Por LUIS ROMERO

Al revisar la situación de las cárceles en la entidad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) detectó deficiencias en rubros que aseguran el respeto a las garantías de las personas recluidas.

En el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Apizaco se encontró que, para asegurar una estancia digna, se deben mejorar las condiciones materiales e higiene de las instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad.

Asimismo, para mantener la gobernabilidad de esta prisión, se recomienda aumentar el personal de seguridad y custodia, y prevenir y sancionar la presencia de actividades ilícitas.

Además, hay deficiencia en la atención a mujeres y/o personas menores de edad que viven con ellas en el anexo femenil, además de insuficiencias en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria en este CERESO, que por todo lo anterior obtuvo una calificación de 7.85.

En el CERESO de Tlaxcala, que alcanzó una calificación de 8.32, son insuficientes las vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos, lo que atenta contra la integridad personal de los internos, y también hay malas condiciones materiales y de higiene, e insuficiente personal para mantener la gobernabilidad plena de la prisión.

Y en el Centro Femenil de Reinserción Social del Estado de Tlaxcala, que tuvo una calificación de 8.05, además de falta de personal de seguridad y custodia, y deficiencias en las vías para la presentación de quejas y las condiciones de higiene del penal, no hay una adecuada separación entre procesados y sentenciados, ni programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria, ni actividades deportivas.

¿SABES CUÁLES SON LAS MEJORES Y PEORES CÁRCELES DEL PAÍS?

Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 (DNSP), los centros estatales con mayor promedio fueron: Centro de Reinserción Social Femenil de San José El Alto, de Querétaro, 8.54; Centro Penitenciario Femenil Saltillo, de Coahuila, 8.49; Centro Estatal de Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato, 8.47; Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 1 Chiapa de Corzo, Chiapas, 8.38, y Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, de Ciudad de México, 8.36.

Mientras que las instituciones estatales con menor promedio son: Centro de Reinserción Social de Tecamachalco, Puebla, 4.73; Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, Tamaulipas, 4.91; Centro de Reinserción Social de Zacatlán, Puebla, 4.94; Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 7 Huixtla, Chiapas, 4.99, y Centro de Reinserción Social de Zihuatanejo, Guerrero, 5.02.

Por otra parte, los centros federales con mayor evaluación son: CEFERESO número 12, Guanajuato, 8.23; CEFERESO número 8, Sinaloa, 8.16; Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, 8.05; CEFERESO número 13, Oaxaca, 7.97, y CEFERESO número 15, Chiapas, 7.89.

Y los centros federales con menor promedio son: CEFERESO número 14, Durango, 6.37; CEFERESO número 5, Veracruz, 6.54; CEFERESO NÚMERO 1, Estado de México, 6.67; CEFERESO número 2, Jalisco, 6.81, y CEFERESO número 17, Michoacán, 7.36.

¿Y SUS PRINCIPALES DEFICIENCIAS?

Las deficiencias con mayor incidencia detectadas en centros estatales fueron:

• Autogobierno/cogobierno (33.33%)
• Falta de prevención y atención de incidentes violentos (48%)
• Cobros indebidos (40%)
• Sobrepoblación (33.33%)
• Insuficiencia de personal (72.68%)
• Insuficiencia de actividades laborales y de capacitación (66.84%)
• Deficientes condiciones materiales, equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios (62.84%)
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados (55.19%)
• Insuficiencia de programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria (51.91%)
• Presencia de actividades ilícitas (40.44%)
• Deficiencia en los servicios de salud (32.79%).

En los centros federales se observó en 16 de 17 establecimientos insuficiencia de personal, deficiencias en servicios de salud, falta de personal y de medicamentos, y en 13 se detectaron deficiente atención a personas mayores, insuficiencia de actividades laborales, de capacitación, educativas y deportivas, y falta de programas de prevención de adicciones.

En las prisiones militares, se identificó falta de actividades laborales y de capacitación falta de separación entre procesados y sentenciados e insuficientes vías de remisión de quejas.