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CNDH: LA MECHA DE LA IMPUNIDAD ENCIENDE LOS LICHAMIENTOS EN TLAXCALA.
Por Luis Romero
En los primeros 10 días de septiembre, Tlaxcala ha sido escenario de cuatro eventos de violencia colectiva en contra de presuntos delincuentes.
El domingo 1, César Rodrigo N., un hombre de 32 años de edad, vecino de la comunidad de Tlalcuapan, fue golpeado por vecinos de Muñoztla, en Chiautempan, luego de que intentó robar una camioneta. Fue rescatado por la policía municipal e ingresado al Hospital General de Tlaxcala, donde fue reportado como estable.
La madrugada del sábado 7, habitantes de Tenancingo lincharon a un hombre y una mujer en el centro de la localidad. Los sospechosos viajaban en un vehículo que los habitantes identificaron como el que, supuestamente, un día antes, había sido utilizado para “levantar” a una mujer del municipio para explotarla sexualmente.
Ya por la noche, un joven de aproximadamente 20 años de edad fue rescatado de ser linchado por pobladores de El Carmen Aztama, en San Luis Teolocholco, acusado de robar en un domicilio. Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acudieron al rescate del individuo, tras dialogar con los habitantes inconformes.
Y la mañana del domingo 8, pobladores de San Miguel Xochitecatitla, en Nativitas, mantuvieron retenido a un presunto ladrón y amenazaron con lincharlo como advertencia para quienes se dedican a robar viviendas de la zona.
Estos lamentables hechos han evidenciado las débiles técnicas de disuasión, dispersión y control de masas, por parte de las corporaciones policiacas locales, incluso la falta de homologación de protocolos de prevención y atención en casos de linchamientos, que desemboca en el poco efectivo desempeño de las autoridades para atender estos acontecimientos.
AUMENTA LA VIOLENCIA COLECTIVA.

Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los linchamientos son actos ilícitos “que debilitan las instituciones democráticas, violentan derechos humanos y más que constituir una forma de justicia, contribuyen a debilitar o imposibilitar el acceso a la misma”.
Al ser actos contrarios a las normas, dice el organismo, las autoridades deberían actuar para prevenir e investigar diligentemente los casos que se presenten, aplicando las consecuencias que en derecho procedan a los responsables de los mismos.
“Sin embargo, la realidad nos arroja otros datos, conforme a los cuales es un fenómeno que lejos de desaparecer o registrar decrementos, se multiplica y permanece vigente, siendo un problema que las autoridades no han visibilizado ni atendido en forma debida, que frecuentemente pareciera querer ser ignorado, y del cual no existen registros específicos y detallados”, apunta.
En mayo pasado, la CNDH presentó el “Informe Especial sobre los Linchamientos en el Territorio Nacional”, que compila el registro y seguimiento de los casos de linchamiento en México de 2015 a 2018.
Los estados con el mayor número de linchamientos son el Estado de México (242 casos), Puebla (182), la Ciudad de México (79) y Oaxaca (60). De un total de 862 linchamientos registrados, estas entidades suman más del 50% de los casos (583).
Por su parte, los estados Morelos, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Tlaxcala e Hidalgo registran ya un rango alto de presencia de linchamientos o la violencia social de este tipo. Llaman la atención los casos de Veracruz, Tlaxcala, Hidalgo y Tabasco, que eran considerados de baja presencia.
SECUELAS DE IMPUNIDAD.
El Informe señala que en los linchamientos incide el contexto de desarrollo social, cultural, económico y político específicos de la región.
Además, previo a estos eventos, se identifican factores que propician una circunstancia de violencia colectiva, como la incompetencia de ofrecer seguridad a la comunidad, la desconfianza, la impunidad, e ineficacia de las autoridades para actuar ante estos hechos.
“En el fondo se evidencia la falta de cultura de la legalidad, de que se puede actuar impunemente bajo una pretendida justificación de que “aquí lo decide la gente”, y de que no habrá penalización alguna”, explica la CNDH.
Durante el desarrollo del linchamiento, los perpetradores actúan bajo el anonimato que les brinda la colectividad, cubren sus rostros conscientes de su conducta y de que no serán identificados, mientras los espectadores suelen tener una intervención indirecta y pasiva al no evitar estos actos inhumanos, incluso al impedir que los cuerpos de seguridad pública ingresen a la zona de conflicto para el rescate de las víctimas y realicen la detención de los responsables.
“Otro aspecto a resaltar es la inexistencia, y en su caso, falta de homologación de protocolos de prevención y atención en casos de linchamientos, los cuales resultan críticos en la actuación de los cuerpos policiacos ya que en la mayoría de los casos el desempeño de las autoridades encargadas de la seguridad de la población resulta poco efectivo para atender un caso de linchamiento”, apunta el organismo autónomo.
Y posterior al linchamiento, en ocasiones, las autoridades en un ánimo de evadir sus responsabilidades suelen minimizar los hechos, bajo el argumento de que las personas fallecidas contaban con antecedentes penales o existía el señalamiento directo de la víctima; aprobando con ello, la conducta cometida por los perpetradores, dejando de lado la necesidad de investigar los hechos en su totalidad y deslindar las responsabilidades que correspondan.
Asimismo, “los distintos niveles de gobierno suelen responsabilizarse mutuamente, buscando eximirse de los hechos al establecer que «el linchamiento fue perpetrado por particulares», por lo que las investigaciones sólo se dirigen a éstos, sin indagar las acciones y omisiones de funcionarios que tuvieron conocimiento e intervinieron en el evento”.
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GOBIERNO Y AMBIENTALISTAS CHOCAN POR RESPONSABILIDADES EN LA CRISIS DE ACUITLAPILCO; PATOS VERDES ACUSA EVASIVAS
LUIS ROMERO
Tras la clausura simbólica de las oficinas de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado (Propaet), por parte de ambientalistas, la administración encabezada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros respondió que las descargas contaminantes a la Laguna de Acuitlapilco son competencia de autoridades federales y de los municipios, mientras que los ambientalistas acusaron al gobierno de utilizar argumentos jurídicos para evadir su responsabilidad política en la protección del ecosistema.
A través de un comunicado emitido por la Coordinación de Comunicación (CCOM), el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) y la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (PROPAET), sostuvo que desde 2023 desarrolla una estrategia integral para la recuperación de la Laguna de Acuitlapilco, integrada por cuatro etapas y coordinada entre autoridades federales, estatales, municipales y organizaciones sociales.
La administración estatal afirmó que las acciones se realizan “por instrucción de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros” y que las dependencias estatales actúan únicamente dentro del ámbito de sus atribuciones legales.
GOBIERNO DESLINDA COMPETENCIAS SOBRE LAS DESCARGAS
En su posicionamiento, el Ejecutivo estatal precisó que la inspección, suspensión o clausura de las descargas directas al cuerpo de agua corresponde al Gobierno Federal, debido a que la laguna es un cuerpo receptor nacional y forma parte de una zona federal.
Asimismo, recordó que los municipios de Tlaxcala, Tepeyanco y Santa Isabel Xiloxoxtla son responsables de operar los sistemas de drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales para evitar descargas sin saneamiento hacia la laguna.
El comunicado señala que:
- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) es la autoridad competente para autorizar o clausurar descargas en bienes nacionales.
- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tiene facultades de inspección y sanción ambiental.
- La Fiscalía General de la República (FGR) investiga posibles delitos ambientales de competencia federal.
Bajo ese argumento, la SMA y la PROPAET sostuvieron que han ejercido las atribuciones que les confiere la legislación estatal, sin invadir competencias federales.
PATOS VERDES: «NO ESTAMOS CONFUNDIENDO COMPETENCIAS»
La respuesta oficial fue rechazada por la organización Patos Verdes A.C., que acusó al Gobierno del Estado de desviar el debate hacia cuestiones administrativas para evitar responder al fondo de las demandas ciudadanas.
La agrupación lamentó que, a través de la CCOM, encabezada por Antonio Martínez Velázquez, se pretenda minimizar el reclamo social.
«Nuestra manifestación pacífica en las instalaciones de la PROPAET no obedeció a un desconocimiento de las atribuciones de cada dependencia. Fue una acción política y ciudadana para exigir al Gobierno del Estado que asuma la responsabilidad que le corresponde en la protección del patrimonio ambiental de Tlaxcala», señalaron.
«TRASLADAR RESPONSABILIDADES NO RESUELVE LA CRISIS»
La organización recordó que la gobernadora Lorena Cuéllar ha firmado convenios y asumido compromisos públicos para atender la problemática de la Laguna de Acuitlapilco y otros conflictos ambientales.
Sin embargo, sostuvo que muchas de esas acciones permanecen incumplidas.
A juicio del colectivo, el problema no radica en determinar qué dependencia posee la competencia legal, sino en la falta de coordinación institucional para resolver una crisis ambiental que continúa agravándose.
«Mientras una institución señala a otra como responsable, las comunidades siguen enfrentando contaminación, pérdida de biodiversidad y afectaciones a su calidad de vida», afirmaron sus representantes.
EXIGEN LIDERAZGO DEL GOBIERNO ESTATAL
Patos Verdes insistió en que su demanda consiste en que el Gobierno del Estado coordine a todas las instituciones involucradas y garantice el cumplimiento de los compromisos asumidos.
«Las y los ciudadanos no estamos pidiendo que una dependencia haga lo que no le corresponde; estamos exigiendo que el Estado, en su conjunto, deje de trasladar responsabilidades y comience a resolver los problemas ambientales que afectan a Tlaxcala», apuntó.
La agrupación reiteró que continuará ejerciendo su derecho a la defensa del territorio mediante acciones pacíficas y organizadas.
EL CONFLICTO REBASA EL ASPECTO JURÍDICO
El intercambio de posicionamientos refleja que el diferendo ya no gira únicamente en torno a la contaminación de la Laguna de Acuitlapilco, sino también sobre quién debe asumir el liderazgo institucional para enfrentar el problema.
Mientras el Gobierno del Estado de Tlaxcala sostiene que existen límites legales derivados de la distribución de competencias entre niveles de gobierno, las organizaciones ambientalistas consideran que la administración estatal no puede escudarse en ese marco jurídico cuando ha asumido públicamente compromisos para rescatar el ecosistema y coordinar la política ambiental.
Así, más allá de las atribuciones legales, la controversia se centra en la capacidad de los distintos órdenes de gobierno para articular respuestas eficaces frente al deterioro ambiental de uno de los principales cuerpos de agua de la entidad.
MUNICIPIOS Y COMUNIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAXCALA REFUERZA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO EN ADOLESCENTES CON ACCIONES DE CONCIENTIZACIÓN
El Gobierno Municipal de Tlaxcala, que preside Alfonso Sánchez García, a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), llevó a cabo la conferencia “Prevención del Suicidio” en el Teatro Xicohténcatl dirigida a estudiantes de la Escuela Secundaria General “Presidente Juárez” y de la Escuela Secundaria Técnica 51, con el objetivo de generar conciencia y fortalecer la salud mental en las y los adolescentes.
Karina Yazmín Medel Madrid, directora del SMDIF Tlaxcala, dio la bienvenida y destacó que este tipo de actividades buscan fortalecer las redes de apoyo, reafirmar el compromiso con la vida y promover el bienestar emocional en las comunidades, asimismo, reconoció el respaldo del alcalde Alfonso Sánchez García por impulsar acciones orientadas a la construcción de una sociedad más consciente y solidaria.

