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DATOS Y OTROS DATOS

TLAXCALTECAS, CON ALTO SENTIMIENTO NACIONALISTA: ENCUESTA

Por Luis Romero

En Tlaxcala, 92% de los ciudadanos se dice orgulloso de ser mexicano, y 87%, de ser tlaxcalteca.

Así lo revela una encuesta publicada por El Financiero realizada en las 32 entidades federativas del país para medir el grado de nacionalismo en México.

Según esta medición, Tlaxcala comparte con Quintana Roo la proporción de ciudadanos que se sienten muy orgullosos de ser mexicanos, con 92%, el quinto valor más alto, solo debajo de Jalisco, con 96%; Chihuahua, Baja California, Colima y Yucatán con 95%, respectivamente; Durango, Nayarit y Tamaulipas, con 94%, y Sinaloa y Sonora, con 93%.

A nivel nacional, el promedio de entrevistados que dijo sentir mucho orgullo de ser mexicano alcanzó 91 por ciento, lo que implica que nueve de cada diez mexicanos se sienten muy orgullosos de su nacionalidad.

Por otra parte, 87% de los tlaxcaltecas expresó sentirse muy orgulloso de ser de su estado, también el quinto valor más alto, detrás de Yucatán (96%), Sonora (90%); Oaxaca, Jalisco y Sinaloa (89%), y Nayarit (88%).

En este sentido, el promedio de entrevistados en las 32 entidades federativas que dijo sentir mucho orgullo de su estado es de 82 por ciento.

La entidad donde menos orgullo nacional se registró fue la Ciudad de México, con un 86% de entrevistados que siente mucho orgullo de su nacionalidad, mientras que las entidades donde menos orgullo local se expresa son el Estado de México y la Ciudad de México, con apenas 65% y 68% de entrevistados que dicen sentirse muy orgullosos de su identidad local.

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DATOS Y OTROS DATOS

GOBERNARTE COLOCA A ANA LILIA RIVERA AL FRENTE DE LAS PREFERENCIAS RUMBO A 2027, CON 41.5%

LUIS ROMERO

Ana Lilia Rivera Rivera encabeza las preferencias electorales para la gubernatura de Tlaxcala en 2027, con 41.5%, de acuerdo con la encuesta de noviembre difundida por GobernArte.

En el escenario general presentado por la empresa, la coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional supera por 27.7 puntos porcentuales a Miriam Martínez Sánchez, quien registra 13.8%.

En tercer lugar aparece la priista Anabell Ávalos Zempoalteca, con 12.7%, seguida de Danae Figueroa Martínez, de Movimiento Ciudadano, con 9.2%.

El 14.7% de las personas consultadas mencionó a otro perfil, mientras que 8.1% manifestó que todavía no decide.

La medición coloca a Rivera como la figura mejor posicionada entre los perfiles considerados por GobernArte, en un escenario que comienza a perfilar la competencia por la gubernatura del estado.

MORENA CONSERVA LA VENTAJA POR PARTIDO

Ante la pregunta de por cuál partido político votarían si hoy fueran las elecciones para gobernador o gobernadora de Tlaxcala, 44.8% respondió que lo haría por Morena.

El PRI aparece en segundo lugar con 12.1%, seguido de Movimiento Ciudadano, con 11.5%, y el PAN, con 9.8%.

Un dato relevante es que 21.8% de los encuestados respondió que no votaría por ninguno de los partidos considerados.

La diferencia entre Morena y su competidor más cercano, el PRI, es de 32.7 puntos porcentuales.

El resultado confirma la ventaja del partido gobernante en la intención de voto partidista registrada por este ejercicio, aunque el porcentaje de personas que rechazan las opciones presentadas también representa un segmento importante del electorado.

ANA LILIA, CON MAYOR DISPOSICIÓN DE VOTO QUE MIRIAM MARTÍNEZ

GobernArte también evaluó por separado la disposición de los participantes para votar por dos de los perfiles que actualmente tienen presencia en el escenario político estatal.

En el caso de Ana Lilia Rivera, 38.2% respondió que sí votaría por ella, 31.7% dijo que no lo haría y 30.1% no supo o no contestó.

Para Miriam Martínez Sánchez, coordinadora de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, 30.1% manifestó que sí votaría por ella; 27.4% respondió negativamente y 42.5% no supo o no contestó.

