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1. Morena va por todo rumbo a las elecciones de 2024.

Y su estrategia para apocar a la oposición es ir en paralelo con sus aliados, el PT y el PVEM, en los comicios federales venideros.

Cuando se daba por hecho una nueva edición de la coalición “Juntos haremos historia”, resultó que, para el oficialismo, es más conveniente que Morena y sus aliados vayan separados, a valores entendidos, por las diputaciones federales y las senadurías.

Ante el interés de la 4T de lograr mayorías legislativas que consoliden las reformas que convienen al régimen, la maquinaria electoral oficialista busca restar posibilidades al PRI, al PAN y al PRD, de ocupar escaños de mayoría y plurinominales en el Congreso de la Unión.

Y es que mientras la oposición no tiene más remedio que llegar unida a las campañas para ser competitiva, Morena se puede dar el lujo de prescindir de la alianza electoral, privilegiando la alianza política, para hacerse del control -y las decisiones- en las cámaras de Diputados y de Senadores.

Aprendiendo de las lecciones de los recientes procesos electorales y de las últimas integraciones de las legislaturas en el ámbito federal, Morena no quiere dejar nada al azar.

Por eso, el “Acuerdo por la Unidad para la Transformación” que la coordinadora nacional de la Defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum, encabezó en Tlaxcala, “amarró” a los dirigentes estatales del PANAL, el PAC, el PES y Fuerza por México, que están obligados a apoyar las decisiones de Morena, no solamente en las elecciones de Diputados Federales y Senadores, sino también de Diputados Locales, Ayuntamientos y Presidencias de Comunidad.

De cara al 2024, el PRI, el PAN y el PRD, están solos. Sus líderes dejaron de hacer el trabajo fino.

2. ¿Qué tienen en común Alfonso Sánchez García y Sergio González Hernández? Sí. Ambos integraron el gabinete de la gobernadora Lorena Cuéllar. También, ambos han manifestado su interés de formar parte de la fórmula al Senado de la República por Morena. Sin embargo, es aún más interesante que ambos hayan “cacareado” que se registraron en el proceso interno del Morena para lograr la nominación.

Y es interesante porque, al ofrecer evidencia de ello a través de sus redes sociales, quedan descartados para inscribirse a otros cargos de elección popular, dentro de las convocatorias de selección interna de candidaturas para el proceso electoral federal 2023-2024, en caso de no ver cumplidas sus aspiraciones.

La regla de Morena es clara en tal sentido, y el afán de protagonismo de ambos ex funcionarios estatales los llevó a quemar sus naves en el proceso interno de Morena. Otros aspirantes prefirieron guardar silencio al respecto, y seguramente usarán a su favor la discrecionalidad en dicho proceso para, eventualmente, negociar un Plan B, en caso de ser necesario.

Hay que recordar que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena revisará las solicitudes de inscripción, y valorará y calificará los perfiles, pero solamente dará a conocer las que sí son procedentes hasta enero de 2024. Es así que el partido de la 4T tendrá tiempo para conciliar intereses y evitar fracturas. Pero en el caso de aquellos que no cuidaron formas, únicamente les queda la de Jean Claude Van Damme: “Ganar o morir”.

3. Por cierto, la convocatoria al proceso de selección de morena para candidaturas al Senado establece prohibiciones a diversos funcionarios y representantes para participar en actividades de apoyo y/o propagandísticas relacionadas con este proceso a favor o en contra de cualquier participante.

Por ello, no deben expresar sus preferencias, y tiene que abstenerse de hacer pactos con facciones afines, para mantener una estricta imparcialidad durante el proceso.

La restricción incluye al Presidente de la República y a los titulares de su gabinete legal y ampliado, así como a los gobernadores y los integrantes de sus respectivos gabinetes, y a los alcaldes y presidentes municipales y sus colaboradores de primer nivel.

Pero también a los coordinadores de las bancadas legislativas federales y estatales de Morena, a los directivos de todos los cuerpos legislativos federal y estatales, y a toda persona con un cargo de dirigencia nacional o estatal de Morena, así como las y los integrantes de sus comisiones de Elecciones y de Encuestas.

