LUIS ROMERO

Por decreto, el Gobierno de Tlaxcala debe cuidar el dinero público.

Debe racionalizarlo, generar ahorros, privilegiar programas de alto impacto social, atender las recomendaciones de los órganos fiscalizadores y promover entre sus funcionarios una cultura de austeridad, disciplina, transparencia y eficacia.

Eso está escrito en los Criterios Generales de Presupuesto y Gasto Estatal que han acompañado los presupuestos de la administración de Lorena Cuéllar Cisneros.

Pero cuando llega septiembre, las reglas parecen tener otra lectura.

Una revisión de los Informes Individuales del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, correspondientes a la Oficialía Mayor de Gobierno de los ejercicios 2022, 2023 y 2024, revela un patrón que merece atención: contrataciones millonarias para las fiestas patrias, procedimientos de excepción, falta de planeación y recursos que, por su magnitud, pueden compararse con presupuestos completos de instituciones públicas.

Las observaciones del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) fueron posteriormente solventadas. Eso significa que no puede afirmarse, a partir de estos documentos, que existió un daño patrimonial definitivo.

Pero la fiscalización deja otra pregunta, menos jurídica y más política:

¿Es compatible este nivel de gasto festivo con los principios de austeridad, racionalidad y priorización del gasto que el propio Gobierno de Tlaxcala estableció para administrar los recursos públicos?

Los expedientes revisados por otrosdatos.com.mx cuentan una historia que comienza en 2022 y se repite en 2023 y 2024.

EL DISCURSO: PRIMERO LAS PRIORIDADES SOCIALES

Los criterios presupuestales del Gobierno del Estado establecen que el gasto público debe racionalizarse para generar ahorros y reorientarlos hacia proyectos estratégicos.

Entre las prioridades aparecen salud, educación, bienestar social, desarrollo económico, apoyo a jóvenes y mujeres, atención a grupos vulnerables, campo, infraestructura social y productiva, seguridad pública y procuración de justicia.

El documento también ordena priorizar recursos para “programas, obras y acciones de alto impacto y beneficio social”.

Y establece otro principio: generar entre los servidores públicos una cultura de “austeridad, racionalidad, disciplina, transparencia, honestidad y eficacia”.

No son recomendaciones. Son criterios incorporados al diseño del presupuesto estatal, por cierto, compatibles con la «austeridad republicana» que propalan los gobiernos de Morena que abanderan la llamada Cuarta Transformación.

Por eso, el conflicto que revelan las auditorías no consiste únicamente en cuánto se gastó en las fiestas patrias, sino en cómo se decidió gastar ese dinero y por qué, tratándose de eventos que se realizan cada año, se recurrió reiteradamente a argumentos de premura para justificar procedimientos de contratación distintos a una licitación abierta.

2024: 8.5 MILLONES PARA 30 MINUTOS DE PIROTECNIA

El caso más significativo aparece en la revisión correspondiente a 2024.

Ese año, la Oficialía Mayor de Gobierno realizó un procedimiento de adjudicación directa por excepción a la licitación pública para contratar el servicio integral de las fiestas patrias por 8 millones 530 mil 640 pesos.

El contrato, solicitado por la Secretaría de Gobierno y adjudicado al proveedor Marcos Fernández Guarneros, incluyó la fabricación, traslado, instalación y quema de pirotecnia.

La primera licitación pública nacional, identificada como GET-OMG-LPN-168/2024, había sido declarada desierta.

Entonces se recurrió a una adjudicación directa. La justificación oficial fue la premura.

En la documentación presentada al OFS, la Oficialía Mayor argumentó que realizar una segunda licitación habría impedido cumplir con la fecha prevista para la adjudicación, el 15 de septiembre.

Pero el órgano fiscalizador encontró un problema central: la celebración de las fiestas patrias no constituía un acontecimiento imprevisible ni extraordinario.

Ocurre todos los años. Y precisamente por ello, señaló el OFS, podía y debía existir planeación previa.

La fiscalización concluyó que la fundamentación y motivación de la excepción no se apegó a las causales previstas en la normativa aplicable.

Hay un dato particularmente relevante. La propia Oficialía Mayor tenía establecidos plazos mínimos para los procedimientos de contratación:

• Adjudicación directa: 15 días hábiles.
• Invitación a cuando menos tres personas: 18 días hábiles.
• Licitación pública: 35 días hábiles.

El problema, según el OFS, no era que el 15 de septiembre hubiera llegado demasiado pronto.

Era que la contratación no se había planeado con la suficiente anticipación.

8.5 MILLONES: CASI EL PRESUPUESTO DE UNA INSTITUCIÓN COMPLETA

Para dimensionar la cantidad, basta compararla con otros presupuestos públicos.

