PLANTEA SENADORA RIVERA QUE LEY DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE TLAXCALA SE SOMETA A PARLAMENTO ABIERTO

LUIS ROMERO

La senadora por Tlaxcala, Ana Lilia Rivera Rivera, propuso que el Senado de la República exhorte al Congreso del Estado de Tlaxcala para que, en el ámbito de sus competencias, considere convocar a un Parlamento Abierto, a fin de analizar la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tlaxcala, presentada el pasado 14 de febrero.

En este marco, la legisladora federal propone que se dé lugar a un espacio de diálogo democrático y plural en el que se analicen y discutan, de forma integral, las necesidades y áreas de oportunidad para la mejora del sistema de agua en el Estado.

Recientemente, un grupo de investigadores pertenecientes a instituciones académicas como la UNAM y la UAM, así como diversas organizaciones civiles especializadas, pidieron suspender el proceso legislativo de la Iniciativa hasta en tanto garantice una perspectiva de derechos humanos que priorice la participación de las personas integrantes de los comités comunitarios del agua en el Estado.

La senadora reconoció que, actualmente, el Congreso de la Unión se encuentra en omisión legislativa y desacato judicial, ya que aún no expide la Ley General de Aguas, a pesar que debió hacerlo en el pasado periodo legislativo.

Sin embargo, consideró que una causa determinante de la terrible desigualdad en el acceso a los recursos hídricos en México “es el ejercicio discrecional del poder al que ha dado lugar el actual marco jurídico, que concibe al agua como un bien comercial y no como un derecho”.

“Un factor determinante en dicho problema, han sido las leyes estatales, que han permitido diversos desvíos y abusos de poder por parte de los poderes ejecutivos locales, a través de sus comisiones locales de agua, dando lugar a múltiples actos de corrupción e ineficiencia, que se reproducen de igual forma en el ámbito municipal”, dijo.

Por ello, Ana Lilia Rivera consideró la urgencia de contar con una ley marco capaz de orientar, de manera uniforme y coordinada, la responsabilidad concurrente en materia hídrica, de todos los niveles de gobierno, desde una auténtica perspectiva de derechos humanos que supere el actual modelo mercantilista para la gestión de agua en México.