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ESTADO Y GOBIERNO

TLAXCALA FORTALECE SU MARCO LEGAL PARA COMBATIR LA EXTORSIÓN Y MEJORAR LA SEGURIDAD PÚBLICA

Como parte del proceso de armonización legislativa en materia de seguridad, Tlaxcala avanzó en la actualización de su marco jurídico para alinear la estrategia estatal con la política federal, con énfasis en la prevención, la inteligencia y el combate frontal a delitos como la extorsión, informó Maximino Hernández Pulido, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP).

Durante su participación en los Diálogos Circulares de la Coordinación de Comunicación, el funcionario explicó que esta armonización se sustenta en un enfoque integral articulado en cuatro ejes estratégicos, el primero de ellos orientado a la atención de las causas, mediante acciones preventivas y de proximidad social.

En este rubro, destacó el fortalecimiento de las “Jornadas de Paz”, que cada viernes acercan servicios de dependencias estatales y federales a las comunidades, así como el trabajo del Consejo Estatal de Paz, el Consejo Estatal de Seguridad Pública y la Mesa de Construcción de Paz, cuyo modelo se replicará en los 60 municipios para involucrar de manera directa a cabildos, presidentas y presidentes municipales y sociedad civil en las tareas de seguridad.

A estas acciones se suma la recuperación de espacios públicos a través de los “Tlaxcaltequios” del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ), la jornada “Sí al Desarme, Sí a la Paz 2026”, y la red de “Mujeres Tejedoras de Paz”, integrada por más de 23 mil mujeres organizadas en todo el estado, quienes colaboran activamente en tareas de prevención y comunicación comunitaria.

Hernández Pulido subrayó que este trabajo se complementa con una coordinación permanente del gabinete de seguridad con instancias federales y estatales, el despliegue de cuatro cuarteles de la Guardia Nacional y la proyección de otros cuatro a mediano plazo. No obstante, precisó que el esfuerzo central está enfocado en el fortalecimiento de las capacidades locales, particularmente de la Policía Estatal, la Policía de Investigación de la Fiscalía y las 60 corporaciones municipales.

En este sentido, explicó que el segundo eje de la estrategia corresponde al fortalecimiento institucional, que incluye un plan de reclutamiento 2026–2030 para incrementar en 25 por ciento el estado de fuerza en un periodo de cuatro años.

Como parte de este eje, 38 municipios aprobaron ajustes a sus presupuestos de egresos para destinar mayores recursos del FORTAMUN a seguridad, con el objetivo de que, a partir de este año, al menos dos terceras partes del territorio estatal reflejen mejoras en condiciones laborales, salariales, de dignificación, profesionalización y desarrollo de la carrera policial.

El tercer eje se enfoca en el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, mediante la articulación de las áreas de seguridad e inteligencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el C5 y las instancias federales como la Guardia Nacional, lo que implica procesos de certificación obligatorios.

En este contexto, recordó que el proceso de armonización legislativa inició en septiembre de 2025 y se consolidó en octubre del mismo año, alineando el marco jurídico estatal con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este esfuerzo se fortaleció en diciembre con la emisión del Decreto 252, que incorporó disposiciones al Código Penal de Tlaxcala para robustecer la investigación, persecución y sanción del delito de extorsión, además de establecer criterios como la prohibición de que deudores alimentarios formen parte de las corporaciones de seguridad.

Entre los avances derivados de estas reformas destaca el fortalecimiento del Centro Estatal de Información, la creación de la Unidad Antiextorsión, la modernización de la línea 089 y la implementación del Registro Nacional de Información Penitenciaria, que contempla la integración progresiva de datos biométricos.

En el ámbito específico del combate a la extorsión, Hernández Pulido detalló que la Unidad Antiextorsión reforzará su labor preventiva, particularmente en redes sociales, y que el estado invierte en tecnología mediante un software especializado capaz de analizar comportamientos cibernéticos para anticipar riesgos y patrones delictivos.

A ello se suman los trabajos derivados de los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública para el diagnóstico de la Ley de Desaparición Forzada, en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas y la Fiscalía especializada.

Finalmente, subrayó que Tlaxcala se alinea al Acuerdo para el Fortalecimiento de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que establece criterios homologados de investigación en todo el país, como parte de una política de seguridad que combina prevención social, fortalecimiento institucional e inteligencia.

ESTADO Y GOBIERNO

AMENAZAS EN ESCUELAS DE TLAXCALA DESTAPAN INVESTIGACIONES Y VACÍOS DE INFORMACIÓN OFICIAL

LUIS ROMERO

A un día de las amenazas de tiroteo registradas en escuelas de Tlaxcala, el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Homero Meneses Hernández, confirmó la apertura de carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), mientras persisten cuestionamientos por la falta de comunicación oficial oportuna.

