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SUBCONTRATÓ UPTX SERVICIOS PARA SEDATU POR 178 MDP CON EMPRESAS FANTASMA, ARROJA AUDITORÍA

En 2017, durante la gestión de Narciso Xicohténcatl Rojas como rector, la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) incurrió en irregularidades financieras por 178.6 millones de pesos (mdp), derivado del incumplimiento de un Convenio General de Colaboración y tres Convenios de Colaboración Específicos, con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

De acuerdo con la auditoría 17-4-99064-12-1611-2018, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), subcontrató con empresas fantasma la prestación de los servicios que implicaban dichos convenios por un importe de 173.2 mdp, es decir, 96.9% del total pagado.

Además, esa cantidad excedió el 49% de los montos convenidos.

Los resultados y la evidencia de la revisión financiera advierten la triangulación de recursos en perjuicio del patrimonio del Estado, lo cual se ha informado a las autoridades competentes, como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría Fiscal y la Unidad de Inteligencia Financiera, para que actúen en consecuencia.

La UPTx no había sido auditada con anterioridad por la ASF; sin embargo, con el análisis de la información pública, se detectó que realizó operaciones en el marco de Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios.

Institución reprobada

LOS CONVENIOS

El día 16 de agosto de 2016, la UPTx signó con la SEDATU un Convenio General de Colaboración, para la difusión y aplicación de los conocimientos científicos y técnicos en la implementación de proyectos y acciones en materia de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Su objetivo, fue “establecer los términos y condiciones para la prestación de los servicios en materia de ordenamiento territorial, desarrollo regional, urbano y metropolitano, propiedad rural y desarrollo agrario”.

Derivado de ello, el 22 de septiembre de ese año se firmó un Primer Convenio de Colaboración Específico para “analizar e identificar las áreas de oportunidad de los Programas Prioritarios de la SEDATU”, tanto en su definición y conceptualización, como en el modelo de operación y gestión de los mismos, y su alineación a las estrategias y necesidades nacionales en la materia.

Posteriormente, el 12 de octubre, se suscribió el Segundo Convenio de Colaboración Específico, para el “llevar a cabo el Programa de educación cívica para el desarrollo y aprovechamiento de espacios públicos en los estados de Puebla y Tlaxcala”.

Y el 25 de octubre, se concretó el Tercer Convenio de Colaboración Específico, para “analizar los programas, políticas, antecedentes y su progreso a nivel Nacional e Internacional respecto a una vivienda digna para la población mexicana”.

La UPTx presentó a la SEDATU nueve Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).

LAS IRREGULARIDADES

La revisión financiera, que forma parte del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, indica que la UPTx no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios del Sector Público (LAASSP), y su Reglamento.

La institución educativa delegó a terceros el 100.0% de la prestación de los servicios que derivaron de los convenios suscritos con la SEDATU, pues no hay evidencia de su participación en la integración de los entregables presentados.

Incluso, un proveedor manifestó que todo el trato, en lo referente a la ejecución y entrega de los trabajos, fue realizado directamente con la SEDATU, y que la Universidad sólo fungió como pagadora.

Además, la UPTx no proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa de la aplicación 5.4 mdp por los recursos recibidos en el ejercicio de 2017.

EMPRESAS FANTASMA

La UPTx suscribió contratos con empresas que no fueron localizadas en los domicilios declarados; al menos tres Personas Morales Subcontratadas no fueron localizadas en sus domicilios fiscales, así como en los reportados en los CFDI –facturas electrónicas- y los estados de cuenta bancarios.

Asimismo, realizó el pago a una Persona Moral siete días antes de que se expidiera el CFDI correspondiente.

La auditoría identificó que la función de la Universidad en el desarrollo de los objetivos de los objetos de los Convenios de Colaboración Específicos y de sus respectivos Anexos de Ejecución, consistió únicamente en la contratación de las empresas y la de transferir los recursos a los proveedores.

