LUIS ROMERO

La senadora Ana Lilia Rivera Rivera expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras la polémica generada por la solicitud del gobierno de Estados Unidos para la detención provisional con fines de extradición de diez ciudadanos mexicanos, entre ellos, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez.

“México es un país grandioso, con un pueblo extraordinario y trabajador. Además, tenemos una gran Presidenta. Por eso, respaldo plenamente su posición: verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional”, afirmó la legisladora.

¿QUÉ DETONÓ EL POSICIONAMIENTO?

El pronunciamiento ocurre luego de que la presidenta Sheinbaum fijara postura frente a la petición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que busca la detención provisional de diversos funcionarios, entre ellos el gobernador de Sinaloa, un senador y el alcalde de Culiacán.

La mandataria subrayó que el proceso debe apegarse a principios de legalidad, transparencia y defensa de la soberanía nacional.

MÉXICO REVISA SOLICITUDES DE EXTRADICIÓN

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el pasado 28 de abril recibió formalmente las solicitudes por parte del gobierno estadounidense.

De acuerdo con el procedimiento:

• La información fue turnada a la Fiscalía General de la República
• Se evaluará conforme a la Ley de Extradición Internacional
• Se determinará si existen elementos suficientes para proceder

SEÑALAN FALTA DE PRUEBAS EN SOLICITUDES

Tras una revisión preliminar, la Cancillería indicó que los documentos entregados por la Embajada de Estados Unidos no contienen, hasta ahora, pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad de las personas señaladas.

No obstante, será la Fiscalía quien determine:

• La validez jurídica de las solicitudes
• La existencia de elementos probatorios
• La viabilidad de las detenciones provisionales

RECLAMO DIPLOMÁTICO EN PUERTA

El gobierno mexicano también informó que enviará un extrañamiento a la Embajada estadounidense debido a la forma en que se hizo pública la información, al considerar que los tratados internacionales contemplan la confidencialidad en este tipo de procesos.

El caso abre un frente delicado en la relación bilateral México–Estados Unidos, al involucrar a actores políticos en funciones y poner a prueba:

• Los mecanismos de cooperación judicial
• El respeto a la soberanía nacional
• La solidez del sistema jurídico mexicano

LUIS ROMERO

La senadora tlaxcalteca Anabell Ávalos Zempoalteca respaldó la designación de Mariana Moguel Robles como delegada del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tlaxcala, al señalar que su llegada representa un reconocimiento a su trayectoria, capacidad y compromiso partidista.

“Es un honor coincidir en este momento de fortalecimiento, trabajando por México y por Tlaxcala”, expresó la legisladora, quien acompañó a la dirigencia estatal priista durante la conferencia de prensa en la que se dio la bienvenida oficial a la nueva representante del CEN.

En el encuentro estuvieron presentes Alejandra Andrade, secretaria de Operación Política del CEN; Enrique Padilla Sánchez, presidente del Comité Directivo Estatal (CDE); Zonia Montiel Candaneda, secretaria del CDE; la diputada local Sandra Aguilar Vega; así como René Juárez Cisneros y Cuauhtémoc Matanzos, subsecretarios del CEN, junto con integrantes del comité estatal.

Durante el acto, las y los asistentes coincidieron en la necesidad de consolidar la unidad interna del partido, trabajar con carácter y rumbo, y fortalecer la estructura territorial de cara al proceso electoral de 2027.

En ese contexto, Ávalos Zempoalteca subrayó que el priismo tlaxcalteca debe asumir con determinación el reto político que se avecina. “Tlaxcala nos necesita firmes, unidos y con la valentía de rescatar a nuestro estado”, afirmó.

La llegada de Mariana Moguel se enmarca en una estrategia de reorganización y fortalecimiento del PRI en la entidad, de cara a la definición de liderazgos y la construcción de una alternativa competitiva rumbo a los próximos comicios.

LUIS ROMERO

A diferencia de lo ocurrido hace dos años, cuando cerraron filas en su defensa, las y los gobernadores de la llamada Cuarta Transformación han optado ahora por el silencio frente a las nuevas acusaciones contra Rubén Rocha Moya, mandatario de Sinaloa.

El cambio de postura ocurre en un contexto más delicado: la Embajada de los Estados Unidos en México confirmó que tomó nota de la presentación de cargos penales por parte de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York en contra del gobernador y otras personas, lo que eleva la presión política y diplomática en torno al caso.

En un comunicado, la representación estadounidense fijó una posición que, sin mencionar detalles específicos, deja claro el alcance del tema:

“Combatir la corrupción y la actividad criminal transnacional es una prioridad compartida para los Estados Unidos y México (…) la corrupción que facilita el crimen organizado será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos”.

Aunque subraya la cooperación bilateral, el mensaje también marca una línea: las investigaciones seguirán su curso incluso cuando involucren a actores políticos relevantes.

DEL RESPALDO PÚBLICO… AL DISTANCIAMIENTO

El contraste es evidente. En agosto de 2024, 29 gobernadores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), entre ellos Lorena Cuéllar Cisneros, de Tlaxcala, firmaron un pronunciamiento de respaldo a Rocha Moya, a quien calificaron como “una persona honesta”.

En ese momento, el bloque oficialista rechazó los señalamientos que lo vinculaban con el narcotraficante Ismael Zambada García, detenido el 25 de julio de ese año.

“Rechazamos tajantemente los falsos señalamientos…”, afirmaron entonces las y los mandatarios morenistas.

El posicionamiento respondía a una carta difundida por Frank Pérez, defensa legal de Zambada, en la que se mencionaba una supuesta reunión en Culiacán el día de su captura, en la que habrían participado Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén, asesinado esa misma noche.

TLAXCALA: CERCANÍA POLÍTICA, DISTANCIA PÚBLICA

En el caso de Tlaxcala, la gobernadora Lorena Cuéllar ha hecho pública en distintas ocasiones su cercanía política y personal con el mandatario sinaloense, quien fue invitado especial a su toma de protesta el 31 de agosto de 2021. Sin embargo, frente a este nuevo escenario, ha optado por no emitir posicionamiento alguno.

La ausencia de pronunciamiento no es menor: ocurre en medio de un caso que ya no solo implica señalamientos mediáticos, sino la intervención de autoridades judiciales estadounidenses.

UN CASO QUE ESCALA… Y UN SILENCIO QUE PESA

El viraje de respaldo a silencio dentro de Morena refleja el nivel de riesgo político que representa el caso. A diferencia de 2024, hoy las acusaciones tienen un componente judicial internacional que complica cualquier defensa pública sin costos.

Por ahora, el proceso legal en Estados Unidos seguirá su curso. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fijó postura hoy en su conferencia matutina, en la que consideró un evidente objetivo político en la solicitud del Departamento de Justicia, y anticipó que no permitirá ninguna injerencia.