MANUEL MARTÍNEZ

Los aspirantes a la gubernatura de Tlaxcala —especialmente aquellos que se asumen como punteros— han cometido un grave error: abusar de la publicación de encuestas.

Prácticamente cada semana se difunden nuevos resultados de mediciones sobre preferencias electorales. Lo preocupante es la alta diferencia entre ellas, lo que genera efectos negativos en el proceso democrático estatal, particularmente al interior de Morena, donde la candidatura a la máxima magistratura se ha convertido en la manzana de la discordia.

Quienes anhelan la nominación han adelantado los tiempos y, en su afán por imponerse en la arena de la percepción ciudadana, han propiciado confusión y desinformación. La saturación de encuestas —con resultados dispares y, en ocasiones, contradictorios— dificulta identificar la verdadera intención de voto y la posición real de los aspirantes.

Así, la guerra de encuestas se ha traducido en un ejercicio abierto de manipulación de la opinión pública. Diversos estudios —en su mayoría de dudosa reputación— se han convertido en herramientas de propaganda, y su financiamiento opaco sugiere el uso de recursos que altera el equilibrio que debería prevalecer en la competencia interna.

A estas alturas, la pérdida de credibilidad es evidente. La ciudadanía ha advertido la difusión excesiva de datos falsos o imprecisos, lo que ha detonado una creciente desconfianza. Sin embargo, al interior del partido el problema es aún mayor, ya que la unidad partidista se encuentra comprometida por la confrontación entre los aspirantes que se ostentan como primeros. En otras palabras, en las entrañas de Morena, el proyecto político se ve amenazado por la disputa entre los grupos que los respaldan, lo que abre escenarios indeseables de ruptura.

Por todo ello, y ante la falta de orden por parte de la dirigencia estatal —que se ha visto rebasada para hacer cumplir los llamados tanto de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como del Comité Ejecutivo Nacional de Morena—, no sería extraño que las nuevas autoridades del partido opten por considerar otros mecanismos para definir al abanderado a la gubernatura, como el principio de género, o mejor aún: elegir un perfil con capacidad para conciliar intereses, porque si a estas alturas quienes encabezan las encuestas no logran contenerse, menos lo harán una vez que obtengan la candidatura.

Esa falta de respeto a las reglas del partido puede tener consecuencias serias, primordialmente porque no garantizaría la cohesión necesaria para ejercer el poder bajo sus principios. De este modo, la sobreexplotación de encuestas no solo desgasta a los aspirantes: puede terminar por fracturar al partido.

Las opiniones, juicios y valoraciones expresadas en este espacio son responsabilidad exclusiva de su autor, por lo que no representan ni comprometen, de manera directa o indirecta, la postura, criterio o línea editorial del portal de noticias otrosdatos.com.mx

LUIS ROMERO

Una declaración cimbró el tablero político rumbo a 2027. Ayer, al término de la entrega de las Cuentas Públicas 2025 del gobierno y organismos auxiliares, el secretario de Finanzas del Estado de México, Óscar Flores Jiménez, fue directo: “Tengo una función pública, una responsabilidad y un doble compromiso con la gobernadora por el voto de confianza que me otorgó; de ahí no me voy a mover”.

ante cuestionamientos sobre su eventual participación en la contienda interna de Morena por la gubernatura de Tlaxcala, el mensaje fue aún más preciso: “Tengo una encomienda… un doble compromiso con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y, por ende, con las y los mexiquenses”.

La interpretación simplista no se hizo esperar: que se baja, que se descarta, que cierra la puerta. Pero leer así sus palabras es perder de vista el contexto político y las reglas no escritas del momento.

Conviene recordar que la dirigencia nacional de Morena —y la propia presidenta Claudia Sheinbaum— han sido enfáticas: no adelantar tiempos, evitar promoción anticipada y, en su caso, separarse del cargo para competir, lineamientos que, en los hechos, varios aspirantes en Tlaxcala han ignorado sistemáticamente.

En ese escenario, la postura de Óscar Flores no es una renuncia, sino una definición estratégica: disciplina institucional como activo político. Mientras otros se precipitan, él se alinea. Disciplina hoy, definición mañana.