En 2024, al Instituto Tlaxcalteca de la Juventud se le aprobaron 9 millones 470 mil 509 pesos. La pirotecnia contratada para las fiestas patrias representó aproximadamente 90% de ese presupuesto anual.

En términos simples: el Gobierno del Estado destinó a un solo servicio festivo una cantidad cercana a la totalidad de los recursos asignados durante un año a una institución dedicada a políticas públicas para jóvenes.

Y no se trata solamente del monto. Se trata del procedimiento utilizado para contratarlo.

2023: DOS REQUISICIONES, UN MISMO FESTEJO

Un año antes apareció otra observación.

En 2023, el Gobierno del Estado contrató servicios de colocación y retiro de adornos alusivos al mes patrio por alrededor de 1.885 millones de pesos, recursos estatales ejercidos a favor de Key on Hand S.A. de C.V.

La Secretaría de Turismo presentó el 14 de agosto de ese año dos requisiciones para contratar los servicios.

El OFS observó que, aunque los servicios correspondían a las mismas fechas, se tramitaron como procedimientos de adjudicación directa, en lugar de realizar una invitación a cuando menos tres proveedores.

La fiscalización identificó nuevamente un problema de planeación.

La Oficialía Mayor, responsable de recibir los programas anuales de adquisiciones y determinar qué bienes o servicios deben consolidarse, no habría realizado las acciones necesarias para asegurar el procedimiento correspondiente.

El argumento de la autoridad fue que se trataba de servicios integrales de distinta naturaleza.

Pero el OFS señaló que las requisiciones correspondían a servicios que serían realizados en las mismas fechas, lo que evidenciaba falta de planeación y de consolidación de las necesidades de contratación.

La dimensión del gasto vuelve a llamar la atención. Los 1.885 millones de pesos representaron aproximadamente 38% del presupuesto anual asignado en 2023 a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos.

2022: LA MISMA EXCUSA, OTRA VEZ

El antecedente se encuentra en 2022.

Ese año, el Gobierno estatal adquirió fuegos pirotécnicos para las fiestas patrias por 6 millones 626 mil 812.50 pesos, nuevamente mediante un procedimiento de adjudicación directa por excepción a la licitación pública.

La justificación fue similar: la premura para realizar el festejo hacía inviable desarrollar una licitación pública nacional.

El órgano fiscalizador volvió a cuestionar la fundamentación de la excepción. Señaló que, al tratarse de un evento que se realiza de manera consecutiva, la adquisición podía preverse dentro del programa anual correspondiente.

En este caso, la autoridad acreditó que el proveedor contaba con el permiso para fabricar y comercializar artículos pirotécnicos.

Pero ese elemento resolvía la condición del proveedor, no necesariamente el problema de planeación que había originado la excepción al procedimiento de licitación.

Y ahí aparece el patrón.

2022: premura.
2023: falta de consolidación.
2024: otra vez premura y una excepción cuestionada por el OFS.

17 MILLONES EN TRES AÑOS

Los números permiten dimensionar la discusión.

Entre los ejercicios revisados aparecen:

Son 17 millones 42 mil 452.50 pesos en los conceptos documentados en los informes de fiscalización revisados.

El gasto en pirotecnia pasó de 6.63 millones de pesos en 2022 a 8.53 millones en 2024.

Un incremento nominal de 1.90 millones de pesos, equivalente a aproximadamente 28.7%.

Y eso sin contar el gasto de decoración documentado en 2023.

La comparación presupuestaria vuelve a colocar la cifra en perspectiva.

Los 17 millones de pesos acumulados son superiores al presupuesto que en 2024 tenía el entonces Instituto Estatal de la Mujer, de 16.12 millones de pesos, y se aproximan al presupuesto de 18 millones de pesos que tuvo el extinto Instituto Tlaxcalteca para Devolver al Pueblo lo Robado.

Todo ello permite dimensionar qué representa el gasto festivo cuando se compara con las necesidades financieras de organismos públicos completos.

LA NOCHE DEL GRITO

El 15 de septiembre de 2024, el propio gobierno estatal informó que miles de personas acudieron a la Plaza de la Constitución para conmemorar el aniversario de la Independencia.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la ceremonia del Grito junto a su familia.

Después vino la verbena popular, los alimentos, los espectáculos musicales y la quema de fuegos artificiales.

La pirotecnia duró aproximadamente 30 minutos.

El costo del servicio contratado fue de 8 millones 530 mil 640 pesos.

La cifra fue apenas inferior al presupuesto aprobado ese año para la Universidad Intercultural de Tlaxcala, que ascendió a 10.32 millones de pesos.

