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SENADO DA PASO HISTÓRICO CONTRA EL FEMINICIDIO; ANA LILIA RIVERA RESPALDA LEY NACIONAL

LUIS ROMERO

Con respaldo unánime del pleno del Senado de la República, se aprobó la reforma constitucional que permitirá al Congreso de la Unión expedir la primera Ley General contra el Feminicidio en México, un avance clave para enfrentar una de las violencias más graves en el país.

En este contexto, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera refrendó su voto a favor y calificó la reforma como un paso decisivo para fortalecer el marco jurídico en materia de protección a las mujeres.

La legisladora subrayó que la futura legislación no debe limitarse a sancionar el delito, sino atender de manera integral sus consecuencias sociales, particularmente en niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad. En ese sentido, planteó la necesidad de garantizar acompañamiento psicológico, acceso a la salud, educación y mecanismos efectivos de reparación del daño.

La reforma sienta las bases para una legislación homogénea en todo el país, lo que permitirá unificar el tipo penal de feminicidio, así como los criterios de investigación y sanción bajo una perspectiva de género. Además, busca fortalecer la coordinación entre autoridades federales y estatales, con el objetivo de mejorar la procuración de justicia y reducir los niveles de impunidad.

Rivera Rivera advirtió que la violencia contra las mujeres sigue siendo un problema estructural en México. Citó datos del INEGI, según los cuales más del 70% de las mujeres ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, lo que refuerza la urgencia de contar con herramientas legales más eficaces.

Para la senadora por Tlaxcala, esta reforma tendrá un impacto directo en las entidades federativas, donde aún persisten retos en el acceso a la justicia. Señaló que la homologación de criterios a nivel nacional permitirá fortalecer capacidades institucionales locales y brindar mayor certeza jurídica a las víctimas.

El dictamen aprobado fue turnado a la Cámara de Diputados y, posteriormente, deberá ser avalado por al menos 17 congresos estatales para su declaratoria constitucional. Una vez concluido este proceso, el Congreso de la Unión estará en condiciones de expedir la Ley General contra el Feminicidio, un instrumento que —afirmó— “representa un compromiso firme del Estado mexicano con la vida, la dignidad y los derechos de las mujeres”.

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