En 2017, durante la gestión de Narciso Xicohténcatl Rojas como rector, la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) incurrió en irregularidades financieras por 178.6 millones de pesos (mdp), derivado del incumplimiento de un Convenio General de Colaboración y tres Convenios de Colaboración Específicos, con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

De acuerdo con la auditoría 17-4-99064-12-1611-2018, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), subcontrató con empresas fantasma la prestación de los servicios que implicaban dichos convenios por un importe de 173.2 mdp, es decir, 96.9% del total pagado.

Además, esa cantidad excedió el 49% de los montos convenidos.

Los resultados y la evidencia de la revisión financiera advierten la triangulación de recursos en perjuicio del patrimonio del Estado, lo cual se ha informado a las autoridades competentes, como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría Fiscal y la Unidad de Inteligencia Financiera, para que actúen en consecuencia.

La UPTx no había sido auditada con anterioridad por la ASF; sin embargo, con el análisis de la información pública, se detectó que realizó operaciones en el marco de Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios.

LOS CONVENIOS

El día 16 de agosto de 2016, la UPTx signó con la SEDATU un Convenio General de Colaboración, para la difusión y aplicación de los conocimientos científicos y técnicos en la implementación de proyectos y acciones en materia de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Su objetivo, fue “establecer los términos y condiciones para la prestación de los servicios en materia de ordenamiento territorial, desarrollo regional, urbano y metropolitano, propiedad rural y desarrollo agrario”.

Derivado de ello, el 22 de septiembre de ese año se firmó un Primer Convenio de Colaboración Específico para “analizar e identificar las áreas de oportunidad de los Programas Prioritarios de la SEDATU”, tanto en su definición y conceptualización, como en el modelo de operación y gestión de los mismos, y su alineación a las estrategias y necesidades nacionales en la materia.

Posteriormente, el 12 de octubre, se suscribió el Segundo Convenio de Colaboración Específico, para el “llevar a cabo el Programa de educación cívica para el desarrollo y aprovechamiento de espacios públicos en los estados de Puebla y Tlaxcala”.

Y el 25 de octubre, se concretó el Tercer Convenio de Colaboración Específico, para “analizar los programas, políticas, antecedentes y su progreso a nivel Nacional e Internacional respecto a una vivienda digna para la población mexicana”.

La UPTx presentó a la SEDATU nueve Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).

LAS IRREGULARIDADES

La revisión financiera, que forma parte del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, indica que la UPTx no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios del Sector Público (LAASSP), y su Reglamento.

La institución educativa delegó a terceros el 100.0% de la prestación de los servicios que derivaron de los convenios suscritos con la SEDATU, pues no hay evidencia de su participación en la integración de los entregables presentados.

Incluso, un proveedor manifestó que todo el trato, en lo referente a la ejecución y entrega de los trabajos, fue realizado directamente con la SEDATU, y que la Universidad sólo fungió como pagadora.

Además, la UPTx no proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa de la aplicación 5.4 mdp por los recursos recibidos en el ejercicio de 2017.

EMPRESAS FANTASMA

La UPTx suscribió contratos con empresas que no fueron localizadas en los domicilios declarados; al menos tres Personas Morales Subcontratadas no fueron localizadas en sus domicilios fiscales, así como en los reportados en los CFDI –facturas electrónicas- y los estados de cuenta bancarios.

Asimismo, realizó el pago a una Persona Moral siete días antes de que se expidiera el CFDI correspondiente.

La auditoría identificó que la función de la Universidad en el desarrollo de los objetivos de los objetos de los Convenios de Colaboración Específicos y de sus respectivos Anexos de Ejecución, consistió únicamente en la contratación de las empresas y la de transferir los recursos a los proveedores.

MODUS OPERANDI

En los últimos años, reiteradamente, la ASF ha fiscalizado a las Universidades y Organismos Públicos estatales, descubriendo un ambiente de opacidad e irregularidades en las operaciones realizadas al amparo de contratos y convenios celebrados con Entidades Federales, bajo el esquema que permite el Artículo 1 de la LAASSP.

Asimismo, ha detectado que, aunque manifiestan contar con la capacidad técnica, material y humana para llevar a cabo los servicios encomendados, carecen de dichas características, por lo que subcontratan servicios con proveedores, que en la mayoría de los casos no presentan la justificación y materialización de los servicios prestados.

En los resultados de las auditorías que se han realizado con anterioridad, el órgano fiscalizador ha documentado en los contratos asignados bajo este esquema que, por un lado, las empresas subcontratadas emiten el comprobante fiscal de una presunta prestación de bienes o servicios y, en contraparte, la requirente, supuestamente lo recibe de conformidad.

Y aunque se observa que el comprobante fiscal cumple con todos los requisitos legales, avala una operación inexistente en la mayoría de los casos, aunado a que dichas empresas en lo general no cuentan con los activos, personal, infraestructura o capacidad para producir, comercializar o entregar los bienes.

Inclusive, algunos proveedores no fueron localizados en su domicilio fiscal reportado, y en ciertos casos se trata de nexos entre empresas, pues dichos domicilios también corresponden a otras personas morales donde los apoderados y representantes legales son los mismos, o se encuentran sancionados por el SAT.

Este esquema de desvío de recursos se ventiló a nivel nacional bajo el nombre de Estafa Maestra, que involucró a varias universidades públicas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, de las cuales 14 ya tienen denuncias penales.

La auditoría completa a la UPTx está disponible aquí: http://informe.asf.gob.mx/Entrega3/Documentos/Auditorias/2017_1611_d.pdf