MODUS OPERANDI

En los últimos años, reiteradamente, la ASF ha fiscalizado a las Universidades y Organismos Públicos estatales, descubriendo un ambiente de opacidad e irregularidades en las operaciones realizadas al amparo de contratos y convenios celebrados con Entidades Federales, bajo el esquema que permite el Artículo 1 de la LAASSP.

Asimismo, ha detectado que, aunque manifiestan contar con la capacidad técnica, material y humana para llevar a cabo los servicios encomendados, carecen de dichas características, por lo que subcontratan servicios con proveedores, que en la mayoría de los casos no presentan la justificación y materialización de los servicios prestados.

En los resultados de las auditorías que se han realizado con anterioridad, el órgano fiscalizador ha documentado en los contratos asignados bajo este esquema que, por un lado, las empresas subcontratadas emiten el comprobante fiscal de una presunta prestación de bienes o servicios y, en contraparte, la requirente, supuestamente lo recibe de conformidad.

Y aunque se observa que el comprobante fiscal cumple con todos los requisitos legales, avala una operación inexistente en la mayoría de los casos, aunado a que dichas empresas en lo general no cuentan con los activos, personal, infraestructura o capacidad para producir, comercializar o entregar los bienes.

Inclusive, algunos proveedores no fueron localizados en su domicilio fiscal reportado, y en ciertos casos se trata de nexos entre empresas, pues dichos domicilios también corresponden a otras personas morales donde los apoderados y representantes legales son los mismos, o se encuentran sancionados por el SAT.

Este esquema de desvío de recursos se ventiló a nivel nacional bajo el nombre de Estafa Maestra, que involucró a varias universidades públicas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, de las cuales 14 ya tienen denuncias penales.

La auditoría completa a la UPTx está disponible aquí: http://informe.asf.gob.mx/Entrega3/Documentos/Auditorias/2017_1611_d.pdf

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GOBIERNO Y AMBIENTALISTAS CHOCAN POR RESPONSABILIDADES EN LA CRISIS DE ACUITLAPILCO; PATOS VERDES ACUSA EVASIVAS

LUIS ROMERO

Tras la clausura simbólica de las oficinas de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado (Propaet), por parte de ambientalistas, la administración encabezada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros respondió que las descargas contaminantes a la Laguna de Acuitlapilco son competencia de autoridades federales y de los municipios, mientras que los ambientalistas acusaron al gobierno de utilizar argumentos jurídicos para evadir su responsabilidad política en la protección del ecosistema.

A través de un comunicado emitido por la Coordinación de Comunicación (CCOM), el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) y la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (PROPAET), sostuvo que desde 2023 desarrolla una estrategia integral para la recuperación de la Laguna de Acuitlapilco, integrada por cuatro etapas y coordinada entre autoridades federales, estatales, municipales y organizaciones sociales.

La administración estatal afirmó que las acciones se realizan “por instrucción de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros” y que las dependencias estatales actúan únicamente dentro del ámbito de sus atribuciones legales.

GOBIERNO DESLINDA COMPETENCIAS SOBRE LAS DESCARGAS

En su posicionamiento, el Ejecutivo estatal precisó que la inspección, suspensión o clausura de las descargas directas al cuerpo de agua corresponde al Gobierno Federal, debido a que la laguna es un cuerpo receptor nacional y forma parte de una zona federal.

Asimismo, recordó que los municipios de Tlaxcala, Tepeyanco y Santa Isabel Xiloxoxtla son responsables de operar los sistemas de drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales para evitar descargas sin saneamiento hacia la laguna.

El comunicado señala que:

  • La Comisión Nacional del Agua (Conagua) es la autoridad competente para autorizar o clausurar descargas en bienes nacionales.
  • La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tiene facultades de inspección y sanción ambiental.
  • La Fiscalía General de la República (FGR) investiga posibles delitos ambientales de competencia federal.