Los hechos ocurrieron en el Instituto Tecnológico de Apizaco (ITA), el CBTis 154 y la Telesecundaria Francisco Sarabia -estas últimas ubicadas en Calpulalpan-, donde aparecieron mensajes que advertían posibles actos de violencia.

De acuerdo con el funcionario, las amenazas estarían vinculadas a un reto viral de TikTok, lo que refuerza una tendencia nacional de contenidos digitales creados para generar escenarios de pánico colectivo.


INVESTIGACIONES EN CURSO, TRAS REACCIÓN TARDÍA

Fue hasta la rueda de prensa denominada “Diálogo Circular” de este viernes cuando se informó que la FGJE inició cuatro investigaciones de oficio por los hechos del 23 de abril y dos más este 24 de abril, relacionadas con nuevos incidentes en la Secundaria Técnica 50, en Loma Florida, Apizaco, y nuevamente en el ITA.

Sin embargo, el reconocimiento oficial llega después de una jornada marcada por la incertidumbre, ya que ni el gobierno estatal, ni las autoridades educativas, ni la propia Fiscalía, emitieron información oportuna sobre los operativos de seguridad que supuestamente se implementaron.

Este vacío informativo generó críticas entre la comunidad escolar y padres de familia, quienes enfrentaron horas de tensión sin claridad sobre el nivel real de riesgo en las instituciones.


¿BROMA VIRAL O DELITO PENAL?

Ante la presión mediática, el titular de la SEPE advirtió que las amenazas en escuelas están tipificadas como delito y se persiguen de oficio.

Precisó que:

  • Mayores de edad podrían enfrentar sanciones penales
  • Menores desde los 12 años pueden ser sujetos a proceso

En el caso del Tecnológico de Apizaco, donde la mayoría de estudiantes son mayores de edad, será la FGJE quien determine las responsabilidades legales.

Además, se informó que se realizarán estudios de grafología para identificar a los presuntos responsables, lo que evidencia que las autoridades apuestan por una ruta de investigación forense más que preventiva para salir al paso de los señalamientos por una aparente actuación sobre la marcha.


PROTOCOLOS ANUNCIADOS, AUNQUE INDEFINIDOS

Uno de los puntos más cuestionables es que, pese a que autoridades aseguraron haber activado protocolos de seguridad, estos aún no están formalmente definidos.

El propio funcionario adelantó que será hasta el próximo lunes cuando la Mesa de Seguridad dé a conocer el protocolo oficial de actuación para este tipo de amenazas, lo que exhibe una posible improvisación institucional ante un fenómeno que ya había sido detectado en otros estados.


UN FENÓMENO QUE ESCALA A NIVEL NACIONAL

Tlaxcala no es un caso aislado. Entidades como Nuevo León, Coahuila, Baja California, Veracruz, Estado de México y Puebla también han registrado amenazas similares, vinculadas al reto viral conocido como “Mañana Tiroteo”.

Este patrón consiste en:

  • Mensajes escritos en sanitarios escolares
  • Difusión de rumores en WhatsApp
  • Contenido viral en TikTok

Su objetivo: generar miedo masivo entre estudiantes, docentes y padres de familia.


ENTRE EL PÁNICO Y LA FALTA DE PREVENCIÓN

Más allá del origen digital de estas amenazas, el caso Tlaxcala exhibe un problema de fondo: la reacción institucional tardía frente a crisis que impactan directamente en la seguridad escolar, lo que lleva a la pregunta: ¿están realmente preparadas las autoridades para responder a este tipo de riesgos?

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ESTADO Y GOBIERNO

ALERTA POR FALSAS AMENAZAS EN ESCUELAS DE TLAXCALA: LLAMAN A FRENAR “BROMAS” QUE MOVILIZAN A LAS AUTORIDADES

LUIS ROMERO

Tras una serie de alertas por posibles ataques en espacios educativos, el presidente municipal de Huamantla, Salvador Santos Cedillo, advirtió sobre el riesgo de normalizar este tipo de situaciones, luego de casos recientes que han generado movilizaciones de seguridad y preocupación social.

Su llamado, a través de redes sociales, se da en un contexto donde mensajes sobre supuestas balaceras o hechos violentos han circulado en escuelas, provocando desalojos y despliegues de emergencia que, en algunos casos, han resultado ser falsas alarmas.


DE TEOTIHUACÁN A APIZACO: HECHOS QUE ENCIENDEN ALERTAS

El alcalde hizo referencia a dos sucesos recientes que abren el debate sobre la exposición a contenidos violentos y su impacto en jóvenes.