Como parte del programa, José Joaquín Ceballos, presidente del Comité Nacional en Prevención del Suicidio (CONAPRESU), impartió la ponencia “Prevención de la ideación y comportamiento suicida en adolescentes”, en la que abordó las posibles causas y señales de alerta en personas con ideación suicida, interactuando de manera cercana con los estudiantes.
Tras su intervención, algunos alumnos decidieron compartir sus testimonios, generando un espacio de escucha y confianza que permitió visibilizar la importancia de expresar emociones y buscar apoyo.

Por su parte, Eufrosina Castillo Arroyo, coordinadora nacional de CONAPRESU, enfatizó la importancia de las redes de apoyo y la atención oportuna como factores clave en la prevención.
La jornada concluyó con la participación de Jesús y Roxana Roque, quienes, a través de un mensaje musical cargado de alegría, invitaron a las y a los asistentes a reflexionar sobre la importancia de la vida, generando un ambiente de convivencia, baile, entusiasmo y esperanza entre las y los adolescentes.
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CAPACITA GOBIERNO DE ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA A MUJERES VULNERABLES Y FORTALECE SU INDEPENDENCIA ECONÓMICA
Como parte de las acciones permanentes que impulsa el Gobierno de Alfonso Sánchez García para fortalecer la autonomía económica de mujeres en situación de vulnerabilidad, este viernes, en la sede del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), se llevó a cabo el curso de industrialización de frutas y hortalizas.
A nombre del alcalde de la capital, la directora del IMM, Lizbeth Briones Sánchez, destacó que esta capacitación forma parte del programa “Mujeres Emprendedoras”, implementado desde el inicio de la actual administración municipal, con el objetivo de dotar a las participantes de herramientas productivas que les permitan generar ingresos propios.


Precisó que la estrategia responde a una visión integral, ya que las mujeres que enfrentan contextos de violencia o carencias económicas requieren atención en distintas áreas, como la psicológica, jurídica y social, además del fortalecimiento de su independencia financiera.
“Se trata de acciones permanentes que se han venido consolidando. Este es un gobierno que escucha y resuelve, que atiende las necesidades reales de las mujeres y genera alternativas concretas para su desarrollo”, señaló la funcionaria municipal.
El curso consistió en dotar de técnicas de transformación de frutas y hortalizas en productos como mermeladas, néctares, licores, salmueras, vinagretas y salsas, lo que abre la posibilidad de emprendimientos a pequeña escala.

Actualmente participan 15 mujeres provenientes de diferentes comunidades, quienes acceden a esta capacitación de manera gratuita. El curso inició en febrero y concluirá en julio, como parte de una primera etapa, para posteriormente dar paso a un segundo módulo enfocado en el procesamiento de alimentos enriquecidos en soya.
Las beneficiarias son, en su mayoría, mujeres en situación de vulnerabilidad económica o que acuden al IMM en busca de atención psicológica o jurídica, y ahí conocen de estos cursos como una alternativa para su desarrollo personal y emocional.
Sobre el tema, una de las beneficiarias, Florebi Vázquez, agradeció el apoyo del presidente Alfonso Sánchez García para dirigir este tipo de cursos a las mujeres, quienes ahora cuentan con las herramientas para elaborar estos productos y prepararlos para su familia o ponerlos a la venta como una forma de ingreso económico.

Violeta Barias Márquez, otra de las beneficiarias, también agradeció la capacitación recibida, ya que eso le permite aprender una actividad productiva con lo que genera ahorros pues varios productos de consumo diario en su familia los elabora ella misma.
Con estas acciones, el Gobierno de Alfonso Sánchez García, que escucha y resuelve, brinda oportunidades reales para que las mujeres avancen hacia una vida con mayor independencia económica.
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