CONGRESO DE TLAXCALA ENTREGA CUENTA PÚBLICA 2026; ASEGURAN MANEJO “ORDENADO Y TRANSPARENTE” DE RECURSOS

LUIS ROMERO

El Congreso del Estado de Tlaxcala entregó la cuenta pública correspondiente al primer trimestre de 2026, en un acto encabezado por el presidente del Comité de Administración, el diputado Vicente Morales Pérez, quien aseguró que el ejercicio del gasto se realizó conforme a la ley y bajo criterios de transparencia.

La entrega incluye el uso de recursos públicos de enero, febrero y marzo, en cumplimiento con la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala.

ASEGURAN CUMPLIMIENTO LEGAL EN EL USO DEL PRESUPUESTO

Durante el acto, Morales Pérez sostuvo que la comprobación del gasto se realizó con base en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que —afirmó— permite garantizar un uso responsable de los recursos públicos.

“El presupuesto se ha ejercido de manera ordenada y conforme a la normatividad vigente”, señaló.

TRANSPARENCIA, UNA EXIGENCIA CIUDADANA

Por su parte, el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, Bladimir Zainos Flores, destacó que este tipo de procesos buscan dar certeza a la ciudadanía sobre cómo se manejan los recursos públicos.

Subrayó que el Congreso tiene la obligación de informar de manera clara y oportuna, en un contexto donde la rendición de cuentas es uno de los principales reclamos sociales hacia las instituciones.

PROCESO ADMINISTRATIVO Y ENTREGA FORMAL

En el acto también participó el secretario administrativo, Gonzalo Guízar Vázquez, quien reconoció el trabajo coordinado entre áreas técnicas y la comisión encargada de la fiscalización.

La cuenta pública fue recibida formalmente por el secretario técnico de la comisión, Adrián Morales Luna, como parte del proceso institucional de revisión.

¿QUÉ SIGUE?

Tras su entrega, la cuenta pública deberá ser analizada para verificar que el ejercicio del gasto cumpla con los principios de legalidad, eficiencia y transparencia, proceso necesario para detectar posibles irregularidades o confirmar el uso adecuado de los recursos públicos.