LUIS ROMERO

La senadora Anabell Ávalos Zempoalteca acudió al Instituto Nacional Electoral para dar vista formal sobre el juicio político promovido contra el presidente del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, Emmanuel Ávila González, al considerar que su actuación compromete la imparcialidad y la equidad electoral en Tlaxcala.

“Seguiremos actuando por la vía legal y con firmeza para defender la imparcialidad electoral, el respeto a la ley y el derecho de las y los tlaxcaltecas a procesos justos y transparentes”, sostuvo la legisladora.

El pasado 4 de mayo, Ávalos Zempoalteca anunció la presentación del juicio político al señalar que “no podemos permitir un árbitro parcial ni decisiones que pongan en riesgo la equidad electoral”.

La acción emprendida surge luego de que el órgano electoral determinó no dictar medidas cautelares —como el retiro o blanqueo inmediato de bardas— contra la senadora Ana Lilia Rivera Rivera y el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, argumentando falta de pruebas directas sobre la autoría de la propaganda, pese a la aparición de sus nombres y lemas en distintos puntos del estado.

Ayer por la mañana, la legisladora priista acudió también al Congreso local para ratificar formalmente la solicitud de juicio político y pidió a las y los diputados integrar una comisión especial que analice el caso conforme a derecho.

“Tlaxcala merece instituciones imparciales y procesos justos”, expresó.

La senadora advirtió que se trata de un tema delicado que no puede minimizarse, por lo que insistió en que el INE deberá revisar a fondo la actuación del órgano electoral local.

“No voy a detenerme: cuando hay actos que vulneran la legalidad, se debe actuar con firmeza”, afirmó.

Anabell Ávalos aseguró que la acción emprendida representa “un paso firme en la defensa de la democracia en Tlaxcala”, al tiempo que reiteró que continuará impulsando mecanismos legales para garantizar condiciones de equidad rumbo a la próxima contienda electoral.

“No vamos a quedarnos callados. Vamos a actuar con firmeza para asegurar equidad, justicia y respeto a la voluntad de las y los tlaxcaltecas”, concluyó.

LUIS ROMERO

Con el argumento de que las personas con discapacidad continúan enfrentando barreras para acceder a espacios de poder y toma de decisiones, diputadas y diputados del Congreso local presentaron una iniciativa para establecer acciones afirmativas obligatorias en candidaturas a cargos de elección popular en Tlaxcala.

La propuesta fue impulsada por las diputadas Gabriela Hernández Islas y Maribel Cervantes Hernández, así como por el diputado Silvano Garay Loredo, quienes plantearon reformas a la Constitución Política del Estado y a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Tlaxcala.

¿QUÉ PROPONE LA INICIATIVA?

La reforma busca que partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes estén obligados a postular personas con discapacidad en:

• Diputaciones locales de mayoría relativa
• Diputaciones de representación proporcional
• Integración de ayuntamientos y planillas municipales

Además, contempla mecanismos para acreditar que las candidaturas correspondan efectivamente a personas con discapacidad y no únicamente a simulaciones políticas.

EL OBJETIVO: INCLUSIÓN POLÍTICA REAL

En la exposición de motivos, las y el legislador señalaron que, aunque las personas con discapacidad representan un sector importante de la población, históricamente han sido excluidas de espacios de representación política y toma de decisiones.

Argumentaron que las acciones afirmativas son herramientas constitucionales válidas para avanzar hacia una igualdad sustantiva y reducir condiciones de discriminación estructural.

La propuesta busca pasar del discurso de inclusión a mecanismos obligatorios de representación política.

SUSTENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL

La iniciativa retoma principios establecidos en:

• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
• Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
• Resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Los promoventes sostuvieron que existe obligación legal y convencional de garantizar representación efectiva para grupos históricamente vulnerados.

¿QUÉ SIGUE?

Tras su presentación ante el Pleno, la iniciativa fue turnada a distintas comisiones legislativas para su análisis y dictaminación:

• La reforma constitucional será estudiada por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.
• Las modificaciones a la legislación electoral serán analizadas por las Comisiones Unidas de Asuntos Electorales y de Puntos Constitucionales.

UN DEBATE QUE PODRÍA IMPACTAR LAS ELECCIONES FUTURAS

De aprobarse, Tlaxcala avanzaría hacia un esquema de representación política más incluyente, obligando a los partidos a abrir espacios reales a personas con discapacidad dentro de las próximas contiendas electorales.

El debate de fondo será si las cuotas logran traducirse en participación efectiva o quedan únicamente como requisitos formales dentro de las estructuras partidistas.

LUIS ROMERO

La diputada Laura Yamili Flores Lozano presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley Municipal de Tlaxcala para establecer reglas más claras sobre las ausencias temporales y definitivas de presidentes municipales, en un contexto marcado por la cercanía del proceso electoral 2026-2027.

La propuesta surge ante lo que la legisladora calificó como vacíos legales y prácticas discrecionales en los ayuntamientos, donde algunos alcaldes han influido políticamente en la designación de quienes los sustituyen cuando solicitan licencia para separarse del cargo.

BUSCAN EVITAR IMPOSICIONES POLÍTICAS EN AYUNTAMIENTOS

Durante la sesión ordinaria de la LXV Legislatura, Flores Lozano sostuvo que la legislación actual permite que las ausencias temporales sean cubiertas por regidores, mecanismo que —afirmó— ha derivado en conflictos internos y problemas de gobernabilidad municipal.

Según explicó, en diversos casos se ha dejado de lado a la figura del suplente constitucional electo por la ciudadanía, favoreciendo perfiles cercanos al presidente municipal en funciones.

“La intención es dar certeza jurídica y evitar decisiones discrecionales que alteren la voluntad popular”, planteó la legisladora durante la exposición de motivos.

¿QUÉ CAMBIOS PROPONE LA INICIATIVA?

La reforma contempla modificaciones a los artículos 24 y 25 de la Ley Municipal del Estado, así como la adición del artículo 23 Bis, con el objetivo de definir legalmente las faltas temporales y absolutas de los integrantes de los ayuntamientos.

Entre los puntos centrales destacan:

• Que toda ausencia temporal o definitiva del presidente municipal sea cubierta obligatoriamente por la persona suplente.
• Definir como falta temporal aquella que no exceda de 60 días naturales.
• Permitir una ampliación de hasta 30 días adicionales únicamente con autorización del cabildo y causa justificada.
• Establecer como falta absoluta casos como fallecimiento, incapacidad, interdicción o ausencia prolongada sin justificación.

CONGRESO PODRÍA INTERVENIR SI EL CABILDO NO ACTÚA

Otro de los puntos relevantes de la iniciativa es que el suplente deberá rendir protesta de manera inmediata una vez aprobada la licencia del alcalde.

Además, el ayuntamiento tendrá la obligación de informar al Congreso del Estado para formalizar la nueva integración municipal mediante publicación oficial.

La propuesta también prevé que, si el cabildo no concreta la toma de protesta en un plazo máximo de siete días naturales, sea el propio Congreso quien intervenga para designar a un presidente municipal interino o sustituto.

REFORMA TOMA RELEVANCIA RUMBO A LAS ELECCIONES DE 2027

La diputada señaló que esta modificación cobra especial importancia ante el próximo proceso electoral, debido a que se prevé que varios alcaldes soliciten licencia para competir por otros cargos de elección popular.

El objetivo, dijo, es evitar crisis políticas, disputas internas y escenarios de incertidumbre administrativa en los municipios durante el periodo electoral.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su análisis y eventual dictaminación.