Y no es un matiz menor. Su declaración no solo evita colocarlo en el radar de posibles sanciones internas; también reposiciona su perfil como un funcionario que entiende el momento político y respeta la jerarquía partidista. Lealtad a la gobernadora, sintonía con la presidenta y apego a las reglas: tres mensajes en uno.

Pero hay un segundo nivel de lectura. Al cerrar —por ahora— cualquier especulación, también protege el foco mediático de lo verdaderamente relevante: la entrega en tiempo y forma de la Cuenta Pública, con indicadores de estabilidad financiera y eficiencia recaudatoria. Es decir, resultados.

En política, el tiempo es fondo. Y en este caso, la decisión de no jugar antes de tiempo evita desgaste, reduce exposición y preserva capital político para cuando la competencia sea formal.

El eventual nerviosismo entre sus simpatizantes en Tlaxcala es, en ese sentido, un daño colateral menor. La señal de fondo es otra: hay quienes ya están en campaña y hay quienes están construyendo condiciones para competir. Óscar Flores parece haber optado por lo segundo. Porque en Morena —al menos en el discurso oficial— la disciplina sigue siendo un requisito. Y quien no puede respetar los tiempos, difícilmente puede aspirar a conducir un proyecto político.

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LOURDES ROMERO

En política, los símbolos pesan tanto como los discursos. Y lo ocurrido en la Plaza de Toros Jorge “El Ranchero” Aguilar durante el 35 aniversario del Movimiento Antorchista en Tlaxcala no fue un acto más en la agenda pública: fue una demostración de fuerza, de organización… y de definición.

Miles de asistentes, una plaza llena y una estructura territorial aceitada confirmaron lo que durante años ha sido evidente pero que pocos dimensionan con precisión: Antorcha Campesina no solo resiste, sino que mantiene capacidad de movilización, interlocución y presión política. Bajo el liderazgo de Aquiles Córdoba Morán y con la operación estatal de Isaías Chanona Hernández, el antorchismo volvió a exhibir su principal activo: el músculo social.

En ese escenario, la presencia del alcalde capitalino, Alfonso Sánchez García, no pasó desapercibida. No era un invitado más. Su asistencia, en un contexto político donde cada movimiento se interpreta en clave sucesoria, envió un mensaje claro: hay puentes construidos, diálogo permanente y, sobre todo, reconocimiento mutuo.

El edil no improvisó. Su discurso, medido pero directo, apeló a la legitimidad de una organización que durante 35 años ha sabido articular demandas sociales y convertirlas en agenda pública. “Eso merece respeto”, dijo. Y en política, el respeto no es gratuito: se construye, se negocia y, eventualmente, se capitaliza.

Pero más allá de las palabras, lo relevante estuvo en la recepción. La respuesta del público —cálida, receptiva, incluso entusiasta— no solo reflejó cortesía política. Mostró algo más profundo: una base organizada que no le es ajena, que lo reconoce y que comienza a identificarlo como un interlocutor viable.

Ahí es donde el acto adquiere dimensión estratégica porque rumbo a 2027, ningún proyecto competitivo puede prescindir de estructuras reales de movilización. Y Antorcha, guste o no, las tiene. La reubicación de comerciantes mencionada por Sánchez García no es un dato menor: es evidencia de capacidad de negociación, de operación política efectiva y de construcción de acuerdos en escenarios complejos.

Lo que se vio en la plaza fue, en esencia, un ensayo de convergencia. Un momento donde la política institucional y la organización social encontraron un punto de coincidencia. Y aunque no se trate —al menos públicamente— de un respaldo formal, sí deja ver una ruta de afinidad que podría consolidarse con el tiempo.

En política, las alianzas no siempre se anuncian: se construyen a la vista de todos. Y lo del aniversario antorchista deja una lectura difícil de ignorar: Alfonso Sánchez García no solo asistió a un evento; se posicionó frente a una de las estructuras sociales más disciplinadas del estado… y salió bien librado.

Si ese vínculo evoluciona hacia un respaldo más explícito, el tablero rumbo a 2027 podría empezar a reconfigurarse antes de lo previsto, porque cuando la movilización se convierte en respaldo, deja de ser espectáculo y se vuelve poder.

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