Menos mal que le informaron de ello a la también Presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso local, que parecía tentada a usar sus redes sociales para promover al aspirante a Senador de su preferencia. Un riesgo de impugnación menos para el “arquitecto”, quien debería salir a aclarar que sí tomó los cursos de formación requeridos para inscribirse en el proceso interno.

4. Mientras a la dirigente estatal del PRI, Anabell Ávalos Zempoalteca, le resultó más cómodo cuestionar políticamente la designación del morelense Luis Antonio Ramírez Hernández como titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), un particular se animó a promover un recurso legal contra esta decisión de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

Sí. Políticamente, se puede criticar la reforma constitucional a modo para quitar el requisito de ser tlaxcalteca y tener una residencia mínima de siete años en la entidad. También, que el ex titular de Medio Ambiente sea “ahijado” de la mandataria estatal.

Pero legalmente, se puede combatir la designación, ya que hay indicios que suponen violaciones a principios constitucionales que le impedirían, no únicamente ser Secretario de Gobierno, sino también servidor público, pues es deudor alimentario.

Por ese motivo, ya hay una demanda de amparo ante la justicia federal. Al final, los ciudadanos terminan haciendo lo que los partidos políticos dejan de hacer por incongruentes, y su juicio también es implacable.

Si no, pregúntenle a la ahora diputada independiente Lorena Ruiz García, quien recientemente presentó su informe de actividades legislativas, presumiendo un trabajo a favor de los derechos de las mujeres y de garantizarles una vida libre de violencia, pero no se pronunció en tribuna por el nombramiento de Ramírez Hernández, pese a los señalamientos en su contra.

Era previsible que las activistas promotoras de la Ley 3de3 contra la violencia de las mujeres encontrarían el momento y el lugar para echarle en cara a la aún Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso local que su discurso no se traduce en hechos, y que es cómplice de un sistema complaciente con los “violentadores” incrustados en espacios de poder.

Ahí está el caso de la propia diputada Alejandra Ramírez Ortiz, suspendida de sus actividades académicas en la UAT por agredir a la ex pareja de su esposo, pero victimizada a sí misma por la consecuente crítica mediática y social que mereció su actuar. Lorena Ruiz prefirió reconocer en redes sociales a su par, antes que fijar postura ante los penosos hechos que dan sentido a la percepción de que los políticos se sirven del poder en total impunidad.

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1. En el equipo de Alfonso Sánchez García abrieron la billetera para apuntalar su postulación como candidato de Morena al Senado de la República por el Estado de Tlaxcala.

Entrevistas que se llevan la portada de publicaciones, comentarios positivos en espacios de opinión, pintas en bardas y accidentes geográficos, y hasta espectaculares, tratan de poner la imagen del ex secretario de Infraestructura en el ánimo ciudadano.

Debe llamar la atención que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CMIC, está metiendo las manos en el proceso interno de Morena al publicitar en su revista institucional al arquitecto de profesión.

Sánchez García ya no es responsable de la política de infraestructura en el estado; sin embargo, es presentado como tal en el órgano de difusión oficial de la Cámara que, supuestamente, representa los intereses de los industriales de la construcción.

Mientras los contrincantes del ex funcionario estatal analizan la posibilidad de señalar tal situación ante las instancias del partido, las autoridades electorales bien harían también en establecer medidas para impedir la inequidad en el proceso electoral a consecuencia de la inyección de capital privado en las campañas.

2. El proceso interno de Morena sigue dando de qué hablar, pues se teme que sea una mera simulación.

Si al partido le corresponderá valorar y calificar los perfiles de las personas que solicitaron su inscripción para ser registrados al proceso de selección para elegir a las y los candidatos a Diputados federales y Senadores, ¿no estamos en la antesala del “dedazo”? Eso es lo que se empiezan a cuestionar los aspirantes que solicitaron su inscripción, pero escapan a la órbita de los grupos de poder en la llamada 4T.