Bajo ese argumento, la SMA y la PROPAET sostuvieron que han ejercido las atribuciones que les confiere la legislación estatal, sin invadir competencias federales.

PATOS VERDES: «NO ESTAMOS CONFUNDIENDO COMPETENCIAS»

La respuesta oficial fue rechazada por la organización Patos Verdes A.C., que acusó al Gobierno del Estado de desviar el debate hacia cuestiones administrativas para evitar responder al fondo de las demandas ciudadanas.

La agrupación lamentó que, a través de la CCOM, encabezada por Antonio Martínez Velázquez, se pretenda minimizar el reclamo social.

«Nuestra manifestación pacífica en las instalaciones de la PROPAET no obedeció a un desconocimiento de las atribuciones de cada dependencia. Fue una acción política y ciudadana para exigir al Gobierno del Estado que asuma la responsabilidad que le corresponde en la protección del patrimonio ambiental de Tlaxcala», señalaron.

«TRASLADAR RESPONSABILIDADES NO RESUELVE LA CRISIS»

La organización recordó que la gobernadora Lorena Cuéllar ha firmado convenios y asumido compromisos públicos para atender la problemática de la Laguna de Acuitlapilco y otros conflictos ambientales.

Sin embargo, sostuvo que muchas de esas acciones permanecen incumplidas.

A juicio del colectivo, el problema no radica en determinar qué dependencia posee la competencia legal, sino en la falta de coordinación institucional para resolver una crisis ambiental que continúa agravándose.

«Mientras una institución señala a otra como responsable, las comunidades siguen enfrentando contaminación, pérdida de biodiversidad y afectaciones a su calidad de vida», afirmaron sus representantes.

EXIGEN LIDERAZGO DEL GOBIERNO ESTATAL

Patos Verdes insistió en que su demanda consiste en que el Gobierno del Estado coordine a todas las instituciones involucradas y garantice el cumplimiento de los compromisos asumidos.

«Las y los ciudadanos no estamos pidiendo que una dependencia haga lo que no le corresponde; estamos exigiendo que el Estado, en su conjunto, deje de trasladar responsabilidades y comience a resolver los problemas ambientales que afectan a Tlaxcala», apuntó.

La agrupación reiteró que continuará ejerciendo su derecho a la defensa del territorio mediante acciones pacíficas y organizadas.

EL CONFLICTO REBASA EL ASPECTO JURÍDICO

El intercambio de posicionamientos refleja que el diferendo ya no gira únicamente en torno a la contaminación de la Laguna de Acuitlapilco, sino también sobre quién debe asumir el liderazgo institucional para enfrentar el problema.

Mientras el Gobierno del Estado de Tlaxcala sostiene que existen límites legales derivados de la distribución de competencias entre niveles de gobierno, las organizaciones ambientalistas consideran que la administración estatal no puede escudarse en ese marco jurídico cuando ha asumido públicamente compromisos para rescatar el ecosistema y coordinar la política ambiental.

Así, más allá de las atribuciones legales, la controversia se centra en la capacidad de los distintos órdenes de gobierno para articular respuestas eficaces frente al deterioro ambiental de uno de los principales cuerpos de agua de la entidad.

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MUNICIPIOS Y COMUNIDAD

GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAXCALA REFUERZA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO EN ADOLESCENTES CON ACCIONES DE CONCIENTIZACIÓN

El Gobierno Municipal de Tlaxcala, que preside Alfonso Sánchez García, a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), llevó a cabo la conferencia “Prevención del Suicidio” en el Teatro Xicohténcatl dirigida a estudiantes de la Escuela Secundaria General “Presidente Juárez” y de la Escuela Secundaria Técnica 51, con el objetivo de generar conciencia y fortalecer la salud mental en las y los adolescentes.

Karina Yazmín Medel Madrid, directora del SMDIF Tlaxcala, dio la bienvenida y destacó que este tipo de actividades buscan fortalecer las redes de apoyo, reafirmar el compromiso con la vida y promover el bienestar emocional en las comunidades, asimismo, reconoció el respaldo del alcalde Alfonso Sánchez García por impulsar acciones orientadas a la construcción de una sociedad más consciente y solidaria.

