En el marco del Diálogo Circular realizado este miércoles en la Coordinación de Comunicación (CCOM) del Gobierno del Estado, el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), Maximino Hernández Pulido, expuso los alcances de la nueva Estrategia Nacional de Seguridad y las obligaciones que derivan de la reciente reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, particularmente, en materia de certificación institucional de las corporaciones policiales.

Durante su participación en este encuentro con medios de comunicación, explicó que dicha ruta inició hace un año con la presentación de la estrategia nacional del Gobierno de México y la posterior emisión de acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

“Esa es la ruta del tiempo de nuevas figuras y actualizaciones que hoy estamos comenzando a arrancar en todos los estados”, señaló.

Hernández Pulido detalló que uno de los ejes centrales es la actualización del artículo 53, el cual establece la figura de certificación institucional: “Todos los policías del país, municipales, estatales y de las fiscalías locales, tienen la obligación de pasar por los filtros de control de confianza”.

Asimismo, precisó que estos filtros incluyen exámenes médicos, toxicológicos, pruebas de polígrafo, formación inicial y cursos de competencias básicas, con el objetivo de obtener la Certificación Única Policial (CUP).

El secretario ejecutivo del SESP indicó que ahora no solo se evalúa a los elementos de manera individual, sino a las corporaciones en su conjunto. Para ello, la ley establece tres requisitos fundamentales, el primero de ellos, dijo, contar con un estado de fuerza mínimo de un policía por cada mil habitantes.

“Un municipio con 20 mil habitantes debe garantizar por lo menos 20 policías evaluados y aprobados”, explicó, al tiempo que recordó que existe un acuerdo nacional para incrementar gradualmente el estado de fuerza en un 25 por ciento adicional en la ruta 2026–2030.

El segundo requisito, anotó, consiste en que el 100 por ciento de los elementos estén inscritos en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, base de datos que concentra expedientes con información biométrica. “De aquí deriva también la posibilidad de que un policía pueda portar arma, porque está vinculado a la licencia oficial colectiva”, puntualizó.

Como tercer punto, el artículo 53 establece que al menos el 75 por ciento del personal debe estar evaluado y aprobado. “Son tres requisitos muy básicos y es con los que estamos arrancando este 2026”, enfatizó.

Al presentar el diagnóstico estatal, Hernández Pulido informó que la mayoría de los municipios cumple con el estado de fuerza ideal, aunque existen casos con déficit derivado de renuncias ocurridas a finales de 2025.

“Esto se debió a la migración que se hizo en diciembre, cuando algunos policías supieron que las nuevas disposiciones iban a entrar en vigor”, explicó.

No obstante, el funcionario aseguró que la situación es atendida mediante la programación de nuevos exámenes de control de confianza. Precisó que “estas evaluaciones se pagan con fondos federales y esa parte está garantizada”.

Hernández Pulido advirtió que el cumplimiento de estos requisitos es indispensable para que los municipios puedan acceder a recursos federales. “Es la única posibilidad que tienen los presidentes municipales de acceder a fondos como el FASP y el FOFIS”, señaló, al detallar que actualmente solo algunos municipios cumplen con el porcentaje requerido.

Finalmente, habló de los avances en materia de mejoras laborales, destacando que 38 municipios ya aprobaron en cabildo la homologación salarial de sus policías. Añadió que “es importante que nuestros policías tengan salario homologado, seguridad social, seguro de vida y mejores condiciones laborales”, tras reiterar que el Sistema Estatal de Seguridad Pública brindará acompañamiento permanente para lograr la certificación institucional en los 60 municipios de Tlaxcala.