Así, Rivera obtiene una ventaja de 8.1 puntos porcentuales en la respuesta afirmativa.

Sin embargo, el porcentaje de indecisos o personas que no respondieron es mayor en el caso de Martínez, lo que indica que todavía existe un segmento amplio sin una postura definida.

ANABELL ÁVALOS ENCABEZA LAS PREFERENCIAS DEL PRI

En la medición interna del Partido Revolucionario Institucional, Anabell Ávalos Zempoalteca ocupa el primer lugar con 37.1%.

Enrique Padilla Sánchez registra 14.5%, mientras que 32.1% mencionó a otro perfil y 16.3% señaló que todavía no decide.

La ventaja de Ávalos sobre Padilla es de 22.6 puntos porcentuales.

El resultado la coloca como el perfil priista mejor posicionado entre las opciones evaluadas por la encuestadora.

DANAE FIGUEROA LIDERA UNA COMPETENCIA CERRADA EN MC

En Movimiento Ciudadano, Danae Figueroa Martínez encabeza la medición interna con 18.5%.

Muy cerca aparecen Refugio Rivas Corona, con 17.4%, y Mariana Jiménez Zamora, con 16.1%.

La diferencia entre el primer y tercer lugar es de apenas 2.4 puntos porcentuales, por lo que el ejercicio muestra una competencia cerrada entre los tres perfiles.

Además, 26.4% respondió que preferiría a otra persona y 21.6% manifestó que todavía no decide.

METODOLOGÍA

De acuerdo con la información proporcionada por GobernArte, el levantamiento se realizó del 6 al 11 de noviembre de 2026, entre personas mayores de edad residentes en Tlaxcala y con credencial de elector vigente.

La muestra estuvo integrada por 500 encuestas, con un nivel de confianza de 95% y un margen de error estimado de entre 2.5% y 3.7%.

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DATOS Y OTROS DATOS

CONAGUA DICE QUE HAY 95% DE AVANCE EN OBRAS DEL ATOYAC; COMUNIDADES CUESTIONAN SI REALMENTE FRENARÁN LA CONTAMINACIÓN

LUIS ROMERO

La infraestructura para el saneamiento del río Atoyac en Tlaxcala y Puebla registra más de 95 por ciento de avance, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Sin embargo, para las comunidades y organizaciones que durante décadas han denunciado la contaminación de la cuenca, construir plantas de tratamiento y retirar toneladas de basura no significa necesariamente que el río esté recuperándose.

La diferencia entre ambos planteamientos expone uno de los principales desafíos del proyecto federal: demostrar que los recursos destinados a la infraestructura se traducen en una reducción efectiva de contaminantes, protección de la salud y reparación de los daños ambientales acumulados en la Cuenca del Alto Atoyac (CAA).

La Conagua informó que la primera etapa de los planes maestros de saneamiento en Puebla y Tlaxcala contempla una inversión cercana a 535 millones de pesos, destinada a plantas de tratamiento, colectores, infraestructura de vigilancia, desazolve y jornadas de limpieza.

OBRAS CASI TERMINADAS, PERO FALTA DEMOSTRAR CUÁNTO SE HA SANEADO

Entre los trabajos reportados por la dependencia federal se encuentra la reingeniería de las plantas de tratamiento de aguas residuales de Acopinalco y Tecomalucan, en Tlaxcala, que superan 95 por ciento de avance y beneficiarán, de acuerdo con las proyecciones oficiales, a más de 10 mil 500 personas.

En Tlaxco, la reingeniería de la planta registra más de 85 por ciento, mientras que la línea de conducción de agua tratada y el humedal integrado al proyecto superan 95 por ciento.

También se construyen colectores en Tlaxco, Atlangatepec, Tecomalucan y Acopinalco, así como en Tlahuapan y San Matías Tlalancaleca, Puebla. Estas obras representan una inversión cercana a 180 millones de pesos y buscan evitar que las aguas residuales lleguen directamente al río.

En octubre, autoridades estatales informaron que las tres plantas de tratamiento y sus colectores en Tlaxco representaban una inversión de 332 millones de pesos, con la expectativa de eliminar 346 descargas contaminantes y beneficiar a más de 45 mil habitantes.

