total
de la población recluida en centros estatales
La calificación nacional de las prisiones en 2018 fue de 6.45, con lo cual se tiene una calificación a nivel general ascendente en los últimos cuatro periodos evaluados.