Primero, al tiroteo ocurrido el pasado 20 de abril en Teotihuacán, atribuido a un agresor identificado como Julio César Jasso Ramírez, quien habría actuado bajo un patrón tipo “copycat”, es decir, replicando hechos violentos de otros contextos, mencionándose su posible influencia por ataques como el ocurrido en Columbine (1991) en Estados Unidos.

Pero también, a lo ocurrido en el Instituto Tecnológico de Apizaco (ITA), la mañana de este jueves, donde un reporte de riesgo provocó la suspensión de actividades y el desalojo del plantel, encendiendo la alerta entre autoridades y comunidad educativa.


“NO ES UN JUEGO”: AUTORIDADES ADVIERTEN CONSECUENCIAS REALES

El edil fue enfático al señalar que este tipo de situaciones no deben minimizarse:

“Esto no es un juego. Esto no es diversión. Esto no es una travesura. Es algo sumamente delicado”.

Subrayó que cada vez que se reporta una amenaza, las corporaciones de seguridad, protección civil y cuerpos de emergencia están obligados a activar protocolos, movilizando recursos que podrían ser necesarios en emergencias reales.


EL RIESGO DE NORMALIZAR LA VIOLENCIA

Uno de los puntos centrales del mensaje del presidente municipal es el peligro de que estas acciones se conviertan en una especie de “reto escolar” o dinámica para llamar la atención.

Advirtió que permitir este tipo de conductas puede generar una cultura donde amenazar o sembrar miedo se perciba como algo normal, especialmente entre jóvenes.


LLAMADO A PADRES Y COMUNIDAD EDUCATIVA

Ante este escenario, Santos Cedillo pidió a madres y padres de familia reforzar la comunicación con sus hijos y supervisar:

  • Lo que consumen en redes
  • Lo que comparten
  • Las dinámicas escolares en las que participan

“Una falsa alarma también tiene consecuencias reales”, advirtió, al señalar que estos actos generan miedo, angustia y riesgos innecesarios.


UN PROBLEMA QUE VA MÁS ALLÁ DE LA SEGURIDAD

Más allá de los operativos, el fenómeno evidencia un reto social más profundo: la relación de los jóvenes con la violencia simbólica, la influencia digital y la falta de conciencia sobre las consecuencias.

Mientras las autoridades intentan responder con protocolos de seguridad, el fondo del problema apunta a la necesidad de prevención efectiva, educación eficaz y oportuna atención temprana.

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ESTADO Y GOBIERNO

CONGRESO DE TLAXCALA AVALA REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE FEMINICIDIO: BUSCAN LEY GENERAL Y HOMOLOGACIÓN EN TODO EL PAÍS

LUIS ROMERO

El Congreso del Estado de Tlaxcala aprobó por unanimidad una reforma constitucional en materia de feminicidio, con la que se faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general que homologue este delito en todo el país.

La modificación al artículo 73 de la Constitución federal deriva de una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, previamente avalada por la Cámara de Diputados el pasado 21 de abril.

¿QUÉ CAMBIA CON LA REFORMA?

La actualización constitucional permitirá:

  • Establecer un tipo penal homogéneo de feminicidio en todo México
  • Definir sanciones y agravantes claras
  • Fortalecer la coordinación entre autoridades
  • Mejorar la procuración de justicia

El objetivo central es cerrar brechas legales entre estados que actualmente dificultan la investigación y sanción de este delito.

IMPACTO DIRECTO EN VÍCTIMAS

El dictamen subraya que la reforma no solo busca castigar el delito, sino también garantizar derechos de las víctimas:

  • Acceso efectivo a la justicia
  • Reparación integral del daño
  • Atención a víctimas indirectas -especialmente niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad-

Esto representa un cambio relevante en la forma en que el Estado aborda las consecuencias del feminicidio.

COMBATE A LA IMPUNIDAD

Uno de los principales problemas en México ha sido la falta de criterios uniformes para investigar feminicidios, lo que deriva en:

  • Clasificación incorrecta de delitos
  • Procesos judiciales deficientes
  • Altos niveles de impunidad

Con esta reforma, se busca establecer bases legales comunes que permitan una respuesta más eficaz a nivel nacional.

PROCESO LEGISLATIVO

Tras su aprobación en el Congreso local, el dictamen seguirá su curso institucional:

  • Elaboración del decreto correspondiente
  • Envío al Poder Ejecutivo estatal para su publicación
  • Remisión a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para efectos legales

¿POR QUÉ IMPORTA?

México enfrenta una crisis persistente de violencia de género, por lo que la homologación del delito de feminicidio es considerada un paso estructural para:

  • Evitar vacíos legales entre estados
  • Garantizar justicia con perspectiva de género
  • Fortalecer la protección de mujeres y niñas

La reforma apunta a unificar criterios y elevar la eficacia del sistema de justicia frente a uno de los delitos más graves en el país.

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