Según la convocatoria, la Comisión Nacional de Elecciones aprobará, en su caso, hasta un máximo de cuatro registros por candidatura que participarán en las siguientes etapas del proceso. Y para ello, someterá a un estudio demoscópico a los aspirantes finalistas, realizada por la Comisión de Encuestas, que podrá contar con dos encuestas espejo realizadas por empresas de reconocido prestigio, para determinar la persona idónea y mejor posicionada para representar a Morena en la candidatura correspondiente.

Si se supone que el resultado de dicho estudio de opinión tendrá carácter inapelable, ¿qué pasará con los empeños de las y los aspirantes no favorecidos? Este es un tema que, de no operarse políticamente, podría generar fracturas de cara a las campañas electorales.

Tal vez por eso la ratificación de las candidaturas de mayoría relativa se hará hasta el día 24 de enero de 2024, y a más tardar el 31 de enero, para aquellas por el principio de representación proporcional. Tres meses para conciliar intereses “en lo oscurito” no está mal para los dirigentes del partido.

3. Se sabe que la prohibición del Ejecutivo para que las y los alcaldes participaran en el proceso interno de Morena para definir candidaturas a cargos federales también alcanzó a las y los Consejeros Estatales del partido.

A puerta cerrada, se trató de convenir que concluyeran sus respectivos periodos, sin descartar que, una vez culminado el proceso electoral, pudieran encontrar acomodo dentro de la estructura del gobierno estatal.

Sin embargo, ahora se sabe que no todos atendieron la instrucción, o que, en el peor de los casos, algunos tuvieron permiso para inscribirse.

Situaciones que esta demuestran que, aunque lo nieguen, en Morena hay militantes y simpatizantes de primera y de segunda, porque los privilegios existen y los intereses de grupo prevalecen por encima de los principios estatutarios.

4. Por fin, la oposición dentro y fuera del Congreso del Estado decidió manifestar su posición respecto al nombramiento del morelense Luis Antonio Ramírez Hernández como Secretario de Gobierno.

En conferencia de prensa, la dirigente estatal del PRI, Anabell Ávalos Zempoalteca; y en tribuna, la diputada priista Blanca Águila Lima, cuestionaron los efectos de la reforma al artículo 67 de la constitucional estatal.

La Presidenta del Comité Directivo Estatal del tricolor consideró una falta de reconocimiento, y hasta de respeto, a las y los tlaxcaltecas que apoyaron el proyecto de Lorena Cuéllar y que tendrían la capacidad y el mérito para ocupar esa posición, la cual, ahora, está en manos de su ahijado.

Por su parte, la legisladora local advirtió que, si bien el Congreso aprobó la reforma que eliminó el requisito de ser tlaxcalteca y tener siete años de residencia en la entidad, no avaló el nombramiento de un personaje señalado por ser deudor alimentario, agresor, e integrante de un grupo político que trabaja para hacerse del poder en Morelos.

En sus respectivas deliberaciones, ambas políticas concluyeron con una interesante pregunta: ¿qué le debe la mandataria estatal a Ramírez Hernández -o a su grupo político- como para comprometer la imagen y el prestigio de su gobierno al designar a un personaje severamente criticado?

El grave precedente que se está sentando, al defender a ultranza un nombramiento desafortunado, hace patente que la voluntad de la gobernadora que se dice la más votada de la historia no tiene límites éticos ni morales, lo que, sin duda, es preocupante, en la antesala de las elecciones que marcarán el rumbo de Tlaxcala de cara al 2027.

JOSÉ RAMÍREZ

Lo que bien se aprende nunca se olvida. Y si se olvida, no se aprendió.

Dice el Proyecto de Nación 2024-2030 que, “en cualquier lucha por la transformación política, los medios de comunicación tienen un papel relevante, ya sea como brazos de las oligarquías que buscan mantener el statu quo o como herramientas para la concientización popular”.

El documento titulado “Por la radicalización de la Cuarta Transformación desde las bases”, surgido de la Convención Nacional Morenista, advierte que, “durante la época neoliberal los medios de comunicación masiva fungieron como soldados del régimen y constituyeron el cerco informativo que difundió la campaña negra en contra de López Obrador en 2006, así como innumerables estrategias de estigmatización en contra de movilizaciones como la APPO, el movimiento estudiantil YoSoy132, el movimiento magisterial de la CNTE o las manifestaciones feministas, por citar sólo algunos ejemplos”.