La comparación sirve para colocar una cifra difícil de visualizar en términos cotidianos: 30 minutos de espectáculo pirotécnico costaron una cantidad cercana al presupuesto anual de una institución educativa creada durante la actual administración estatal.

LA CONTRADICCIÓN

El Gobierno de Lorena Cuéllar ha construido buena parte de su discurso administrativo alrededor de la eficiencia, el bienestar y la atención de las prioridades sociales.

Sus propios presupuestos hablan de austeridad. Los informes del OFS hablan de planeación. Pero las fiestas patrias hablan de gasto. Y entre esos tres elementos aparece una contradicción que merece ser explicada por las autoridades:

¿Cuánto considera razonable gastar el Gobierno de Tlaxcala en las fiestas patrias y bajo qué criterios determina que ese gasto tiene prioridad frente a otras necesidades públicas?

Porque el cuestionamiento no es por los fuegos artificiales, sino que, mientras el presupuesto ordena racionalizar y priorizar, los expedientes de auditoría documentan contrataciones millonarias en las que el propio órgano fiscalizador encontró deficiencias de planeación.

LA PREGUNTA QUE QUEDA

En tres ejercicios fiscales revisados, los expedientes del OFS documentan 17 millones de pesos en pirotecnia, adornos y servicios relacionados con las fiestas patrias.

Las observaciones fueron solventadas. Pero el patrón quedó expuesto: procedimientos de excepción, requisiciones separadas, problemas de consolidación y, en al menos dos ejercicios, argumentos de premura para una celebración que ocurre cada año.

La administración estatal puede explicar cada contratación desde la perspectiva jurídica y administrativa. Pero existe una pregunta que no responde una solventación:

¿Es éste el nivel de austeridad y racionalidad presupuestaria que el propio Gobierno de Tlaxcala se comprometió a observar?

Porque al final, no se sabe cuánto le cuesta al erario celebrar la independencia nacional, qué otras prioridades compiten por esos recursos y si el espectáculo justifica el gasto bajo los mismos principios de austeridad que el gobierno exige al resto de su administración.

LUIS ROMERO

De cara a la definición de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027, una nueva medición abona al panorama estatal de la competencia interna de Morena.

De acuerdo con el estudio “Prospectiva política Tlaxcala 2027”, publicado este 11 de septiembre de 2026 por FactoMétrica, el alcalde de Tlaxcala capital con licencia, Alfonso Sánchez García, encabeza las preferencias entre los perfiles morenistas con 40.6%, seguido por la senadora con licencia Ana Lilia Rivera Rivera, con 27.8%.

La diferencia entre ambos es de 12.8 puntos, y se da a conocer cuatro días después de que las redes sociales se llenaran de mensajes de felicitación para Sánchez García, a quien simpatizantes comenzaron a dar como “inminente” Coordinador Estatal en Defensa de la Transformación en la entidad.

Más atrás aparecen el alcalde de Huamantla, Juan Salvador Santos Cedillo, con 4.9%; así como los diputados federales José Alejandro Aguilar López, con 3.1%; e Irma Yordana Garay Loredo, con 3.0%.

El resultado también ocurre a unas horas de que Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, anticipara que las 12 Coordinaciones Estatales que permanecen pendientes de definición podrían quedar resueltas a más tardar en una semana, posiblemente, tras las fiestas patrias.

MORENA CONSERVA AMPLIA VENTAJA ELECTORAL

El estudio también muestra que la fortaleza de Morena no se limita a la competencia entre sus aspirantes.

El partido registra 54.1% de la intención de voto para 2027, muy por encima de sus principales adversarios.

• Morena: 54.1%
• PRI: 7.6%
• PAN: 7.5%
• Movimiento Ciudadano: 6.6%
• PVEM: 3.4%
• PT: 2.0%
• Ninguno: 18.8%

La diferencia entre Morena y el PRI, segundo partido en esta medición, es de 46.5 puntos porcentuales.

El dato confirma que, independientemente de quién termine encabezando la candidatura, Morena parte actualmente de una posición electoral ampliamente favorable en Tlaxcala.

ANABELL ÁVALOS ENCABEZA AL PRI

En la competencia interna del PRI, la senadora Anabell Ávalos Zempoalteca aparece en primer lugar con 38.2%, frente a Enrique Padilla Sánchez, dirigente estatal del partido, quien registra 25.1%.

La diferencia entre ambos perfiles es de 13.1 puntos.

El resultado coloca a Ávalos como el perfil priista mejor posicionado dentro del ejercicio y como una de las figuras de oposición con mayor reconocimiento en la medición.

