LUIS ROMERO

La decisión de adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026 al próximo 5 de junio desató una fuerte reacción de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), organización que acusó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) de actuar con improvisación y de sacrificar el aprendizaje de millones de estudiantes bajo argumentos “insuficientes” como las altas temperaturas y el Mundial de Futbol.

A través de un posicionamiento público, la UNPF calificó la medida como un “grave error” y advirtió que reducir entre cinco y siete semanas efectivas de clases profundizará el rezago educativo que enfrenta el país.

“La educación no puede seguir siendo la variable de ajuste”, reclamó la organización encabezada por Israel Sánchez Martínez, al sostener que México atraviesa una crisis de aprendizaje reflejada en evaluaciones nacionales e internacionales.

“QUITAR CLASES AGRAVARÁ EL REZAGO EDUCATIVO”

Uno de los principales señalamientos de la organización es que la reducción anticipada del calendario escolar impactará directamente en materias donde los estudiantes ya presentan serias deficiencias, como:

• Lectura
• Matemáticas
• Comprensión lectora

La UNPF sostuvo que las autoridades educativas conocen perfectamente las consecuencias de interrumpir largos periodos de aprendizaje, especialmente después de los efectos acumulados de la pandemia y otros ciclos escolares atípicos.

Además, criticaron que la supuesta estrategia para reforzar conocimientos durante agosto resulta insuficiente y no compensa la pérdida de semanas completas de instrucción frente a grupo.

“Es un golpe directo al derecho a la educación”, acusaron.

CRITICAN QUE EL MUNDIAL SEA USADO COMO ARGUMENTO

La organización también cuestionó que el Mundial de Futbol 2026 sea utilizado como una de las razones para modificar el calendario escolar nacional, pese a que el evento tendrá impacto directo únicamente en algunas ciudades sede.

Para los padres de familia, la decisión refleja improvisación y falta de planeación por parte de la SEP y de las autoridades educativas estatales.

“El sistema educativo no puede subordinarse a un evento deportivo”, señalaron.

La UNPF consideró además que el gobierno federal evita enfrentar el verdadero problema: la falta de infraestructura adecuada en miles de escuelas para soportar temporadas de calor extremo.

ACUSAN FALTA DE INVERSIÓN EN ESCUELAS

En su posicionamiento, la organización aseguró que las altas temperaturas no son una situación nueva y reprochó que, tras varios ciclos escolares afectados por el calor, continúen existiendo planteles sin ventilación adecuada, equipamiento básico o infraestructura suficiente.

Entre las alternativas que, aseguran, pudieron implementarse sin recortar clases, mencionaron:

• Horarios escalonados
• Suspensiones focalizadas por región
• Infraestructura temporal
• Apoyo tecnológico
• Equipamiento básico como ventiladores

“Lo que falta es voluntad y responsabilidad de las autoridades”, acusó la organización.

EXIGEN REVOCAR LA MEDIDA Y PUBLICAR ESTUDIOS TÉCNICOS

La Unión Nacional de Padres de Familia exigió a la SEP y al Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU):

1. Revocar el acuerdo que adelanta el cierre del ciclo escolar
2. Publicar el análisis técnico que justifique la decisión
3. Abrir comunicación real con padres y comunidades educativas
4. Garantizar el cumplimiento mínimo de días efectivos de clase

Asimismo, hizo un llamado nacional a madres y padres de familia para manifestar públicamente su rechazo a la medida.

El debate ocurre en un contexto donde especialistas y organismos educativos han alertado reiteradamente sobre los niveles de rezago académico en México, mientras persisten cuestionamientos sobre la capacidad del sistema educativo para recuperar aprendizajes perdidos en los últimos años.

LUIS ROMERO

La decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de las autoridades educativas estatales de adelantar el cierre del ciclo escolar al próximo 5 de junio encendió alertas entre especialistas y organizaciones civiles, al considerar que la medida podría profundizar el rezago educativo que arrastra el país desde la pandemia.

El acuerdo, tomado en el marco de la Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), reducirá en más de un mes el calendario originalmente previsto para concluir el 15 de julio, bajo el argumento de proteger a estudiantes y docentes de las olas de calor, además de ajustar actividades relacionadas con el Mundial de futbol.

Sin embargo, para diversas voces del sector educativo, la decisión refleja nuevamente la fragilidad del sistema escolar mexicano frente a crisis climáticas, problemas de infraestructura y falta de planeación de largo plazo.

MENOS DÍAS DE CLASES EN UN SISTEMA YA GOLPEADO

La organización civil Mexicanos Primero advirtió que reducir el tiempo efectivo de aprendizaje podría afectar principalmente a estudiantes que viven en condiciones de pobreza, violencia o exclusión social.

