LA MAFIA DEL PODER: ALTO RIESGO DE CRISIS

LUIS ROMERO

Si se analiza fríamente la situación de Tlaxcala, la responsabilidad de los últimos acontecimientos es del Gobierno del Estado.

Sí, los burócratas y los maestros efectuaron actos de presión que molestaron a los ciudadanos. Pero lo cierto es que el gobierno estatal ha tomado medidas unilaterales que han afectado a los trabajadores y sus familias.

De modo autoritario, el gobierno de la 4T ha quitado prestaciones a los sindicalizados, el gremio que lo llevó al poder hace dos años. Y con esa actitud, ha hecho oídos sordos a las demandas de diálogo y negociación, condiciones indispensables de la buena política.

Esos trabajadores afectados han salido a las calles como última alternativa ante una administración de puertas cerradas, que está haciendo de la represión un hábito. El doble lenguaje es evidente: mientras a nivel federal el Presidente de México dice que la función de un gobierno democrático es atender al pueblo, a nivel estatal se instruye una muralla policial.

El aparato de gobernación ha fallado al apostar por una estrategia de desgaste, porque los burócratas no desistirán.

Las autoridades estatales aprovechan la falta de representatividad legal del Sindicato 7 de Mayo, el mayor en el estado, para tomar decisiones a sus anchas. Pero las últimas asambleas que se decantaron por una dirigencia a la que se le ha negado la toma de nota por la facciosa postura del Tribunal de Conciliación y Arbitraje ha unido a la base.

Tal vez el 7 de Mayo no tiene representación legal, pero su dirigencia no reconocida por el gobierno sí posee ascendencia moral entre los agremiados, y eso es más que suficiente para articular la respuesta insurgente ante la indiferencia de un gobierno que no aprecia el deterioro de su bono democrático.

A ello se suma la mala operación del aparato de comunicación que, con una narrativa de polarización de posturas, pretende quitar el foco a lo verdaderamente trascendente: que los servicios médicos y de salud que otorga el gobierno son deficientes, y que el cambio de régimen en la administración de dichos servicios apunta a una política de privatización.

Los bloqueos realizados en los accesos a la capital de Tlaxcala son una expresión de malestar intragubernamental que advierte un alto riesgo de crisis para la actual administración estatal.