El Gobierno del Estado de Tlaxcala destinó 52.35 millones de pesos (mdp) del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 2017 para la compra de más de 253 mil chamarras para la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE).

Para la Auditoría Superior de la Federación (ASF), esta determinación de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) derivó en una serie de irregularidades, principalmente, porque la adquisición de prendas escolares no es compatible con los objetivos de un fondo creado para apoyar la inversión en infraestructura y su equipamiento, a fin de promover el desarrollo regional.

LA REVISIÓN

En 2017, el gobierno estatal recibió 330.77 mdp del FORTAFIN 2017, los cuales generaron rendimientos financieros por 4.13 mdp, por lo que al final del ejercicio dispuso de un total de 334.9 mdp.

Al corte de la auditoría -31 de marzo de 2018-, el ente fiscalizador detectó que la adquisición de chamarras para la SEPE contaba con un contrato debidamente formalizado por las instancias participantes.

Sin embargo, encontró que la adquisición de chamarras se adjudicó bajo la modalidad de invitación restringida, cuando debió ser por licitación pública.

Además, los criterios en los que se sustentó la excepción a la licitación no contaron con soporte documental suficiente y conforme a la normativa.

De hecho, en el contrato número GET-INV-056/2017 por 52.35 mdp para la compra de las prendas   se hace referencia a la partida presupuestal 4111 con origen de recursos estatales, pero no se encontraba presupuestada ni autorizada para que se pagara con recursos del FORTAFIN 2017.

Tampoco se contó con la documentación justificativa que acreditara la recepción de las chamarras por parte de los municipios beneficiados, debido a que sólo se presentaron recibos simples de 10 municipios por 12 mil 188 piezas, de un total de 253 mil 030, cuyo costo promedio sería de 207 pesos.

Por eso, no se pudo constatar que los bienes se entregaron a los beneficiarios, ni mucho menos en los tiempos establecidos en el contrato.

Fue así que la ASF determinó promover responsabilidades administrativas sancionatorias ante la Contraloría del Ejecutivo para investigar e iniciar los procedimientos correspondientes por las anomalías cometidas por los servidores públicos que en su gestión incurrieron en el manejo irregular del 15.35% del total del FORTAFIN 2017.

¿JUSTIFICACIÓN?

En su defensa, la SEPE expuso que, en un primer momento, sólo se reportó la entrega de 12 mil 188 chamarras, y que la segunda etapa de reparto no logró ser incluida en el reporte final de la Auditoría de Cumplimiento Financiero 2017-A-29000-15-1711-2018.

Indicó mediante un comunicado que tal información está en proceso de revisión, y que se verá reflejada en la publicación de la siguiente entrega de resultados que emita la ASF.

Las chamarras fueron entregadas como parte del Programa Invernal 2018 a estudiantes de educación básica; no obstante, su baja calidad y los problemas para proporcionar las tallas adecuadas, generaron cuestionamientos de padres de familia, maestros y directivos de escuelas.

Por el momento, la SPF no ha emitido alguna postura que justifique la compra de chamarras con recursos etiquetados para infraestructura y desarrollo regional.

RECURSOS PARA PREMIAR

El FORTAFIN se creó en 2015, como una manera en que el gobierno federal podía entregar dinero a los estados y municipios del país, pero sin reglas, lo que ha dado pie a malos manejos en sus asignaciones.

Este fondo sustituyó al Programa de Contingencias Económicas que operó en 2014, cuyos recursos eran manejados directamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro del Ramo 23, compuesto por programas y fondos considerados por expertos como instrumentos de control político, principalmente, para favorecer a ciertos estados.