EN DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, ACUSAN AL GOBIERNO DE TLAXCALA DE PROFUNDIZAR LA DEVASTACIÓN AMBIENTAL

LUIS ROMERO

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Asamblea Comunitaria Socioambiental de Tlaxcala lanzó un severo pronunciamiento contra el gobierno estatal encabezado por Lorena Cuéllar Cisneros y diversos ayuntamientos, a quienes acusó de impulsar proyectos que agravan la crisis ambiental de la entidad mientras persisten la contaminación, el deterioro de ecosistemas y la falta de participación ciudadana en la toma de decisiones.

Las organizaciones, entre las que destaca el Centro Fray Julián Garcés, señalaron que, pese a los anuncios oficiales sobre saneamiento, economía circular y protección ambiental, en Tlaxcala continúan prevaleciendo acciones que profundizan la devastación socioambiental, particularmente en la Cuenca del Alto Atoyac, considerada una de las regiones más afectadas por la contaminación industrial en el país.

«No existen políticas públicas efectivas para sanear la cuenca ni para alcanzar la justicia socioambiental que las comunidades han exigido durante décadas», sostuvieron.

SEÑALAN PROYECTOS OFICIALES QUE PODRÍAN AGRAVAR LA CONTAMINACIÓN

Entre las principales críticas destaca la construcción de la denominada Ciudad Administrativa y la Ciudad del Entretenimiento en los municipios de Yauhquemehcan y Amaxac de Guerrero, cuyos residuos, advirtieron, terminarían descargándose en afluentes locales con potencial impacto en la salud pública, el medio ambiente y las actividades productivas.

Asimismo, denunciaron la descarga permanente de aguas residuales municipales e industriales en barrancas conectadas con la Laguna de Acuitlapilco, un ecosistema que enfrenta degradación acelerada por contaminación, invasión de zonas federales, tala, introducción de especies invasoras y obras realizadas sin los permisos ambientales correspondientes.

CRITICAN EL MANEJO DE LA BASURA Y ADVIERTEN COLAPSO DEL MODELO ACTUAL

La Asamblea también cuestionó la estrategia estatal de residuos sólidos tras el cierre de los tiraderos de Huamantla y Panotla, situación que concentró la disposición final de basura en los complejos de Nanacamilpa y Atlangatepec.

A juicio de las organizaciones, la saturación recurrente de estos sitios demuestra que el modelo tradicional de recolección, traslado y confinamiento de residuos «ha llegado a su límite», como quedó evidenciado recientemente con las interrupciones en el servicio de recolección que afectaron a decenas de municipios.

RECHAZAN POLO DE ECONOMÍA CIRCULAR Y PROYECTOS IMPUESTOS

Otro de los señalamientos apunta al proyecto del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar que se pretende instalar en la comunidad de San Pedro Ecatepec, municipio de Atlangatepec.

Los integrantes de la Asamblea sostienen que el proyecto ha sido promovido sin información suficiente, consulta previa ni consentimiento comunitario, bajo una narrativa de desarrollo que, afirman, podría traducirse en nuevas afectaciones ambientales y sanitarias para la población local.

De igual forma, acusaron intentos de imponer obras públicas sin el aval de las comunidades, como el proyecto para construir infraestructura hospitalaria del Instituto Mexicano del Seguro Social en terrenos deportivos de Guadalupe Ixcotla, en Chiautempan, pese a que la comunidad ya manifestó su rechazo mediante asamblea.

ACUSAN OMISIONES EN LA MATLALCUÉYETL Y ORDENAMIENTOS TERRITORIALES

El pronunciamiento también responsabiliza a autoridades federales, estatales y municipales por la falta de acciones efectivas para detener la tala clandestina, la extracción de materiales pétreos y el crecimiento inmobiliario en la Matlalcuéyetl.

Incluso denunciaron presuntos actos de colusión, bloqueo a la participación ciudadana y criminalización de defensores ambientales en municipios como San Francisco Tetlanohcan.

A ello se suma el rechazo a diversos proyectos de ordenamiento territorial que actualmente se discuten en municipios del estado, los cuales —afirman— privilegian la urbanización por encima de la protección ambiental y han sido elaborados sin mecanismos efectivos de consulta ciudadana.

EXIGEN PASAR DE LOS DISCURSOS A LAS ACCIONES

Frente a este panorama, las organizaciones exigieron que las industrias eliminen las sustancias tóxicas detectadas en la cuenca, que se reactive el funcionamiento adecuado de las plantas de tratamiento, que se fortalezcan los programas municipales de gestión de residuos y que se decrete a la Laguna de Acuitlapilco como Área Natural Protegida federal bajo la categoría de Santuario.

También demandaron cancelar el Polo de Economía Circular proyectado en Atlangatepec, frenar la degradación de la Matlalcuéyetl y garantizar procesos transparentes y vinculantes en la elaboración de programas de ordenamiento territorial.

En su posicionamiento, las organizaciones reivindicaron los derechos a la información, participación pública y acceso a la justicia ambiental reconocidos en el Acuerdo de Escazú.

«No hay justicia social sin justicia ambiental», concluyeron, al advertir que mientras los gobiernos presumen avances en materia ambiental, las comunidades continúan enfrentando contaminación, deterioro ecológico y decisiones tomadas sin su consentimiento.