Por Luis Romero

En los primeros 10 días de septiembre, Tlaxcala ha sido escenario de cuatro eventos de violencia colectiva en contra de presuntos delincuentes.

El domingo 1, César Rodrigo N., un hombre de 32 años de edad, vecino de la comunidad de Tlalcuapan, fue golpeado por vecinos de Muñoztla, en Chiautempan, luego de que intentó robar una camioneta. Fue rescatado por la policía municipal e ingresado al Hospital General de Tlaxcala, donde fue reportado como estable.

La madrugada del sábado 7, habitantes de Tenancingo lincharon a un hombre y una mujer en el centro de la localidad. Los sospechosos viajaban en un vehículo que los habitantes identificaron como el que, supuestamente, un día antes, había sido utilizado para “levantar” a una mujer del municipio para explotarla sexualmente.

Ya por la noche, un joven de aproximadamente 20 años de edad fue rescatado de ser linchado por pobladores de El Carmen Aztama, en San Luis Teolocholco, acusado de robar en un domicilio. Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acudieron al rescate del individuo, tras dialogar con los habitantes inconformes.

Y la mañana del domingo 8, pobladores de San Miguel Xochitecatitla, en Nativitas, mantuvieron retenido a un presunto ladrón y amenazaron con lincharlo como advertencia para quienes se dedican a robar viviendas de la zona.

Estos lamentables hechos han evidenciado las débiles técnicas de disuasión, dispersión y control de masas, por parte de las corporaciones policiacas locales, incluso la falta de homologación de protocolos de prevención y atención en casos de linchamientos, que desemboca en el poco efectivo desempeño de las autoridades para atender estos acontecimientos.

AUMENTA LA VIOLENCIA COLECTIVA.

Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los linchamientos son actos ilícitos “que debilitan las instituciones democráticas, violentan derechos humanos y más que constituir una forma de justicia, contribuyen a debilitar o imposibilitar el acceso a la misma”.

Al ser actos contrarios a las normas, dice el organismo, las autoridades deberían actuar para prevenir e investigar diligentemente los casos que se presenten, aplicando las consecuencias que en derecho procedan a los responsables de los mismos.

“Sin embargo, la realidad nos arroja otros datos, conforme a los cuales es un fenómeno que lejos de desaparecer o registrar decrementos, se multiplica y permanece vigente, siendo un problema que las autoridades no han visibilizado ni atendido en forma debida, que frecuentemente pareciera querer ser ignorado, y del cual no existen registros específicos y detallados”, apunta.

En mayo pasado, la CNDH presentó el “Informe Especial sobre los Linchamientos en el Territorio Nacional”, que compila el registro y seguimiento de los casos de linchamiento en México de 2015 a 2018.

Los estados con el mayor número de linchamientos son el Estado de México (242 casos), Puebla (182), la Ciudad de México (79) y Oaxaca (60). De un total de 862 linchamientos registrados, estas entidades suman más del 50% de los casos (583).

Por su parte, los estados Morelos, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Tlaxcala e Hidalgo registran ya un rango alto de presencia de linchamientos o la violencia social de este tipo. Llaman la atención los casos de Veracruz, Tlaxcala, Hidalgo y Tabasco, que eran considerados de baja presencia.

SECUELAS DE IMPUNIDAD.

El Informe señala que en los linchamientos incide el contexto de desarrollo social, cultural, económico y político específicos de la región.

Además, previo a estos eventos, se identifican factores que propician una circunstancia de violencia colectiva, como la incompetencia de ofrecer seguridad a la comunidad, la desconfianza, la impunidad, e ineficacia de las autoridades para actuar ante estos hechos.

“En el fondo se evidencia la falta de cultura de la legalidad, de que se puede actuar impunemente bajo una pretendida justificación de que “aquí lo decide la gente”, y de que no habrá penalización alguna”, explica la CNDH.

Durante el desarrollo del linchamiento, los perpetradores actúan bajo el anonimato que les brinda la colectividad, cubren sus rostros conscientes de su conducta y de que no serán identificados, mientras los espectadores suelen tener una intervención indirecta y pasiva al no evitar estos actos inhumanos, incluso al impedir que los cuerpos de seguridad pública ingresen a la zona de conflicto para el rescate de las víctimas y realicen la detención de los responsables.

“Otro aspecto a resaltar es la inexistencia, y en su caso, falta de homologación de protocolos de prevención y atención en casos de linchamientos, los cuales resultan críticos en la actuación de los cuerpos policiacos ya que en la mayoría de los casos el desempeño de las autoridades encargadas de la seguridad de la población resulta poco efectivo para atender un caso de linchamiento”, apunta el organismo autónomo.

Y posterior al linchamiento, en ocasiones, las autoridades en un ánimo de evadir sus responsabilidades suelen minimizar los hechos, bajo el argumento de que las personas fallecidas contaban con antecedentes penales o existía el señalamiento directo de la víctima; aprobando con ello, la conducta cometida por los perpetradores, dejando de lado la necesidad de investigar los hechos en su totalidad y deslindar las responsabilidades que correspondan.

Asimismo, “los distintos niveles de gobierno suelen responsabilizarse mutuamente, buscando eximirse de los hechos al establecer que «el linchamiento fue perpetrado por particulares», por lo que las investigaciones sólo se dirigen a éstos, sin indagar las acciones y omisiones de funcionarios que tuvieron conocimiento e intervinieron en el evento”.