El señalamiento ocurre en un contexto donde el ciclo escolar 2025-2026 ya había acumulado múltiples interrupciones por:

• Paros magisteriales
• Inseguridad
• Crisis climáticas
• Suspensiones recurrentes de clases

Estados como Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Jalisco y Zacatecas han enfrentado cierres parciales o constantes de escuelas debido a conflictos sociales o condiciones de violencia.

A ello se suman entidades como Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, donde las altas temperaturas han evidenciado la falta de infraestructura adecuada en cientos de planteles.

EL CALOR EXHIBE EL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Más allá de la contingencia climática, especialistas consideran que la medida exhibe un problema estructural: miles de escuelas en México continúan sin condiciones mínimas para operar bajo temperaturas extremas.

En numerosos planteles persisten carencias como:

• Falta de ventilación
• Ausencia de aire acondicionado
• Escasez de agua potable
• Deficiencias eléctricas
• Infraestructura deteriorada

Esto ha obligado a gobiernos estatales a optar por recortes al calendario escolar en lugar de soluciones de fondo.

La preocupación aumenta porque, según datos citados por Mexicanos Primero, México podría quedar apenas con 157 días efectivos de clases, muy por debajo del promedio de 186 días en países miembros de la OCDE.

ADVIERTEN RIESGO DE MAYOR DESIGUALDAD EDUCATIVA

La organización sostuvo que el país todavía no logra recuperar plenamente las pérdidas de aprendizaje provocadas por la pandemia de COVID-19, particularmente entre estudiantes con menos recursos.

Por ello, llamó a autoridades y sociedad civil a evitar que el cierre anticipado del ciclo escolar se convierta en otro factor de desigualdad.

Entre las propuestas planteadas destacan:

• Permitir que estados con condiciones adecuadas mantengan actividades hasta julio
• Implementar estrategias de recuperación académica
• Fortalecer el acompañamiento docente
• Diseñar una estrategia nacional de nivelación educativa
• Generar apoyos para familias afectadas por el cierre anticipado

El debate también abre cuestionamientos sobre la capacidad del sistema educativo mexicano para responder a fenómenos climáticos cada vez más frecuentes, sin comprometer el derecho a aprender.

ENTRE LA EMERGENCIA Y LA IMPROVISACIÓN

Aunque autoridades sostienen que la decisión busca proteger la salud de estudiantes y docentes, el anuncio ha sido interpretado por distintos sectores como una medida reactiva frente a problemas que llevan años acumulándose en el sistema educativo nacional.

La discusión ya no solo gira en torno al calor o al calendario escolar, sino a la falta de condiciones estructurales que permitan garantizar clases seguras y continuas en miles de escuelas del país, Porque, como advirtió Mexicanos Primero, cada día sin clases también tiene consecuencias.

LUIS ROMERO

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, reveló que solicitó formalmente al gobierno de Estados Unidos declarar a Morena como organización terrorista, al acusar presuntos vínculos entre el partido oficialista y grupos del crimen organizado.

Acompañado por integrantes del grupo parlamentario priista en el Senado, legisladores federales y locales, así como miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, el también senador informó que la petición fue presentada ante el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Moreno Cárdenas sostuvo que existen elementos suficientes para acreditar una presunta relación de complicidad entre actores de Morena y organizaciones criminales, particularmente tras las recientes acusaciones e imputaciones relacionadas con funcionarios y políticos en entidades como Sinaloa, Baja California y Tamaulipas.

Durante una conferencia de prensa, el dirigente priista explicó que la legislación estadounidense, a través de la Ley Patriota y otras disposiciones federales, contempla la posibilidad de catalogar como organizaciones terroristas a grupos o estructuras vinculadas con actividades criminales que representen una amenaza para la seguridad.

Recordó además que, mediante órdenes ejecutivas emitidas en enero y febrero de 2025, el gobierno de Estados Unidos ya clasificó a diversos cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que —afirmó— abre la puerta a investigaciones más amplias sobre presuntas redes políticas de protección o colaboración.

El líder nacional del PRI aseguró que casos como el del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como señalamientos contra otros actores políticos, evidencian lo que calificó como un “pacto criminal” entre Morena y el crimen organizado.

Asimismo, mencionó presuntos señalamientos contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, relacionados —según dijo— con posibles esquemas de protección y lavado de dinero vinculados a grupos criminales.

Alejandro Moreno comparó el caso con el antecedente del partido español Batasuna, señalado en su momento por presuntos vínculos con la organización separatista ETA, y sostuvo que en México el crimen organizado no sólo ha ejercido violencia, sino que también habría intervenido en procesos electorales para favorecer a Morena.

El dirigente priista afirmó que desde las elecciones de 2018, 2021 y 2024 se registraron hechos de violencia política, coacción y presunta intervención del crimen organizado en favor del partido guinda.

Finalmente, responsabilizó al expresidente Andrés Manuel López Obrador de haber permitido una estrategia de tolerancia hacia grupos criminales, y aseguró que la violencia registrada en el país durante los últimos años es consecuencia directa de esa política.