El problema es que los porcentajes de avance físico no equivalen a resultados ambientales comprobados.

Una planta terminada todavía debe entrar en operación, contar con personal capacitado, recibir y tratar adecuadamente las aguas residuales y demostrar que el agua descargada cumple con los parámetros aplicables.

Tampoco basta con construir colectores si no se garantiza que las descargas industriales y municipales estén debidamente identificadas, controladas y sujetas a vigilancia.

COMUNIDADES CUESTIONAN EL ENFOQUE DEL PLAN

Las cifras de Conagua contrastan con el posicionamiento que hicieron público el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local y la Coordinadora por un Atoyac con Vida, junto con comunidades y organizaciones de la cuenca, a inicios del mes pasado.

En su pronunciamiento, los colectivos cuestionaron que el Gobierno federal presente los avances de infraestructura como una estrategia suficiente para recuperar el río, mientras no se atienden las causas estructurales de la contaminación ni se incorpora de manera efectiva a las comunidades en las decisiones.

Las organizaciones sostienen que las plantas de tratamiento, por sí solas, no resuelven la presencia de sustancias tóxicas provenientes de procesos industriales y advierten que el saneamiento debe incluir prevención de la contaminación, atención médica y reparación del daño ambiental.

Uno de sus argumentos centrales es que la inversión pública debe acompañarse de controles más estrictos sobre las industrias que generan descargas contaminantes, además de mecanismos de participación comunitaria en el diseño, ejecución y evaluación de los proyectos.

También recuperan observaciones del relator especial de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos A. Orellana, quien ha advertido sobre las limitaciones de construir plantas de tratamiento cuando no se atiende la carga tóxica industrial.

JORNADAS DE LIMPIEZA: ¿PARTICIPACIÓN CIUDADANA O RIESGO SANITARIO?

Otro aspecto cuestionado por las organizaciones es la promoción de jornadas de limpieza en ríos y zonas contaminadas.

La Conagua reportó la realización de 121 jornadas en las que participaron más de 22 mil 300 personas. Según sus cifras, fueron retiradas más de 2 mil 900 toneladas de basura, 5 mil 150 metros cúbicos de cascajo y casi 6 mil 50 llantas, además de eliminarse 364 tiraderos de residuos y escombros.

Aunque el retiro de residuos sólidos puede mejorar las condiciones físicas de los cauces y sus márgenes, las organizaciones y comunidades involucradas e la recuperación del río Zahuapan-Atoyac advierten que estas actividades deben considerar los riesgos de exposición a sustancias tóxicas.

En su pronunciamiento, señalaron que durante la visita del relator Orellana a Tlaxcala se realizaron mediciones en un tramo del río y se identificaron concentraciones de benceno, cloruro de vinilo y clorobenceno que, según su interpretación de los resultados, superaban niveles de referencia de riesgo para las personas.

Por ello, cuestionaron que se convoque a habitantes y voluntarios a realizar labores de limpieza sin información suficiente sobre las condiciones sanitarias de los sitios intervenidos y sin medidas de protección adecuadas.

La advertencia coloca un asunto importante en la discusión: la participación social en la recuperación ambiental no debe implicar que las comunidades asuman riesgos que corresponden prevenir y controlar a las autoridades.

SEIS EXIGENCIAS PARA UNA VERDADERA JUSTICIA SOCIOAMBIENTAL

Las organizaciones plantearon que el saneamiento de la cuenca debe ir más allá de las obras y atender las condiciones que han deteriorado la calidad del agua, el suelo y el aire.

Entre sus principales exigencias destacan:

  • Reducir y eliminar la presencia de contaminantes industriales en agua, aire y suelo.
  • Evitar la remoción de sedimentos y vegetación de ríos y cuerpos de agua sin estudios previos que permitan identificar y manejar posibles sustancias tóxicas.
  • Garantizar atención médica a las personas afectadas por la contaminación.
  • Incorporar a las comunidades en el análisis y la toma de decisiones sobre los proyectos que intervienen sus territorios.
  • Frenar procesos de urbanización y transformación territorial que, desde su perspectiva, agravan los problemas socioambientales.
  • Proteger las formas de vida y los recursos naturales de la cuenca.

