PROPONEN REFORMA AL CÓDIGO PENAL DE TLAXCALA PARA PROTEGER A DOCENTES DE AGRESIONES

LUIS ROMERO

El Gobierno del Estado, encabezado por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, anunció que presentará una iniciativa de reforma al Código Penal de Tlaxcala con el objetivo de proteger la integridad de docentes en el ejercicio de sus funciones, mediante penas más severas en casos de agresión o amenaza.

El secretario de Educación Pública del Estado, Homero Meneses Hernández, explicó que la reforma ya cuenta con el visto bueno de la gobernadora y con un acuerdo previo con la Secretaría de Gobierno, y será turnada al Congreso local en el próximo periodo de sesiones.

“Ya lo había autorizado la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y ya hay un acuerdo con la Secretaría de Gobierno para que se incorpore la iniciativa”, señaló el funcionario.

¿QUÉ PLANTEA LA REFORMA?

La propuesta legislativa contempla la adición de dos artículos al apartado de lesiones del Código Penal del estado, con el fin de tipificar como agravantes los actos de lesiones o amenazas contra trabajadores de la educación de todos los niveles y modalidades, tanto en instituciones públicas como privadas.

De ser aprobada, las agresiones contra docentes podrán recibir penas de hasta dos tercios adicionales respecto a las sanciones actualmente establecidas.

“Estas nuevas incorporaciones contribuirán a que las escuelas sean espacios seguros tanto para niñas, niños y adolescentes, como para las y los trabajadores de la educación”, subrayó Meneses Hernández.

UN RESPALDO LEGAL PARA EL MAGISTERIO

El secretario de Educación enfatizó que esta reforma busca fortalecer la seguridad jurídica y física del personal docente, reconociendo su papel fundamental en el desarrollo del estado.

También hizo un llamado a las y los legisladores locales a respaldar esta iniciativa, al considerarla una medida urgente y necesaria para garantizar ambientes escolares libres de violencia.

Con esta iniciativa, el Gobierno del Estado busca avanzar hacia un sistema educativo más seguro, donde el respeto a la labor docente esté respaldado no solo en el discurso, sino en el marco legal.