ADRIANA DÁVILA LIDERA EN EL PAN

En el PAN, aunque recientemente anunció su decisión de cerrar un ciclo en la Comisión Permanente del Consejo Nacional del blanquiazul, la exlegisladora Adriana Dávila Fernández encabeza las preferencias con 30.8%.

Le siguen la diputada local Miriam Martínez Sánchez, con 19.6%, y el dirigente estatal Ángelo Gutiérrez Hernández, con 17.0%.

La diferencia entre Dávila y su más cercana contendiente es de 11.2 puntos.

MC, LA CONTIENDA MÁS CERRADA

La competencia más equilibrada entre los partidos evaluados aparece en Movimiento Ciudadano.

El ex dirigente Refugio Rivas Corona registra 29.2% de las preferencias, mientras la actual representante del partido en el estado, Danae Figueroa Martínez, alcanza 26.6%.

La diferencia es de apenas 2.6 puntos, lo que plantea un escenario mucho más cerrado que el observado en Morena, PRI y PAN.

METODOLOGÍA

De acuerdo con la información difundida por FactoMétrica, el levantamiento se realizó los días 7 y 8 de septiembre de 2026, mediante 1,000 entrevistas.

El estudio reporta un nivel de confianza de 95% y un margen de error de ±3.4%.

El resultado de la medición adquiere especial relevancia porque se incorpora a un escenario en el que distintas encuestas han ofrecido fotografías diferentes de la competencia interna de Morena, cuya decisión final corresponderá a los mecanismos internos previstos en la convocatoria.

Sin embargo, con este ejercicio, Sánchez García suma un nuevo argumento para sostener su competitividad rumbo a la definición de Morena.

LUIS ROMERO

La definición de la Coordinación en Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en Tlaxcala se ha convertido, según el periodista Raymundo Riva Palacio, en uno de los principales problemas que enfrenta Morena para concretar sus candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.

En su columna Estrictamente Personal, publicada hoy en El Financiero con el título “Tramposos hasta la médula”, el periodista indica que son cuatro entidades: Baja California Sur, Nayarit, Tlaxcala y Zacatecas, donde los resultados de las mediciones demoscópicas no estarían favoreciendo a los perfiles que busca impulsar la presidenta Claudia Sheinbaum.

Riva Palacio sostiene que, en Tlaxcala, el aspirante respaldado desde el ámbito presidencial sería Alfonso Sánchez García, alcalde capitalino con licencia e hijo del exgobernador Alfonso Sánchez Anaya.

De acuerdo con el columnista, Sánchez García cuenta con operadores políticos cercanos a la Presidencia de la República, pero no ha logrado superar en las encuestas a la senadora con licencia Ana Lilia Rivera Rivera.

EL “MADRUGUETE” EN REDES SOCIALES

Uno de los señalamientos más relevantes de la columna es el episodio ocurrido esta semana, cuando perfiles vinculados con Sánchez García difundieron múltiples felicitaciones en redes sociales que lo presentaban prácticamente como coordinador estatal de Morena.

Riva Palacio interpreta esta acción como un intento por forzar y anticipar su nominación, antes de que la dirigencia nacional hiciera oficial la definición.

El episodio cobró relevancia porque la difusión de esos mensajes fue posteriormente contenida por la dirigencia nacional de Morena, de acuerdo con la versión expuesta por el columnista.

EL FACTOR ANA LILIA RIVERA

Para Riva Palacio, Ana Lilia Rivera continúa apareciendo competitiva y, en diversos ejercicios, por encima de Sánchez García, lo que representa un obstáculo para la estrategia orientada a favorecerlo.

El periodista destaca además la presencia política que Rivera mostró durante su informe de actividades legislativas, donde estuvo acompañada por figuras identificadas con sectores relevantes de Morena, entre ellas Jesús Ramírez Cuevas, Laura Itzel Castillo, Virgilio Martínez Miranda, Dolores Padierna y Gerardo Fernández Noroña.

EL DEBATE SOBRE LAS ENCUESTAS

Finalmente, el planteamiento más severo de Riva Palacio se refiere al método mediante el cual podrían estar siendo realizadas algunas mediciones internas de Morena.

El columnista acusa a Iván Silva, a quien identifica como estratega cercano a la presidenta, de intervenir en la selección de las secciones electorales donde se levantarían algunas encuestas, con el argumento de que esto permitiría favorecer el reconocimiento de determinados aspirantes.

Refiere que el estratega estaría prolongando el proceso interno en los estados pendientes de definición «para que los números se acomoden» a los resultados que necesitan en Palacio Nacional.

De esta manera, el análisis de Riva Palacio coloca la sucesión tlaxcalteca dentro de una disputa más amplia: la tensión entre los resultados de las encuestas, los acuerdos políticos y la intención de los grupos que buscarían influir en la selección de las candidaturas.