El posicionamiento también cuestiona que los proyectos se diseñen sin una participación comunitaria directa y vinculante, y reclama que el plan de saneamiento incluya una estrategia de salud pública para atender a la población expuesta a la contaminación.

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DATOS Y OTROS DATOS

¿LA MALINCHE NECESITA MÁS QUE DECOMISOS?: ALERTAN SOBRE LOS DESAFÍOS PARA PROTEGER SUS BOSQUES

LUIS ROMERO

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó el aseguramiento de 38 vehículos, más de 3 mil piezas de materia prima maderable y la detención de ocho personas por presuntos delitos ambientales en Tlaxcala, entre enero y octubre de 2026.

Los resultados fueron presentados por el titular de la dependencia, Alberto Martín Perea Marrufo, durante el Diálogo Circular de la Coordinación de Comunicación, donde explicó que los aseguramientos derivan de operativos de vigilancia y prevención contra actividades ilícitas relacionadas con los recursos forestales.

Las ocho personas detenidas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que la madera asegurada quedó bajo resguardo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

Sin embargo, aunque los decomisos representan acciones contra la extracción y el traslado ilegal de recursos forestales, las organizaciones ambientalistas advierten que la protección de los bosques requiere una estrategia que no se limite a los operativos policiales.

LA MATLALCUÉYETL ENFRENTA PROBLEMAS QUE VAN MÁS ALLÁ DE LA TALA CLANDESTINA

El Centro Fray Julián Garcés y otros colectivos sostienen que la conservación de los bosques de la Matlalcuéyetl exige atender de manera integral las condiciones que deterioran el ecosistema, entre ellas la tala inmoderada e ilegal, las plagas forestales y la falta de coordinación entre autoridades de Puebla y Tlaxcala.

Las agrupaciones consideran que problemas como el gusano descortezador y el muérdago deben atenderse mediante el diálogo entre las comunidades, especialistas y autoridades, reconociendo los conocimientos de quienes habitan y cuidan los territorios forestales.

Desde esta perspectiva, la vigilancia y el combate a los delitos ambientales son necesarios, pero no sustituyen una política de manejo forestal que permita prevenir el deterioro, recuperar las zonas afectadas y garantizar la conservación de la montaña.

CUESTIONAN PROYECTO ECOPARQUE TLALLI

Entre los señalamientos de las organizaciones también se encuentra el proyecto Ecoparque Tlalli, previsto del lado de Puebla, cuya ejecución consideran incompatible con la protección integral de la Matlalcuéyetl.

Los colectivos advierten que la montaña constituye un ecosistema compartido y que las intervenciones con impactos socioambientales en una de sus zonas pueden repercutir también en territorio tlaxcalteca.

Asimismo, denuncian que las diferencias normativas y jurisdiccionales entre Puebla y Tlaxcala han dificultado la protección coordinada de los bosques, por lo que demandan superar esas barreras e incorporar a los pueblos en las decisiones sobre el futuro de la montaña.

Su planteamiento es impulsar una política de cuidado integral de la Matlalcuéyetl, con participación comunitaria y asesoría de especialistas en materia social y ambiental.

DE LOS DECOMISOS A UNA POLÍTICA DE CONSERVACIÓN

Los resultados presentados por la SSC ofrecen un balance de las intervenciones realizadas contra actividades forestales ilícitas, pero no permiten conocer por sí mismos cuánto ha disminuido la tala clandestina, qué zonas concentran mayor incidencia o cuál es el estado actual de recuperación de los bosques afectados.

Tampoco se detalló cuántos de los vehículos asegurados estaban vinculados directamente con el transporte ilegal de madera, qué volumen representa la materia prima decomisada ni cuántas investigaciones derivaron en procesos judiciales.

Estos datos permitirían dimensionar el alcance de los operativos y evaluar sus resultados más allá del número de aseguramientos.

El desafío es especialmente relevante en la Matlalcuéyetl, donde la conservación depende de atender simultáneamente los delitos forestales, las condiciones sanitarias del bosque, las presiones sobre el territorio y la coordinación entre instituciones de ambas entidades.

Asegurar vehículos y madera permite combatir actividades ilegales; conservar la montaña exige, además, proteger el ecosistema y reconocer a las comunidades como parte fundamental de su cuidado.

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