LUIS ROMERO

Ante los cuestionamientos de medios de comunicación sobre la situación que enfrenta Morena a nivel nacional, particularmente por el caso relacionado con Sinaloa, el diputado federal Raymundo Vázquez Conchas reconoció que el caso no es sencillo, debido a las implicaciones legales de la medida solicitada por el gobierno de Estados Unidos.

El legislador subrayó que, en este tipo de situaciones, deben prevalecer el respeto a las leyes nacionales y los tratados internacionales en la materia, debido a que corresponde a un procedimiento de alta complejidad jurídica.

Ray Vázquez señaló que se trata de un hecho sin precedentes por su dimensión política y legal; sin embargo, expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que ha sido clara y firme en su postura, y que cuenta con la autoridad política y moral para conducir el caso.

Asimismo, enfatizó que tanto el gobierno mexicano como el de Estados Unidos, así como otras naciones involucradas, tienen la responsabilidad de salvaguardar la vida y los derechos de sus ciudadanos, en apego al derecho internacional.

Sobre el caso, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, explicó que es fundamental distinguir entre una solicitud formal de extradición y una solicitud de detención provisional con fines de extradición.

“En este caso, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no ha presentado una solicitud formal de extradición, sino únicamente una solicitud de detención provisional con fines de extradición”, precisó.

A petición de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la República determinó que no existen elementos suficientes que acrediten la urgencia de la solicitud, por lo que ésta carece de la debida fundamentación y se requiere información adicional del gobierno estadounidense antes de presentarla ante un juez mexicano.

Este criterio se encuentra respaldado por lo establecido en el artículo 16 de la Constitución mexicana, así como en los artículos 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Finalmente, Alcalde Luján recordó que, con el fin de garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que los procedimientos de extradición deben tramitarse bajo criterios de confidencialidad por parte de las autoridades requirentes.

LUIS ROMERO

El diputado federal por Tlaxcala, Raymundo Vázquez Conchas, respaldó el mensaje de la nueva presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, quien dejó en claro que dentro del movimiento “no habrá tapaderas”, una postura que calificó como necesaria y saludable en beneficio del país.

Durante su conferencia de prensa de los lunes, el legislador subrayó que esta definición marca una línea clara en la vida interna del partido, al priorizar la transparencia, la rendición de cuentas y la congruencia política como ejes rectores.

Asimismo, reconoció el desempeño de Luisa María Alcalde al frente de la dirigencia nacional, destacando su trabajo como “excepcional” y confiando en que mantendrá ese nivel de profesionalismo en su nueva responsabilidad dentro de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

Para Ray Vázquez, la llegada de Ariadna Montiel a la dirigencia representa un momento relevante para Morena, al considerar que los cambios fortalecen al partido, renuevan su dinámica interna y permiten consolidar su proyecto político rumbo a los próximos procesos electorales.

“Dejó en claro algo fundamental para la militancia, para los simpatizantes y para todo México: en el movimiento, como en el gobierno, no habrá tapaderas”, enfatizó.

En ese sentido, advirtió que, de cara al proceso electoral de 2027, no habrá espacio para aspirantes que, aun cuando encabecen encuestas, presenten vínculos o antecedentes relacionados con actos de corrupción.

“Quienes no cumplan con los principios del movimiento no podrán ser candidatos. Es una señal positiva, muy sana y recta”, puntualizó.

Finalmente, el legislador reiteró que esta postura fortalece la credibilidad de Morena y envía un mensaje claro de compromiso con la ética pública y la responsabilidad política frente a la ciudadanía.

LUIS ROMERO

La senadora Ana Lilia Rivera Rivera expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras la polémica generada por la solicitud del gobierno de Estados Unidos para la detención provisional con fines de extradición de diez ciudadanos mexicanos, entre ellos, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez.

“México es un país grandioso, con un pueblo extraordinario y trabajador. Además, tenemos una gran Presidenta. Por eso, respaldo plenamente su posición: verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional”, afirmó la legisladora.

¿QUÉ DETONÓ EL POSICIONAMIENTO?

El pronunciamiento ocurre luego de que la presidenta Sheinbaum fijara postura frente a la petición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que busca la detención provisional de diversos funcionarios, entre ellos el gobernador de Sinaloa, un senador y el alcalde de Culiacán.

La mandataria subrayó que el proceso debe apegarse a principios de legalidad, transparencia y defensa de la soberanía nacional.

MÉXICO REVISA SOLICITUDES DE EXTRADICIÓN

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el pasado 28 de abril recibió formalmente las solicitudes por parte del gobierno estadounidense.

De acuerdo con el procedimiento:

• La información fue turnada a la Fiscalía General de la República
• Se evaluará conforme a la Ley de Extradición Internacional
• Se determinará si existen elementos suficientes para proceder

SEÑALAN FALTA DE PRUEBAS EN SOLICITUDES

Tras una revisión preliminar, la Cancillería indicó que los documentos entregados por la Embajada de Estados Unidos no contienen, hasta ahora, pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad de las personas señaladas.

No obstante, será la Fiscalía quien determine:

• La validez jurídica de las solicitudes
• La existencia de elementos probatorios
• La viabilidad de las detenciones provisionales

RECLAMO DIPLOMÁTICO EN PUERTA

El gobierno mexicano también informó que enviará un extrañamiento a la Embajada estadounidense debido a la forma en que se hizo pública la información, al considerar que los tratados internacionales contemplan la confidencialidad en este tipo de procesos.

El caso abre un frente delicado en la relación bilateral México–Estados Unidos, al involucrar a actores políticos en funciones y poner a prueba:

• Los mecanismos de cooperación judicial
• El respeto a la soberanía nacional
• La solidez del sistema jurídico mexicano