Señala que “fue hasta el surgimiento y el uso masivo de las redes sociodigitales que comenzó a romperse el cerco informativo”.

Sin embargo, añade, “una política gubernamental de comunicación no puede depender de las grandes plataformas digitales como es Facebook, YouTube o Twitter; se necesita fortalecer los medios públicos y fomentar espacios de comunicación independientes como contrapesos a las grandes corporaciones mediáticas”.

Por ello, como parte de la ruta crítica en materia de “Medios de comunicación y cultura digital”, la Cuarta Transformación o 4T propone una “reforma profunda en materia de telecomunicaciones que limite los espacios de radiofrecuencia para los monopolios mediáticos y asegure una participación plena de los sectores público y social”.

Plantea la “formación popular en medios, distribución de infraestructura y formación para producir contenidos colectivamente mediante el saber hacer, asesoría legal y económica”, y “consolidar e incrementar el presupuesto al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano con el fin de establecer un potente canal de investigación y difusión mexicano de alcance internacional, con infraestructura para llegar a todo el país, a las regiones donde hay migrantes mexicanos en Estados Unidos y a todos los países de Latinoamérica”.

En consecuencia, busca “garantizar la creación de radios comunitarias”, “promover los derechos de las audiencias”, y “establecer radios culturales en todo el territorio nacional para información y para preservar, fortalecer y revitalizar las lenguas, cultura y saberes de las comunidades e intercambios entre los pueblos”.

Lo que bien se aprende nunca se olvida. Y si se olvida, no se aprendió.

La crítica surge por la decisión de la gobernadora morenista Lorena Cuéllar, por el arrendamiento de la frecuencia XHTLAX-FM 96.5 FM a la empresa GA Radiocomunicaciones, a partir del 29 de septiembre.

El 8 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, líder moral de la 4T, conoce en la “Mañanera” del contrato entre el Gobierno del Estado de Tlaxcala y el grupo de medios El Heraldo, y sugiere rectificar. Plantea que el titular del Sistema Público de Radiodifusión (SPR) -inconforme con la privatización-, la –“muy buena”– gobernadora y el arrendatario -que “no es conservador”-, disuelvan el contrato, para que Radio Altiplano siga a cargo de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala (Coracyt) con el apoyo del gobierno federal.

Sin mas pruebas que su palabra, la mandataria morenista afirma que el arrendamiento de Radio Altiplano a una empresa privada fue para evitar el cierre de la propia Coracyt, porque “estuvo a punto de perderse”. Incluso, sostiene que el presidente de México ya tenía un informe al respecto.

Lo que bien se aprende nunca se olvida. Y si se olvida, no se aprendió.

El 3 de noviembre, López Obrador manifiesta en su “Mañanera” que la denuncia sobre el manejo de Radio Altiplano tuvo efectos, ya que el SPR apoyará al Gobierno de Tlaxcala a recuperar el carácter público de la frecuencia FM local.

El jefe del Ejecutivo federal muestra interés en que una radio con tradición conserve su mirada cultural al servicio del pueblo, en congruencia con el ideario de la Convención Nacional Morenista.

Concede la palabra a Jesús Ramírez Cuevas, Vocero de la Presidencia, quien explica que se estableció contacto con el Gobierno del Estado de Tlaxcala y la empresa privada que maneja el grupo de medios El Heraldo, y que se acordó que el SPR diagnosticará la situación de Radio Altiplano para diseñar estrategias que beneficien a la población tlaxcalteca con contenidos culturales.

No se especifican los tiempos ni los procedimientos para cumplir el procedimiento.

Pero este 5 de noviembre, la gobernadora de Morena no quita el dedo del renglón, y apunta que, con inversiones privadas, se mantendrán activas las señales de los medios públicos en la entidad.

Lo que bien se aprende nunca se olvida. Y si se olvida, no se aprendió.