Como parte del programa, José Joaquín Ceballos, presidente del Comité Nacional en Prevención del Suicidio (CONAPRESU), impartió la ponencia “Prevención de la ideación y comportamiento suicida en adolescentes”, en la que abordó las posibles causas y señales de alerta en personas con ideación suicida, interactuando de manera cercana con los estudiantes.

Tras su intervención, algunos alumnos decidieron compartir sus testimonios, generando un espacio de escucha y confianza que permitió visibilizar la importancia de expresar emociones y buscar apoyo.

Por su parte, Eufrosina Castillo Arroyo, coordinadora nacional de CONAPRESU, enfatizó la importancia de las redes de apoyo y la atención oportuna como factores clave en la prevención.

La jornada concluyó con la participación de Jesús y Roxana Roque, quienes, a través de un mensaje musical cargado de alegría, invitaron a las y a los asistentes a reflexionar sobre la importancia de la vida, generando un ambiente de convivencia, baile, entusiasmo y esperanza entre las y los adolescentes.

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CAPACITA GOBIERNO DE ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA A MUJERES VULNERABLES Y FORTALECE SU INDEPENDENCIA ECONÓMICA

Como parte de las acciones permanentes que impulsa el Gobierno de Alfonso Sánchez García para fortalecer la autonomía económica de mujeres en situación de vulnerabilidad, este viernes, en la sede del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), se llevó a cabo el curso de industrialización de frutas y hortalizas.

A nombre del alcalde de la capital, la directora del IMM, Lizbeth Briones Sánchez, destacó que esta capacitación forma parte del programa “Mujeres Emprendedoras”, implementado desde el inicio de la actual administración municipal, con el objetivo de dotar a las participantes de herramientas productivas que les permitan generar ingresos propios.

Precisó que la estrategia responde a una visión integral, ya que las mujeres que enfrentan contextos de violencia o carencias económicas requieren atención en distintas áreas, como la psicológica, jurídica y social, además del fortalecimiento de su independencia financiera.

“Se trata de acciones permanentes que se han venido consolidando. Este es un gobierno que escucha y resuelve, que atiende las necesidades reales de las mujeres y genera alternativas concretas para su desarrollo”, señaló la funcionaria municipal.

El curso consistió en dotar de técnicas de transformación de frutas y hortalizas en productos como mermeladas, néctares, licores, salmueras, vinagretas y salsas, lo que abre la posibilidad de emprendimientos a pequeña escala.

Actualmente participan 15 mujeres provenientes de diferentes comunidades, quienes acceden a esta capacitación de manera gratuita. El curso inició en febrero y concluirá en julio, como parte de una primera etapa, para posteriormente dar paso a un segundo módulo enfocado en el procesamiento de alimentos enriquecidos en soya.

Las beneficiarias son, en su mayoría, mujeres en situación de vulnerabilidad económica o que acuden al IMM en busca de atención psicológica o jurídica, y ahí conocen de estos cursos como una alternativa para su desarrollo personal y emocional.

Sobre el tema, una de las beneficiarias, Florebi Vázquez, agradeció el apoyo del presidente Alfonso Sánchez García para dirigir este tipo de cursos a las mujeres, quienes ahora cuentan con las herramientas para elaborar estos productos y prepararlos para su familia o ponerlos a la venta como una forma de ingreso económico.

Violeta Barias Márquez, otra de las beneficiarias, también agradeció la capacitación recibida, ya que eso le permite aprender una actividad productiva con lo que genera ahorros pues varios productos de consumo diario en su familia los elabora ella misma.

Con estas acciones, el Gobierno de Alfonso Sánchez García, que escucha y resuelve, brinda oportunidades reales para que las mujeres avancen hacia una vida con mayor independencia económica.

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